Como parte del procedimiento abreviado al que se acogió Lenin Esteban Armijos, uno de los acusados dentro del caso Alianza, proceso penal que se investiga el delito de cohecho ocurrido en una supuesta trama de corrupción dada en la empresa pública Petroecuador, la Procuraduría General del Estado (PGE), acusadora particular en la causa, logra recuperar $ 125.000 impuestos como parte de la condena dada a Armijos.
Armijos, un abogado de profesión, admitió responsabilidad dentro de la trama por cohecho investigada y aceptó que Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador en el período presidencial de Rafael Correa, le entregó sobornos cuando ocupó el cargo de asesor legal de la gerencia de la empresa estatal de petróleos, entre el 2020 y el 2016. Al haberse acogido al procedimiento abreviado el abogado recibió una sentencia reducida de seis meses de cárcel.
Armijos y su condena por procedimiento abreviado:
En mayo de 2023, Armijos fue condenado luego de aceptar todas las acusaciones de la Fiscalía, que lo señala de ser uno de los funcionarios públicos que se benefició de las coimas entregadas alrededor del comercio internacional de crudo entre 2010 y 2020. Armijos fue el primer sentenciado de este caso.
El asesor tenía mucha cercanía con el entonces gerente Arias y dentro de la trama analizada habría tenido el rol de revisar las condiciones legales de los contratos, entre ellos para la compra de asfalto y diésel, y dar vía libre para que se suscriban.
Los 125.000 cancelados por Lenin Esteban Armijos corresponden al 50 % de la reparación material dispuesta en sentencia a favor del Estado ecuatoriano. “El 50 % restante deberá ser cancelado en enero de 2027 por lo que la PGE continuará las acciones que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, para garantizar el cumplimiento íntegro de las obligaciones establecidas en la sentencia”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
Dentro del procedimiento abreviado contra Armijos se habló de la entrega de sobornos por cerca de $ 250.000 provenientes de contratos de compra de asfalto y diésel y de la venta de petróleo a empresas estatales asiáticas, insumos que habrían terminado en poder de empresas intermediarias internacionales como Vitor, Gunvor Trafigura, entre otras.
En su momento, el abogado de Armijos, Joseph Sánchez Santamaría, manifestó que el juez que lleva la causa aceptó suspender la pena de cárcel de seis meses. El jurista afirmó que su cliente padece una enfermedad catastrófica y que ya estuvo preso durante 81 días por este mismo caso. Según él, por esta razón, Armijos debía estar encarcelado un poco más de tres meses adicionales para completar la condena impuesta.
Al suspenderse la pena y para completarla, Armijos debió cumplir otras medidas alternativas como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad judicial.
A finales de abril pasado, siete días le tomó a la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad de Patrimonio Ciudadano número 3 de la Fiscalía Provincial de Pichincha, para fundamentar el dictamen acusatorio que mantiene dentro del caso Alianza contra Nilsen Arias y otros 16 procesados más por cohecho.
Entre el 15 y el 28 de abril pasados, en audiencias no consecutivas, Proaño presentó su dictamen y anunció la prueba pericial, testimonial y documental que maneja para acusar a Arias, a los hermanos Antonio y Enrique Peré Icaza; a Raymond Kohut, exfuncionario canadiense de la transnacional Gunvor; y otros trece sospechosos de ser parte de una red de corrupción que habría operado en Petroecuador entre los años 2010 y 2020, con el fin de beneficiar a comercializadoras internacionales de petróleo a cambio de sobornos.
En la parte final del dictamen la fiscal, Proaño pidió al juez de Pichincha, Geovanny Freire, que llame a juicio a todos los sospechosos, a trece de los procesados, entre los que está Arias, como autores, y a otras tres en calidad de cómplices.
Esperando que la decisión sea emitir un auto de llamamiento a juicio, la Fiscalía anunció que presentará 122 testigos y peritos y 164 pruebas documentales para argumentar en la etapa de juzgamiento su teoría.
El proceso penal del caso Alianza arrancó en noviembre de 2022 con la formulación de cargos contra Galo Garzón, Miguel Palacios, Lenín Armijos y Andrés Racines, exadministrador de Contratos, exsubgerente Comercial de Operaciones, exasesor de la Gerencia y exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador, respectivamente; al exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Willam Vásconez, a Wilson Naranjo y Jorge Ponce.
Mientras que el 16 de febrero de 2023 fueron vinculados al caso Nilsen Arias, los hermanos Peré Icaza, Kohut, Mauricio Samaniego, Irma Romero, José Luis Moreno, Tomás Meneses Petrochelli, Mario Barrigon y Javier Aguilar.
La nueva fecha para reinstalar la audiencia preparatoria de juicio:
La PGE y Petroecuador son acusadoras particulares de los procesados, entre otras cosas, por supuestamente haberse asociado para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos.
La Fiscalía ubica a Arias como el líder de la red de corrupción que habría generado un cohecho de aproximadamente $ 22 millones. La acusación sostiene que los procesados que ocuparon un puesto en Petroecuador y en otras instancias públicas colaboraron de alguna forma con Nilsen Arias, para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados.
Lo que está pendiente dentro de la audiencia preparatoria de juicio desde el 28 de abril pasado es la intervención de las defensas de los acusados y el anuncio probatorio que hagan. Luego de dos diferimientos, el juez Freire aclara que por última ocasión convoca a los sujetos procesales del caso Alianza a la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio. La nueva fecha es el 14 de octubre próximo y se establece que la misma se pueda extender hasta el 30 de octubre.
Fuente: El Universo
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