La tarde de este martes, 15 de septiembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo 498 que dispone de estado de excepción y toque de queda en varias provincias de Ecuador.
En la primera parte del documento, el presidente dispuso la declaratoria de estado de excepción se incluyó a las provincias El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas; así como los cantones Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay; Las Naves, en Bolívar; y, La Maná, en Cotopaxi.
La declaratoria de estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días.
En esas provincias se suspenderán los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia.
A su vez, la medida de restricción de movilidad o toque de queda se incluye solo a las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, desde el 17 hasta el 30 de septiembre de 2026, en la franja horaria comprendida entre las 00:00 y las 05:00.
Dentro de esta regulación se exceptúan al personal de los establecimientos y servicios de salud que integran la Red Pública Integral de Salud y la Red Privada Complementaria, así como las fuerzas de seguridad, de las entidades complementarias de seguridad y de los servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.
Dentro del documento, Noboa dispone el empleo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional en las provincias bajo estado de excepción con el propósito de “restablecer y mantener el orden público, fortalecer la protección interna y garantizar la seguridad ciudadana, así como prevenir, contrarrestar, reducir y neutralizar las actividades criminales, violentas o delictivas que afecten el ejercicio de los derechos, libertades y garantías de la población”.
A la par, el primer mandatario dispuso la requisición temporal de los bienes y servicios de origen lícito que resulten estrictamente necesarios para dar continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad y que se cumplan los objetivos de la declaratoria siguiendo los derechos y las garantías de la población.
En las disposiciones generales del acuerdo, Noboa encargó la ejecución del Decreto Ejecutivo al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo coordinación de las entidades e instituciones competentes.
Fuente: El Universo
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