Carlos Bravo Hernández presentó tres impugnaciones contra Inés Romero, postulante número 18 al concurso para fiscal general, y pidió a la Comisión Ciudadana de Selección que la descalifique por considerar que no cumple con los requisitos de probidad e idoneidad.
Las impugnaciones
El primer cuestionamiento se relacionó con el despacho de causas durante su desempeño como jueza. Bravo mencionó procesos que, según expuso, habrían permanecido entre dos y cuatro años sin resolución y pidió que el Consejo de la Judicatura investigara esos hechos.
Romero respondió que la existencia de expedientes pendientes no demuestra por sí misma un retardo injustificado ni una infracción disciplinaria.
La postulante sostuvo además que la comisión puede analizar los cuestionamientos dentro del concurso, pero no determinar si existió una infracción disciplinaria ni asumir competencias jurisdiccionales.
Según Romero, esas actuaciones corresponden a los órganos competentes de la Función Judicial, por lo que pidió que este señalamiento sea desechado.
¿Qué pasó en el concurso de la Defensoría Pública y el caso Vocales?
El segundo cuestionamiento estuvo relacionado con su participación en un concurso vinculado con la Defensoría Pública y con un informe elaborado en 2018 por el entonces Consejo de la Judicatura de Transición.
Bravo citó señalamientos sobre su actuación durante el denominado 30-S. Romero respondió que la impugnación incluyó notas periodísticas que, a su criterio, no constituyen pruebas judiciales ni acreditan las acusaciones planteadas.
El tercer señalamiento correspondió al denominado caso Vocales. Bravo preguntó por qué Romero no denunció inmediatamente ante la Fiscalía el contenido de un audio relacionado con una reunión que, según la investigación, habría estado vinculada con un presunto tráfico de influencias.
La postulante aseguró que entregó el dispositivo a la Fiscalía bajo cadena de custodia y que los documentos del proceso acreditan esa actuación. También señaló que intervino como testigo protegida y no como procesada.
Romero, además, cuestionó al impugnante y afirmó que existía un conflicto de intereses y una “obsesión” con su persona, aunque dijo desconocer quién podía estar detrás de sus acciones.
Al finalizar su intervención, pidió que las tres impugnaciones sean desechadas y que se le permita continuar en el concurso al considerar que no se ha demostrado una falta de probidad.
Desarrollo de las audiencias
Durante la diligencia, la presidenta de la comisión, Cynthia Jacho, señaló que las intervenciones debían centrarse en hechos y argumentos y no convertirse en espacios de confrontación personal. También advirtió que, de ser necesario, solicitaría que quienes alteraran el orden abandonaran la sala.
Jacho indicó que la comisión garantizará el debido proceso y que, una vez finalizadas todas las audiencias públicas, los comisionados analizarán los argumentos presentados y adoptarán las decisiones correspondientes mediante resoluciones motivadas.
Radio Pichincha
LV