Este lunes 14 de septiembre, a las 14:00, la jueza de Pichincha Viviana Campaña instalará la audiencia en la que la Fiscalía prevé formular cargos contra la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, por presunto tráfico de influencias. El fiscal Cristian Camacho Ortiz, de la Unidad de Fe Pública número 6, solicitó la diligencia el 24 de agosto de 2026.
La Fiscalía inició una investigación previa en la que también constaba Margarita Carranco. Durante esa etapa, la Fiscalía recopiló elementos que, según su solicitud, permiten presumir la participación de Goyes como autora o cómplice del delito investigado.
Con esos elementos, la Fiscalía pidió que la exvocal enfrente la formulación de cargos. Por ahora, ella figura como la única persona procesada en esta causa.
Goyes ingresó al pleno de la Judicatura en febrero de 2024, después de renunciar a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, cargo que ocupó desde octubre de 2019.
En la vocalía reemplazó a Xavier Muñoz, quien renunció mientras enfrentaba un proceso por el caso Independencia Judicial. Goyes permaneció como vocal hasta septiembre de 2025.
Un juicio político que no terminó en censura
Durante su paso por la Judicatura, Goyes también enfrentó un juicio político promovido por el entonces asambleísta Fernando Jaramillo.
El legislador cuestionó su ausencia en una sesión del organismo en la que debía analizarse el reglamento para crear judicaturas y jueces especializados en materia constitucional.
Según el argumento presentado en la Asamblea, Goyes tampoco asistió a cuatro convocatorias posteriores para reinstalar esa sesión.
El 12 de agosto de 2025, la Asamblea votó la moción de censura y destitución, pero no alcanzó los votos necesarios. La propuesta obtuvo 75 votos favorables frente a los 101 requeridos para la mayoría calificada.
Meses después, el actual pleno de la Judicatura volvió a referirse a las ausencias de Goyes al analizar la prescripción de 23 expedientes disciplinarios.
Lo que respondió Goyes
El 22 de junio de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió enviar copias certificadas de los 23 expedientes disciplinarios a la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado.
La actual administración del organismo a cargo de Mercedes Caicedo tomó esta medida para que las autoridades competentes investiguen y determinen eventuales responsabilidades penales o políticas, dado que los sumarios involucran a exservidores judiciales vinculados a las redes de corrupción de los casos Metástasis y Purga.
La intervención de la Judicatura ocurrió tras constatar que estos 23 procesos prescribieron originalmente en julio de 2025 bajo la gestión de las anteriores autoridades de la institución.
Según los informes oficiales, la caducidad de 20 de los expedientes se produjo debido a la imposibilidad de instalar las sesiones del Pleno por la falta de quorum, generada por la ausencia médica justificada de una exvocal, mientras que los tres restantes se extinguieron por falta de gestión oportuna.
En junio de 2026, durante un diálogo con Radio Pichincha, Goyes rechazó tener responsabilidad en esas prescripciones y atribuyó el problema al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La exvocal sostuvo que la falta de designación de titulares y suplentes dejó al organismo con tres de sus cinco integrantes y afectó el funcionamiento del Pleno.
Radio Pichincha
LV