Durante meses, los argentinos habían observado el semblante severo de aquel hombre de frente amplia, cabello engominado, bigote espeso y gafas de pasta gruesa, como tallado en piedra. Todos conocían a Julio César Strassera, el fiscal del Juicio a las Juntas Militares. A las 15:20 del miércoles 11 de septiembre de 1985, con el mismo gesto adusto, ajustó sus anteojos y comenzó a leer, con voz firme, un discurso que culminaría una semana después y se convertiría en una de las piezas oratorias más poderosas de la historia argentina.
“La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y fácticas tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir, a los largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país”, comenzó.
Ese miércoles, feriado escolar por el Día del Maestro, trajo tres noticias que acaparaban la atención: el envío al Congreso del proyecto de ley de obras sociales del gobierno de Raúl Alfonsín, el fin del paro de camioneros y el pago del rescate por el empresario Osvaldo Sivak, aunque sus captores no lo liberaron. Sin embargo, desde temprano todas las miradas apuntaban al Palacio de Tribunales, donde se desarrollaba el juicio a los comandantes de las tres primeras juntas militares de la última dictadura.
El proceso había comenzado el 22 de abril y durante cuatro meses y medio la sociedad argentina se enteró, a través de las declaraciones de los testigos, de las atrocidades del Estado terrorista instaurado por las Fuerzas Armadas y sus socios civiles desde el golpe del 24 de marzo de 1976. Fueron cientos de testimonios de presos políticos, sobrevivientes de centros clandestinos y familiares de desaparecidos.
Siete de uniforme, dos de traje
Ese 11 de septiembre, día del inicio del alegato fiscal, también comenzó con dudas. La pregunta que muchos se hacían era: “¿Estarán o no estarán todos los excomandantes procesados?”. Los programas radiales matutinos especulaban más sobre su presencia que sobre el contenido del discurso de Strassera. “En los días previos a la acusación, las noticias hicieron eje en un pedido de Videla, que pretendía ser eximido de concurrir. La Cámara lo rechazó y quedó claro que veríamos por primera vez a los integrantes de las tres juntas genocidas uno al lado del otro. ¡Con uniforme militar o sin uniforme militar!”, escribió el periodista y abogado Pablo Llonto en su libro El juicio que no se vio. La “Cámara” era la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, que rotaban en la presidencia.
Hasta entonces, los nueve acusados nunca habían estado todos juntos en las audiencias. Alrededor de las tres de la tarde, la respuesta llegó cuando los vieron entrar a la sala colmada. Allí estaban todos: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya. Siete vestían uniformes militares; solo Videla y Galtieri optaron por trajes de civil. Videla lucía serio y cejijunto, Massera esbozó una sonrisa entre irónica y desafiante, Galtieri miraba desde alturas de un poder ya perdido, Viola casi no levantaba la cabeza y el resto mantenía silencio.
Una voz potente y una pluma magistral
Strassera había preparado a fondo el alegato con su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. Pocos sabían que el texto también recibió el aporte del dramaturgo Carlos Somigliana, empleado judicial de oficio. La sala quedó en silencio cuando el fiscal comenzó a leer. Tras el potente arranque, Strassera aceleró: “Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador”. Esa cifra correspondía solo a los casos recogidos por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), no a las 30.000 desapariciones forzadas reales.
El discurso señaló dos cuestiones centrales: la excepcionalidad del juicio y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en el plan sistemático de represión ilegal. Además, calificó los delitos de genocidio, una caracterización que abriría camino judicial. “Era un excelente inicio. Arlt lo hubiese llamado un cross a la mandíbula como efecto de escena y aplicado en uno de los momentos más esperados del juicio. Jurídicamente, en 1985, aún no podíamos apreciar nada relevante en aquella introducción; pero años después, la detección de la palabra ‘genocidio’ merece un paréntesis (…) La sola mención de ‘genocidio’ en causas de lesa humanidad, para la época del juicio y sin antecedentes internacionales, ya era un triunfo. Recién el 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, creado por las Naciones Unidas, condenó por genocidio al alcalde de la ciudad ruandesa de Taba”, analizó Llonto.
En una frase donde se notaba la mano de Somigliana, el fiscal propuso una fórmula democrática: que la justicia fuera el camino para dejar atrás la muerte y rescatar la vida. “Si de este modo logramos sustituir aquel fanático ‘viva la muerte’ de Millán Astray que reivindicaba su perversa doctrina por un ‘Viva la vida’ en rescate de los valores éticos sobre los cuales esta Nación fue fundada, habremos de darnos por satisfechos…”, leyó Strassera.
Una consigna que se hizo universal
Mientras el fiscal avanzaba, los excomandantes desde el banquillo mostraban actitudes variopintas: Videla y Agosti atentos; Lami Dozo reconcentrado; Viola cabizbajo; Massera oscilando entre labios apretados y sonrisa gardeliana. Mantuvieron esas posturas entre el 11 y el 18 de septiembre, días en que Strassera y Moreno Ocampo se turnaron para leer el alegato. La frase final, pronunciada por Strassera la tarde del miércoles 18 ante la sala colmada, quedó marcada en la historia: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”.
Al escucharla, la sala estalló. “En las dos bandejas superiores donde se encontraba el público nadie aguantó más. Era el momento para aplaudir y vivar a los fiscales. Era el momento para putear a los genocidas (…) Abajo, los genocidas se levantaron de sus asientos. Cuando se retiraba Viola como parte de la fila india que formaban todos los acusados, se lo vio mover los labios igual que cuando uno murmura ‘hijos de puta’. Videla, quien encabezaba la fila, detuvo la marcha, y así la de todos. Levantó la mirada hacia la tribuna, acomodó sus anteojos y movió la cabeza como quien maldice y promete acordarse de cada uno de ellos”, relata Llonto.
Condenas y absoluciones
Pasaron más de dos meses hasta que, el 9 de diciembre de 1985, los jueces de la Cámara Nacional dieron a conocer su fallo: Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta; Viola a 17 años de prisión; Lambruschini a 8 años; Agosti a 4 años y 6 meses. Los exjefes de la Fuerza Aérea Arturo Basilio Lami Dozo y Omar Domingo Rubens Graffigna fueron absueltos porque asumieron el mando después de que se cerrara el único centro de detención del arma. Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos por falta de pruebas de que personal a su cargo siguiera cometiendo delitos del sistema ilegal. Juicios posteriores, con nuevas pruebas, demostraron sus responsabilidades y también fueron condenados a perpetua.
Más allá de las críticas por las absoluciones, el Juicio a las Juntas dio un ejemplo al mundo: la democracia argentina sometió a los responsables de un genocidio ante un tribunal ordinario que aplicó leyes vigentes, no un tribunal especial. El alegato final de Julio César Strassera se transformó en una consigna grabada en la lucha global por los derechos humanos.
Fuente: Infobae