El Consejo de la Judicatura (CJ) reestructura el modelo de juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y delincuencia organizada. Como parte de esta reforma, se elimina el esquema de dependencias especializadas exclusivas, incluido el Tribunal Anticorrupción, y sus competencias pasan a ser asumidas por otros órganos jurisdiccionales.
La decisión se adopta en el marco de la Declaratoria de Emergencia de la Función Judicial. Según los informes técnicos, jurídicos y de planificación elaborados por el Consejo de la Judicatura, existía un desequilibrio en la distribución de la carga procesal entre los despachos especializados y los de la justicia penal ordinaria.
De acuerdo con datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatorian (Satje), durante un período de 12 meses el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes distribuidos entre nueve magistrados.
En contraste, otros despachos de la materia penal ordinaria, como los de la Corte Provincial de Pichincha, superaron el 100% de su capacidad operativa.
A este factor se suma la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro del sistema judicial. Varios de los juzgadores que formaban parte del esquema especializado anterior han sido vinculados a investigaciones por presuntos actos relacionados con corrupción y delincuencia organizada.
¿Cómo funcionaba el modelo anterior?
Hasta ahora, el juzgamiento de estos delitos estaba concentrado en un grupo reducido de 19 jueces especializados. Este esquema buscaba concentrar en determinados órganos judiciales las causas relacionadas con corrupción y delincuencia organizada.
Con la reestructuración aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, ese modelo cambia. Las competencias de las dependencias suprimidas serán asumidas por los jueces de la Unidad Judicial Penal Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha en casos de fuero.
De esta manera, el número de jueces habilitados para sustanciar este tipo de procesos se amplía a más de 50, con el objetivo de distribuir de mejor manera la carga procesal y aumentar la capacidad de respuesta de la justicia.
¿Qué pasará con las causas que ya están en trámite?
La eliminación del Tribunal Anticorrupción no significa que los procesos que ya se encuentran en trámite deban comenzar nuevamente. El Consejo de la Judicatura estableció reglas para garantizar la continuidad de las causas.
Los procesos que tengan audiencias ya instaladas o que se encuentren suspendidas continuarán bajo responsabilidad de los jueces que tenían asignado cada caso.
La medida también contempla una atención específica para los procesos de extinción de dominio, con el propósito de agilizar las causas orientadas a la recuperación de bienes de origen ilícito.
El Consejo de la Judicatura sostiene que la modificación busca pasar de un modelo concentrado en pocos juzgadores a uno con mayor capacidad operativa, mediante la redistribución de las competencias entre un número más amplio de jueces.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, defendió la decisión y señaló que frente a la corrupción y el crimen organizado se requiere “más capacidad de respuesta, mayor cantidad de juzgadores, más eficiencia y, sobre todo, cero impunidad”.
Radio Pichincha
LV