Las empresas Alvial Corp, Industria Agrícola Ganadera Kaeri, Constructora Inmob, Ecuabodegas y Transporte de Carga Pesada Transchul son parte del entramado de Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, y su familia, que habrían movilizado $ 95,8 millones sin los debidos justificativos, según indagaciones de la Fiscalía.
Esas personas jurídicas son parte de los sentenciados dentro del caso denominado Comandos de Frontera. La justicia dispuso su disolución, clausura, multa equivalente al triple del monto de los activos objeto del delito y comiso penal de sus bienes.
En la misma causa, alias Gerente, considerado por el Gobierno de Ecuador como presunto cabecilla de Comandos de Frontera, y otras trece personas naturales, entre esas sus dos hijos Kerly y Carlos, fueron declarados culpables y deberán cumplir con 13 años de prisión, mientras su tío Mentor Álvarez fue sentenciado a una pena de 10 años.
Además, se ratificó el estado de inocencia de Eysten Geobani S. P. y Mónica Lucía C. R.
Según la Fiscalía, las empresas sentenciadas habrían movido recursos económicos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico. En general, la red tuvo giros por $ 397′796.324,38 para el blanqueo de capitales.
Estas compañías, de acuerdo con la indagación, habrían operado como estructuras de fachada para aparentar actividades económicas lícitas y otorgar apariencia de legalidad a bienes adquiridos con los recursos sospechosos.
Según Fiscalía, los montos se habrían usado en la estratificación del delito de lavado de activos por medio de las cuentas bancarias del círculo familiar, entre ellos los hijos de Gerente, incluyendo a su esposa, Alba C., y las personas jurídicas. Incluso se dieron adquisiciones de bienes y cesiones de acciones sin los debidos sustentos.
Por ahora, el Gobierno de Ecuador tramita la extradición de alias Gerente, quien ya tiene otra sentencia dictada de manera oral por delincuencia organizada.
Compañía Alvial-Corp S.A.S.
Alias Gerente y su hija Kerly fueron socios fundadores de la empresa Alvial Corp a inicios de enero de 2022, con un capital de $ 10.000. Se estableció con domicilio en Quito bajo el supuesto objeto social de venta al por mayor de artículos de ferretería, herramientas de mano, cierres y estabilizadores, según la exposición de la Fiscalía.
Esta compañía además registraba actividades de venta al por mayor de vidrio plano y espejos, con cuatro establecimientos: tres en Quito y uno en Sucumbíos.
En la teoría de la Fiscalía se determinó que en la compañía existieron múltiples transferencias de acciones dentro del círculo familiar, sin justificación empresarial aparente.
En julio de 2024 se dio el aumento de capital, que pasó de $ 10.000 a $ 510.000. Una pericia citada por la Fiscalía determinó que se habría efectuado con una compensación de crédito a favor de los accionistas Kerly y Carlos Andrés, hijos de alias Gerente,
Como clientes y proveedores constan la Industria Agrícola Ganadera Kaeri y su hija Kerly por montos que incluso sobrepasaban el millón de dólares.
Según la Fiscalía, ese cruce supuestamente evidenciaría relaciones comerciales entre empresas y personas del mismo núcleo familiar que se habrían empleado para simular actividades comerciales para justificar ingresos.
Industria Agrícola Ganadera Kaeri S. A.
La compañía Industria Agrícola Ganadera Kaeri S. A., cuyos socios fundadores fueron Kerly Álvarez y Leonardo García, primo de Gerente, se instauró en julio de 2020 con un capital de $ 800.
Su enfoque se concentró en la venta de carne y productos cárnicos, comercialización de aves de corral, actividades agrícolas y crianza de ganado.
Como dato relevante, la Fiscalía expuso que esta empresa tuvo un aumento de capital que pasó de $ 800 a aproximadamente $ 500.000 en abril de 2024.
En julio de 2024, los accionistas originales Kerly y Carlos Álvarez Cordero transfirieron la totalidad de sus acciones a Wilman Vera, tío materno de Gerente, y Daniela Garavito, también entre los vinculados al proceso.
A diferencia de otras compañías, Kaeri mantenía clientes relevantes del sector cárnico, pero también otras firmas ligadas al círculo familiar de Gerente.
Se evidenció la existencia de partes relacionadas, sobre todo con Alvial Corp, con la que registró operaciones por $ 1,3 millones.
A su vez, esta compañía registró ingresos totales por $ 25 millones entre 2021 y 2025, aunque ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) solo declaró $ 22,9 millones.
Como proveedor contó también Roberto Carlos Álvarez, por un monto de $ 1′013.370,00, y su hija Kerly con $ 104.488, según la Fiscalía.
Dentro de sus pesquisas, la Fiscalía además concluyó que esta empresa manejaba las haciendas Santa Isabel, en Santo Domingo, y la San Andrés, en Quinindé, Esmeraldas, con miles de cabezas de ganado vacuno, equino y porcino por un valor total de $ 8,5 millones.
Constructora Inmob Cía. Ltda.
Esta compañía fue instaurada en Quito en marzo de 2020 para el objeto social de construcción de todo tipo de edificaciones. Figuraron como socias fundadoras Alba Isabel C. J., pareja de Gerente, y su hija Kerly, con un capital de $ 400.
En la administración actual figuran Daniela Garavito y, como gerente, Gabriel García Guarderas, y como socios actuales Leonardo Álvarez y Alba C.
Según la Fiscalía, esta firma habría empleado la estructura familiar Álvarez Cordero para la integración de los activos ilícitos principalmente mediante la adquisición de bienes inmuebles.
En esta compañía, la Fiscalía detectó que se habrían declarado al SRI ingresos por $ 22,8 millones, pero en el sistema financiero se contabilizaron $ 35,4 millones. Es decir, se dio una diferencia de $ 12,5 millones, cuyo origen para la Fiscalía no tuvo una justificación.
Varios bienes inmuebles asociados a esta firma se identificaron e incautaron por parte de la justicia. Entre los valores manejados constan adquisiciones por $ 62.000, $ 300.000 y hasta $ 2′200.000 entre Quito y Lago Agrio.
Ecuabodegas S. A.
En febrero de 2023, la firma Ecuabodegas fue instaurada con el único accionista Carlos Andrés, hijo de Gerente, con un capital social de $ 1.000.
Dentro del manejo de esta firma, que se dedicaba a la compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles, se dio una transferencia del 100 % de las acciones por parte del socio único a su familiar Mentor Álvarez, también procesado en la causa, sin que exista contraprestación económica alguna, según la Fiscalía.
Esta cesión para la Fiscalía tuvo como objeto proteger el patrimonio de la familia Álvarez Cordero, luego de que Carlos Andrés fuera procesado.
Según los análisis de la investigación, con base en informes del SRI, esta compañía mantuvo una actividad económica prácticamente “inexistente” al no registrar clientes, teniendo proveedores por apenas $ 10.195 y sin empleados vinculados.
En sus cuentas, la indagación determinó que la compañía tenía una cuenta bancaria con ingresos de $ 313.962,42, de los cuales el 96,84 % corresponde a depósitos en efectivo principalmente de Carlos Andrés.
Esta compañía no registró ni créditos bancarios ni declaraciones al impuesto a la renta, por lo que la Fiscalía sostuvo que se evidenció una “brecha total” con los ingresos.
Esta compañía adquirió al menos siete bienes inmuebles por valores de $ 250.000 a $ 450.000 en Durán y Yaguachi. Fueron adquiridos sobre todo a Kerly, hija de Gerente, directamente o mediante representación de Daniela Garavito, según la indagación fiscal.
La Fiscalía sostuvo que esta compañía carece de actividad económica real, pero fue usada supuestamente para adquirir bienes inmuebles de alto valor sin respaldo financiero legítimo.
Transchur S. A.
La compañía Transchur S. A., constituida para el transporte de carga pesada, fue creada en mayo de 2019 con los accionistas Juan Carlos Chulca y Roberto Carlos Chulca. Tuvo un capital social de $ 800.
En otro proceso por delincuencia organizada, esta compañía fue señalada por la justicia como “empresa fachada” para facilitar actividades relacionadas con el transporte de sustancias sujetas a fiscalización, según la indagación fiscal.
En el sistema financiero registró ingresos por $ 1′528.571,64, pero declaró $ 1′794.825, es decir, hubo una inconsistencia de $ 266.253,36 que carece de justificación económica.
Como elementos incidentes con otras empresas, la Fiscalía evidenció incrementos de capital sin sustento contable, transferencias de acciones dentro del mismo núcleo familiar, relaciones comerciales entre partes vinculadas y posible uso de facturación para justificar flujos financieros. (I)
Fuente: El Universo