Iris Marín, defensora del Pueblo, denunció que el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de grupos armados no cesa en Colombia y que el problema se ve agravado por un subregistro que oculta la magnitud real del fenómeno. Según la entidad, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 se registraron 1.173 casos de menores captados ilegalmente, expuestos a morir en combates, ataques y operaciones militares.
La alerta también incluyó una cifra trágica: entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026, 73 menores habrían fallecido como consecuencia de operativos militares. De ese total, 31 murieron en 2025, con una incidencia particular en el departamento de Guaviare.
Marín advirtió que la reducción en los reportes no debe interpretarse como una mejora.
“Una reducción en los casos reportados no implica una disminución del reclutamiento, sino un aumento del subregistro”, afirmó. Atribuyó esta brecha al temor, la naturalización de la conducta y la falta de información sobre los mecanismos de denuncia.
También señaló que la información recogida en terreno revela la presencia de numerosos menores en las filas de las disidencias de Mordisco y de Calarcá, cuyos casos no han sido reportados oficialmente. Agregó que recibió datos sobre un crecimiento del reclutamiento en Catatumbo, vinculado al ELN y a las disidencias del denominado Frente 33.
Guaviare, uno de los focos más críticos
En Guaviare se reportaron 11 casos de menores reclutados en 2025. Marín indicó que muchos niños y adolescentes solo aparecen en los registros después de haber muerto.
“No en pocas situaciones tenemos noticias de que menores de edad habían sido reclutados porque murieron en combates entre grupos armados ilegales”, señaló.
Como ejemplo, mencionó a 11 menores cuyos cuerpos fueron hallados tras enfrentamientos entre las tropas de las disidencias de Mordisco y Calarcá, a finales de mayo, en ese departamento.
Marín también se refirió a menores muertos en operaciones estatales. Indicó que otros “nunca fueron rescatados y los encontramos muertos después de bombardeos de la fuerza pública”, y mencionó la operación militar realizada el jueves 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra las disidencias al mando de alias Calarcá.
Según la información citada, en esa acción murieron 10 personas. Nueve fueron identificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y tres eran menores de edad: dos mujeres y un hombre de entre 15 y 16 años.
Responsabilidad de grupos armados y del Estado
Marín remarcó que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes está prohibido por el derecho internacional humanitario y atribuyó la responsabilidad directa a los grupos armados que persisten en esa práctica. Cuestionó que el ingreso de un menor a una estructura ilegal permita considerarlo automáticamente como combatiente.
“El ingreso de menores de edad a los grupos armados no permite presumir de ninguna manera que estaban prestando funciones continuas de combate”, afirmó.
A partir de esa premisa, sostuvo que ningún menor pierde su condición de víctima del reclutamiento y que el Estado mantiene obligaciones reforzadas de protección, aun cuando haya participado en hostilidades.
La defensora reconoció que el Estado puede desplegar acciones militares, incluidos bombardeos, contra grupos armados ilegales para proteger a la población y recuperar el control territorial. No obstante, señaló que esa facultad tiene límites cuando existe información sobre la posible presencia de menores dentro de esas estructuras.
Advertencia sobre los bombardeos
“En cuanto conoce la alta probabilidad de que entre los grupos armados permanecen menores de edad, víctimas del reclutamiento, tiene un deber de extremar las medidas de precaución y evaluar alternativas que permitan proteger su vida”, sostuvo.
Marín señaló que ese estándar debe aplicarse bajo protocolos operacionales estrictos.
“No podemos resignarnos a que en los operativos militares mueran menores de edad que fueron víctimas previamente de la desprotección prolongada del Estado”, afirmó.
Según explicó, la necesidad militar debe interpretarse con el máximo rigor cuando puede involucrar a niños, niñas y adolescentes. Esto obliga a evaluar alternativas menos lesivas y a adoptar todas las precauciones factibles para evitar su muerte.
La Defensoría propuso fortalecer la política de prevención del reclutamiento mediante la activación de la CIPRUNA (Comisión Interinstitucional de Prevención del Reclutamiento). Marín dijo que esa respuesta debe ser intersectorial, estructural y urgente.
La defensora ubicó el liderazgo de esa tarea en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y pidió al Gobierno nacional reactivar cuanto antes su acción. También ofreció la colaboración de la entidad con las autoridades territoriales y las instituciones de justicia para proteger a niños, niñas y adolescentes y evitar que sigan muriendo en operativos militares o en combates entre grupos armados ilegales.
Fuente: Infobae