El denominado Caso Apagón (o Caso Progen) dejó al descubierto una de las tramas de presunto peculado más lesivas para el sector eléctrico ecuatoriano, con un perjuicio estimado en USD 104,4 millones por la adquisición de generadores de emergencia que, al día de hoy, no han producido un solo megavatio de energía.
Sin embargo, a medida que la Fiscalía General del Estado amplía la instrucción fiscal e incorpora nuevos nombres hasta alcanzar 31 procesados, hay incógnitas que causan conflicto: la persecución penal avanza con fuerza sobre los mandos medios, técnicos de carrera y administradores de contrato, mientras las altas esferas de decisión política y los diseñadores de la centralización contractual esquivan el banquillo de los acusados.
La renuncia de un anticipo y los pagos en el extranjero
Para entender cómo se entramó el caso, es necesario retroceder a agosto de 2024, cuando la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) suscribió dos contratos de emergencia con la firma estadounidense Progen Industries LLC por un total de USD 149,1 millones para las centrales de Salitral y Quevedo.
La clave de la adjudicación e inmediata distracción de fondos públicos radicó en que Progen renunció voluntariamente a recibir el anticipo legal de ley (que correspondía al 30%). Según la tesis de la Fiscalía, esta renuncia tuvo como objetivo evadir la presentación de garantías bancarias de fiel cumplimiento y de buen uso de recursos públicos exigidas por la ley ecuatoriana.
Al amparo de esta flexibilización, funcionarios de Celec y del Ministerio de Energía, como el exsubgerente jurídico de Termopichincha Christian Dahik, elaboraron y aprobaron contratos con fórmulas de pago que eliminaron la presentación de pólizas idóneas para asegurar los recursos entregados.
Para sustituir el anticipo de ley, las partes acordaron el denominado “Hito 1”, estableciendo que el Estado pagaría el 70% del monto total de los contratos directamente en el extranjero.
En lugar de que estos millonarios desembolsos estuvieran condicionados a la llegada de los generadores a Ecuador, a su montaje o a la demostración técnica de que funcionaban, las condiciones de cobro fueron flexibilizadas al extremo.
Se determinó que el pago de este primer hito se cobraría en el extranjero contra la sola presentación del listado de empaque (packing list) e informes de inspección visual en las fábricas de Estados Unidos. Es decir, solo se exigió un documento que señalaba las cantidades, pesos, descripciones y números de serie de los equipos que se planeaba enviar.
Se omitió cualquier verificación técnica o de operatividad en el sitio de destino.
La red de prórrogas, bloqueos y motores usados
Mediante este mecanismo flexibilizado, se transfirieron USD 104,4 millones a la cuenta de Progen Industries LLC en el Regions Bank en Birmingham, Alabama, EE.UU., provenientes de los dos contratos de emergencia suscritos en agosto de 2024 para las centrales de Salitral y Quevedo.
En la central Salitral (USD 99,4 millones), el entonces administrador Marlon Casilla negó inicialmente una prórroga de 55 días a la contratista por falta de sustento técnico. No obstante, tras la salida de Casilla, el nuevo administrador Rommel Calderón solicitó un criterio a la subgerenta jurídica de Termopichincha, Daniela Piedad Gordillo.
Con base en un informe favorable de Gordillo, el gerente Gonzalo Guerrón aprobó dos prórrogas que sumaron 57 días.
Estas ampliaciones ficticias permitieron que Progen cobrara el Hito 1 por USD 69,58 millones el 1 de octubre de 2024, a pesar de que al vencerse el plazo acumulado de 177 días (27 de febrero de 2025), el proyecto registraba un 0% de avance y ningún generador operaba en el sitio.
Por otro lado, en la central Quevedo (USD 49,7 millones), el administrador José Luis Sampietro determinó arbitrariamente postergar el inicio contractual al 3 de septiembre de 2024 y, en octubre, recomendó dos prórrogas que sumaron 35 días alegando afectaciones por los huracanes Helene y Milton.
Sampietro otorgó estas ventajas sin exigir a Progen la documentación legal que probara el impacto de dichos fenómenos. Al vencerse definitivamente el contrato principal el 10 de diciembre de 2024, y encontrándose el vínculo extinto, Gonzalo Guerrón y Marcos Guerrero suscribieron de forma extemporánea el contrato complementario TPI-CON-0001-25 el 11 de enero de 2025.
Este instrumento, avalado jurídicamente por Daniela Gordillo, concedió 62 días adicionales de gracia para blindar a la empresa de multas por mora y fraccionó el pago del 70% en cinco cuotas semanales de USD 6,9 millones transferidas a Alabama.
El bloqueo en Houston y las irregularidades
La pieza clave para encubrir el estado real de los equipos de generación eléctrica, según el expediente, fue José Walther Manrique Suárez, gerente de la firma Astrobryxa S.A. (subcontratista local de Progen que captó USD 12,2 millones del anticipo público sin tener relación contractual directa con Celec).
En septiembre de 2024, durante una inspección de la comitiva técnica de Celec en las bodegas de Houston, EE.UU., Manrique Suárez se presentó utilizando el alias falso de “Walter Suárez”. De acuerdo con los testimonios judiciales, Manrique Suárez y la exlobista de Progen, Karla Saud Calero, bloquearon físicamente a la delegación de técnicos ecuatorianos.
Cuando los ingenieros de Celec intentaron retirar los plásticos protectores para fotografiar, examinar y registrar las placas de los motores, los sospechosos impidieron la verificación. Esta obstrucción física evitó constatar a tiempo que las unidades termoeléctricas eran obsoletas y reacondicionadas.
Por ello, aunque Progen se obligó contractualmente a entregar generadores nuevos con año de fabricación de 2020 en adelante (y específicamente de 2023 o 2024 para Salitral y Quevedo), los peritajes técnicos y las auditorías de la Contraloría General del Estado destaparon las fallas.
Las inspecciones posteriores y las consultas directas al fabricante Electro Motive Diesel (EMD) confirmaron los siguientes hallazgos técnicos criminales:
- Antigüedad: las unidades entregadas eran motores usados de 2009 (modelo 20/645) y 2019 (modelo 20/710). El propio fabricante EMD certificó oficialmente que el modelo 20/710 se dejó de producir en 2019 y el 20/645 en 2009, haciendo imposible que existieran unidades nuevas de 2023 o 2024.
- Incompatibilidad de combustible: EMD ratificó que estos motores no pueden operar con el combustible pesado (HFO6 o Fuel Oil 6) exigido estrictamente en las especificaciones técnicas ecuatorianas.
- Adulteración de seriales y placas: los peritajes de la Contraloría detectaron generadores con placas limadas, doble estampado de números de serie superpuestos para ocultar su procedencia e históricos adulterados.
- Ineficiencia: el respaldo fotográfico evidenció que el factor de potencia estaba marcado con un valor de 0,7 en lugar del 0,8 exigido, lo que disminuye drásticamente la eficiencia de los equipos y genera severas pérdidas de energía.
La concentración del castigo en los “mandos medios y bajos”
A pesar de que el entramado requirió de una estructura de decisiones coordinada, el proceso penal se ha concentrado de manera casi exclusiva en el personal técnico y en los mandos medios de Celec. Las defensas técnicas cuestionaron que la Fiscalía dirija la prisión preventiva y los cargos de peculado hacia los escalones más bajos del organigrama estatal.
Un caso de este sesgo procesal quedó expuesto con la vinculación de José Xavier Aimara Guaita, exdirector de Planificación de Celec. La Fiscalía le dictó prisión preventiva acusándolo de haber “presionado” al comité técnico para que se emitiera la declaratoria de emergencia que sirvió de marco para contratar a Progen. Pero, la defensa de Aimara argumentó que él actuó estrictamente como un técnico sin capacidad de decisión política ni de manejo de fondos públicos.
En contraste, Gabriela Rodríguez Morejón, directora jurídica de Celec que elaboró y dio forma legal a dicho documento de emergencia, no fue procesada por la Fiscalía. De acuerdo con los registros del caso, Rodríguez Morejón habría sido colocada en el cargo por el exministro Roberto Luque.
Asimismo, las acusaciones penales recaen sobre:
- Los subgerentes jurídicos de Termopichincha, como Cristhian Andrés Dahik y Daniela Piedad Gordillo, procesados por emitir los criterios y elaborar los contratos con cláusulas flexibilizadas.
- Los exadministradores de los contratos, como Luis Ugsha, Marlon Casilla, José Luis Sampietro y Marcos Guerrero, imputados como autores directos por firmar informes de avance de hitos u omitir alertas entrega de equipos usados.
- Los comités de mercado y técnicos, integrados por funcionarios de carrera como Marvin Rubio Zapata y Daniel Suárez Quilumbango, quienes realizaron tareas operativas de revisión documental.
Frente al masivo procesamiento de técnicos, la responsabilidad de los altos mandos del Ministerio de Energía está en incógnita.
En la audiencia del 24 de agosto de 2026, la Fiscalía expuso un memorando firmado el 23 de abril de 2024 por el entonces ministro Roberto Luque. En dicho documento, Luque ordenaba que cualquier proceso de contratación eléctrica de emergencia debía pasar previamente por su coordinador jurídico de confianza, José Manuel de Oliveira, hoy prófugo de la justicia.
A pesar de haber firmado la orden de centralización que canalizó y viabilizó todo el flujo contractual que desembocó en el millonario perjuicio estatal, el exministro Roberto Luque no se encuentra procesado en la causa. Mientras tanto, la actual ministra de Energía, Inés Manzano, mantuvo en su equipo de trabajo a José Manuel de Oliveira, y la justicia continúa concentrando su fuerza sobre los técnicos operativos que alertaron o ejecutaron tareas administrativas.