Los recientes ajustes que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) dispuso sobre el registro de datos crediticios, con la que se estructura el score o buró de crédito, pueden ser un vehículo para que más personas accedan al sistema financiero, porque entre otras cosas se amplían las fuentes de información.
No obstante, las medidas no se formalizarán de inmediato, pues la Junta dispuso plazos de entre 12 y 18 meses para que las superintendencias de Bancos, de Economía Popular y Solidaria, y la de Compañías realicen las acciones necesarias para aplicar las disposiciones de la resolución del pasado 20 de agosto.
Hasta que eso suceda, seguirán rigiendo las reglas vigentes al momento. Esa es la primera observación que deben tener en cuenta las personas frente a la resolución JPRFM-2026-033-F, señalaron expertos consultados por este Diario.
La Junta aterriza elementos de una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, de octubre de 2025, así como de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras, de marzo de ese mismo año.
Las disposiciones han generado varias inquietudes en los ciudadanos sobre sus alcances y posibles efectos del score de crédito, que califica a los usuarios del sistema financiero —con puntajes entre 1 y 999— dependiendo si tienen más o menos riesgo de no pagar a tiempo sus créditos.
Con base en información de su historial de pagos, a los mejores pagadores se los califica con los puntajes más altos e implica que tienen bajo riesgo.
Los ajustes incorporados por la Junta nutrirán con más datos e información al historial del comportamiento de las personas, permitiendo que se tenga una visión más amplia de su perfil.
Los principales cambios en la resolución de la Junta son los siguientes:
- Fuentes de información
Se establecen dos categorías de fuentes: obligatorias y complementarias. En las segundas se añaden nuevas fuentes, como pagos de servicios básicos o de impuestos, que si bien no estaban formalizadas en una normativa, desde hace tiempo ya son consideradas por algunas instituciones financieras o casas comerciales para aprobar o desembolsar créditos, explica Katherine Rosero, consultora financiera.
Las fuentes obligatorias son los bancos públicos y privados, las entidades del sistema popular y solidarios (cooperativas y mutualistas), instituciones del mercado de valores, del sector comercial, compañías de seguros y reaseguros, y de telecomunicaciones.
Las fuentes complementarias, que apoyen el análisis de crédito, son el pago de servicios básicos, pago de impuestos, con la condición de que tengan relación con datos crediticios, vinculados al comportamiento de pago, cumplimiento de obligaciones o capacidad de endeudamiento del titular.
En el futuro, la Junta podrá añadir nuevas fuentes adicionales, previo análisis técnico, jurídico y de los potenciales efectos sobre la protección de los derechos de los titulares de la información.
Para Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), incorporar información sobre el cumplimiento de obligaciones como servicios básicos e impuestos amplía la capacidad de evaluar el comportamiento de pago de quienes buscan financiamiento.
“Un análisis de riesgo más completo permite reducir incertidumbre, mejorar la evaluación de la capacidad de pago y reconocer buenos comportamientos que hoy no son visibles para el sistema financiero. La información se convierte así en una herramienta concreta para ampliar las oportunidades de acceso al crédito formal. Fortalecer el historial crediticio es una forma de fortalecer la inclusión financiera”, analizó Rodríguez.
- Reducción de tiempo de conservación de la información
Actualmente, la información crediticia puede almacenarse durante seis años, mientras que los datos de las operaciones en los reportes crediticios pueden permanecer por tres años.
La resolución reduce esos tiempos. La información de riesgo crediticio no podrá tener más de cuatro años de antigüedad, contados desde la última fecha de vigencia del crédito; es decir, desde que la operación fue legalmente extinguida.
Luego de ese tiempo, la información podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque, si se considera necesario, se podrá conservarla en otros medios.
Los reportes de información crediticia —que los usuarios ven reflejado en el puntaje de su score— solo harán referencia a los operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los dos últimos años anteriores a la fecha de su expedición.
Reportes son una “fotografía”, reformas contribuyen a la inclusión financiera
La información crediticia permite generar confianza entre solicitantes y acreedores. Quien pide un préstamo busca que el banco, la cooperativa o la empresa confíe en su capacidad de pago; la entidad, a su vez, necesita conocer la identidad y el historial del solicitante para decidir si presta, en qué condiciones y con qué nivel de riesgo.
Así lo describió Javier Velasco, gerente general de Aval Buró, una firma autorizada en recopilar y proporcionar información sobre el comportamiento de quienes solicitan crédito.
Indicó que la información crediticia se actualiza mensualmente y representa una “fotografía” del comportamiento crediticio del mes anterior. El reporte que, es de acceso al ciudadano, reúne las 24 fotografías más recientes, formando una trayectoria de los últimos dos años.
La disposición de la Junta precisó esta regla en la resolución, pero operativamente el reporte de dos años ya se aplicaba desde 2025, aclaró Velasco, a partir de la vigencia de la Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras.
El fortalecimiento del sistema de referencias crediticias puede beneficiar especialmente a quienes están fuera del sistema bancario.
Si una persona paga puntualmente un crédito directo de una tienda de ropa o un almacén de electrodomésticos, por ejemplo, esa conducta podría demostrar su capacidad de pago ante un banco o cooperativa.
Con mayor información, la entidad financiera puede exigir menos garantes, papeleo y tiempo de trámite, y ofrecer tasas de interés más favorables. El mismo mecanismo puede aplicarse a pequeños empresarios o emprendedores que financian sus inventarios o insumos mediante crédito directo de proveedores comerciales, destacó el gerente de Aval.
“El beneficio de incorporar nuevas fuentes de información es que una persona que no tiene deudas con bancos o cooperativas, pero sí ha cumplido con una casa comercial, pueda tener un mejor acceso al crédito. La información de los créditos otorgados por casas comerciales puede permitir una mayor inclusión financiera para quienes todavía no tienen historial en el sistema financiero tradicional”, comenta.
Menos tiempo de antigüedad de la información no extingue deudas vigentes
Los cuatro años de antigüedad de la información de riesgo que pueden conservar o consultar las instituciones financieras se empiezan a contar desde la extinción legal de la deuda, en el caso de los créditos liquidados.
Por tanto, una obligación refinanciada o reestructurada, que se liquide, comenzará desde esa fecha a computar el periodo de permanencia de la información, aclara Katherine Rosero.
La reducción del tiempo de conservación de la información no extingue automáticamente deudas antiguas ni elimina obligaciones que todavía están vigentes aunque hayan sido adquiridas hace muchos años, precisa la consultora financiera.
Por otro lado, los reportes de información crediticia que recibe directamente el usuario mostrarán únicamente operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los dos últimos años, lo que no significa que solo aparecerán deudas contratadas durante ese periodo.
En criterio de Rosero, la reforma puede ser positiva porque permitiría que el historial refleje mejor el comportamiento reciente y reduzca el peso de errores financieros antiguos.
No obstante, “es un arma de doble filo”, ya que al evaluarse periodos más cortos y sumar más fuentes de información será necesario mantener una conducta de pago constante.
“El objetivo no debería ser obsesionarse con subir el puntaje, sino desarrollar hábitos sostenibles y controlar el nivel de endeudamiento. Las personas deben aprender a organizar sus finanzas, elaborar un presupuesto familiar o personal, medir periódicamente sus ingresos, gastos y deudas, y cumplir el plan establecido. Un crédito aprobado o una tarjeta no representan dinero adicional, sino que son instrumentos que deben utilizarse dentro del presupuesto y de acuerdo con la capacidad real de pago”, reflexiona la experta.
Que en el futuro pudieran incorporarse como fuentes de información empresas privadas que financian celulares u otros bienes y asumen directamente el riesgo, ampliaría la información disponible, pero también podría perjudicar a consumidores que recurren a esos servicios precisamente por tener un mal historial, comenta Rosero. (I)
Fuente: El Universo