El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Rodrigo Sarango dictó este jueves 27 de agosto prisión preventiva para los diez nuevos procesados por el presunto peculado dentro del caso Apagón, luego de analizar el pedido presentado por la Fiscalía General del Estado.
La decisión fue comunicada al término de una audiencia que se inició a las 16:00 y concluyó alrededor de las 20:00. En la diligencia, el juez revisó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y los argumentos expuestos por las defensas de los procesados.
Los procesados son José Xavier Aimara, Cristhian Andrés Dahik, Daniela Piedad Gordillo, Luis Javier Ugsha, Marlon Iván Casilla, José Luis Sampietro, Marcos Alberto Guerrero, José Walter Manrique, Peter Christian Dreher y José Manuel de Oliveira.
Sarango señaló que la Fiscalía General del Estado, como titular de la acción penal pública, tiene la facultad de solicitar la vinculación de las personas investigadas. Indicó además que durante la audiencia se garantizó el derecho a la defensa y a la contradicción.
“Los ciudadanos convocados para la presente audiencia han ejercido su legítimo derecho a la defensa y contradicción”, manifestó el conjuez.
El magistrado explicó que correspondía analizar si la prisión preventiva solicitada por Fiscalía cumplía con los requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Tras ese análisis, resolvió imponer la medida cautelar a los diez procesados.
Los argumentos para cada procesado
Respecto de José Xavier Aimara, el juez señaló que, de acuerdo con los elementos presentados por Fiscalía, habría favorecido a la empresa Progen y autorizado el envío de manifestaciones de interés a proveedores. Estos documentos habrían servido como base para definir los plazos de los equipos que serían adquiridos.
Según el análisis expuesto en audiencia, estas actuaciones habrían contribuido al desembolso de recursos y al perjuicio para el Estado. El juez consideró que existen elementos de convicción que hacen presumir su participación en el delito investigado y dictó prisión preventiva.
En el caso de Cristhian Dahik, la Fiscalía lo señala como autor directo de peculado por su participación como subgerente jurídico en las comisiones técnicas de contratación emergente de Quevedo y Salitral, en las que se recomendó a Progen.
El juez indicó que, si bien la Fiscalía había planteado un posible riesgo de fuga, consideró necesario ratificar la prisión preventiva solicitada.
Sobre Daniela Gordillo, la Fiscalía sostiene que habría abusado de su cargo y que no habría realizado un análisis jurídico de las solicitudes relacionadas con prórrogas y plazos contractuales. Según la acusación, habría emitido criterios favorables sin contar con elementos escritos de sustento, lo que habría favorecido a Progen.
Sarango concluyó que en su caso también se justificaba la prisión preventiva.
Para Luis Javier Ugsha, la Fiscalía sostuvo que tendría responsabilidad como autor del presunto peculado. El juez consideró que la prisión preventiva resulta idónea para asegurar su comparecencia durante el proceso.
En cuanto a Marlon Casilla, la Fiscalía lo señaló como autor del delito y sostuvo que habría abusado de sus funciones. También planteó la existencia de un riesgo de fuga. El juez aceptó la prisión preventiva considerando la gravedad del caso.
Respecto de José Luis Sampietro, el magistrado señaló que ejerció como administrador del contrato de Quevedo entre el 11 de septiembre y el 5 de diciembre de 2024. Según Fiscalía, habría abusado de sus funciones al solicitar un criterio jurídico sobre el plazo contractual que finalmente no fue acogido. Sarango aceptó la prisión preventiva.
Marcos Alberto Guerrero asumió la administración del contrato de Quevedo el 6 de diciembre de 2024, después del relevo de Sampietro. Según los documentos revisados en el proceso, trabaja en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) desde 2013, luego de ganar un concurso de méritos.
La Fiscalía lo señala como autor del presunto peculado. El juez consideró necesaria la prisión preventiva en su caso.
Sobre José Walter Manrique, el magistrado señaló que, según los elementos expuestos por Fiscalía, habría participado en reuniones con funcionarios de Progen junto con su esposa, Karla Saud. La Fiscalía lo señala como coautor del presunto peculado y como una de las personas que habrían intervenido en los contratos investigados.
El juez consideró necesaria la prisión preventiva para evitar que el procesado eluda la justicia.
En el caso de Peter Christian Dreher, quien fue asesor del entonces Ministerio de Energía y Minas entre mayo y octubre de 2024, la Fiscalía lo señala como autor del presunto peculado. Según la acusación presentada en la audiencia, habría solicitado la elaboración de los términos de referencia y habría conocido previamente aspectos relacionados con los contratos.
La Fiscalía también sostiene que habría mantenido contacto con una persona que se presentaba como representante de Progen en Ecuador y que habría beneficiado a la empresa. Sarango consideró necesaria la prisión preventiva.
Finalmente, respecto de José Manuel de Oliveira, excoordinador general jurídico del Ministerio de Energía y Minas, la Fiscalía lo señala como autor del presunto peculado por su supuesta intervención en los procesos contractuales. El juez también aceptó el pedido de prisión preventiva.
Diez nuevas vinculaciones en el caso
Con esta decisión, los diez sujetos y exfuncionarios quedan sometidos a prisión preventiva dentro del proceso por presunto peculado relacionado con los contratos emergentes para la generación termoeléctrica en Salitral y Quevedo.
La Fiscalía investiga la adquisición de 49 generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen, operación que, según la acusación fiscal, habría provocado un perjuicio para el Estado superior a $ 104 millones.
Con estas nuevas vinculaciones, el caso Apagón suma 31 procesados. La causa se inició el 23 de mayo de 2026, cuando el conjuez nacional Vinicio Rodríguez aceptó parcialmente el pedido de Fiscalía y dispuso prisión preventiva para 19 personas, entre ellas el exministro de Energía Antonio Goncalves, el exgerente subrogante de Celec Fabián Calero y los representantes de Progen Andrew Scott Williamson y Karla Saud Calero.
Congelación de cuentas y localización de los procesados
La Fiscalía también solicitó al juez que disponga medidas para garantizar el eventual pago de una multa y la reparación integral. Tras analizar el pedido, Sarango consideró que estaba fundamentado y ordenó la congelación de las cuentas de ahorro que cada uno de los diez procesados mantenga en el sistema financiero.
La medida tiene como finalidad garantizar el eventual pago de la multa. Además, el conjuez dispuso la prohibición de enajenar bienes de los procesados para garantizar el cumplimiento de una eventual reparación integral.
Sarango también dispuso que los diez ciudadanos sean notificados formalmente de su vinculación a la causa. La instrucción fiscal se extenderá por 30 días a partir de este 27 de agosto.
Como parte de la resolución, el juez ordenó además la localización y captura de los procesados. Para José Xavier Aimara, Peter Christian Dreher y José Manuel de Oliveira, dispuso que se notifique a Interpol para las acciones correspondientes de localización y captura internacional.
La investigación se concentra en las contrataciones emergentes realizadas durante 2024 para incorporar generación térmica en las centrales de Salitral y Quevedo. (I)