A solo dos días de que venza el plazo del 28 de agosto de 2026 para que la Comisión de Fiscalización apruebe el informe final sobre la ruta del dinero del caso Progen, la mesa legislativa enfrentó una pared de confidencialidad institucional.
Durante la comparecencia de este 26 de agosto, el ente de control reveló que los exámenes patrimoniales avanzan a cuentagotas y esquivó revelar públicamente si exministros o altas autoridades gubernamentales están bajo la lupa.
El interrogatorio y el desvío de nombres
Todo ocurrió cuando la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ana Cecilia Herrera, interrogó directamente sobre el alcance de los exámenes patrimoniales. Herrera, cuyo bloque intentó enjuiciar políticamente a la exministra de Energía Inés Manzano, consultó si los ministros, viceministros y otras autoridades de alto rango estaban incluidos en las investigaciones de bienes.
La subcontralora de Auditoría, Gabriela Sulca —quien compareció en reemplazo del titular Mauricio Torres, fuera del país por agenda oficial— optó por evadir la respuesta:
Ante la insistencia, Sulca adujo que el detalle de las identidades constaba en la documentación física enviada a la Asamblea.
De hecho, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, tuvo que intervenir para aclarar que la información fue remitida con carácter “confidencial y reservado”, blindando de la opinión pública los nombres de los altos jerarcas bajo sospecha pero comprometiéndose a distribuirla bajo el mismo sigilo a los asambleístas de la mesa.
La Contraloría General del Estado dispuso la ejecución de 49 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los servidores vinculados a las contrataciones de Progen. Sin embargo, la velocidad de la fiscalización patrimonial avanza lento.
Sulca admitió que la Contraloría solo emitió ocho órdenes de trabajo activas. De estas, tres corresponden a servidores de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y cinco a personal de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur (ERSA) por el contrato de la Central Catamayo.
Los 41 exámenes especiales restantes se realizarán de manera paulatina, un retraso que la subcontralora justificó bajo la limitada “capacidad operativa institucional”. Ahora, con plazos de hasta 180 días por examen, la Asamblea difícilmente contará con conclusiones definitivas sobre el enriquecimiento ilícito antes de redactar su informe.
El desvío de USD 69.58 millones
Entre los hallazgos más alarmantes, la Contraloría ratificó la transferencia irregular de USD 69.58 millones (el 70% del valor del primer hito del contrato emergente de Salitral con Progen).
Este desembolso se transfirió a las cuentas de Astrobryxa, una empresa ajena a la relación contractual original, sin que existiera justificación ni evidencia técnica alguna de que las 29 unidades de generación cumplieran con la potencia, el año de fabricación, la eficiencia o el consumo pactados.
En el caso de ERSA, el informe reveló que Progen ofertó grupos electrógenos cuyos motores ni siquiera estaban diseñados para operar con el combustible HFO6 ni contaban con repuestos o garantía del fabricante.
Radio Pichincha
LV