Este jueves 27 de agosto de 2026, a las 16:00, el conjuez Rodrigo Sarango dará a conocer su resolución sobre el pedido de prisión preventiva para los 10 nuevos vinculados al denominado caso Apagón (o caso Progen).
La decisión judicial se anunciará luego de que el magistrado suspendiera la audiencia de vinculación la noche del pasado martes 25 de agosto, tras una larga jornada de debate que se extendió por más de ocho horas.
Durante la fase de litigación de medidas cautelares, el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, fundamentó la necesidad de dictar prisión preventiva para el grupo de 10 nuevos sospechosos, compuesto por exfuncionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y exasesores ministeriales:
- José Manuel de Oliveira Allu (excoordinador jurídico del Ministerio de Energía).
- Peter Christian Dreher Pozo (exasesor del Ministerio de Energía).
- José Xavier Aimara Guaita (exdirector de Planificación de Celec).
- Cristhian Andrés Dahik Quijano (exsubgerente jurídico de Termopichincha)
- Daniela Piedad Gordillo Ramírez (exsubgerente jurídica de Termopichincha).
- Marlon Iván Casillas Hernández (exadministrador de Salitral)
- José Luis Sampietro Saquicela (primer administrador de Quevedo)
- Marcos Alberto Guerrero Bravo (segundo administrador de Quevedo)
- Luis Javier Ugsha Guanotasig (exoperador de Celec).
En calidad de coautor: José Walter Manrique Suárez (pareja de Karla Saud Calero), accionista de la empresa Astrobryxa, señalado por coordinar subcontrataciones y canalizar fondos públicos del anticipo por más de USD 12,2 millones.
Alarcón sostuvo ante el tribunal que cualquier medida alternativa a la privación de libertad resultaría insuficiente para garantizar que los procesados comparezcan a un eventual juicio por peculado. El fiscal argumentó que los implicados disponen de movilización, solvencia económica y conexiones en el extranjero que elevan considerablemente el riesgo de evasión.
Por su parte, los defensores técnicos de los investigados intentaron desvirtuar los argumentos fiscales presentando justificativos de arraigo familiar, laboral y médico, destacando casos de vulnerabilidad de menores de edad bajo su cuidado.
Sin embargo, la Fiscalía descalificó estas alegaciones señalando que muchos de los documentos presentados eran copias simples carentes de validez legal. Asimismo, el fiscal descartó contratos de arrendamiento, correos electrónicos, certificados laborales y comprobantes de servicios básicos, aclarando además que la insistencia de las defensas en demostrar la falta de antecedentes penales de sus clientes era un criterio que no cabía analizar en esa etapa de vinculación.
De igual modo, el pedido de la entidad fiscal no se limita únicamente a la captura nacional. Debido al inminente riesgo de fuga y a que varios de los procesados clave ya no se encuentran en el país, el fiscal Alarcón solicitó formalmente que se oficie a la Policía de Integración Internacional (Interpol) para emitir la difusión roja contra cuatro de los recién vinculados:
- José Manuel de Oliveira Allu
- Peter Christian Dreher Pozo
- José Xavier Aimara Guaita
- José Walter Manrique Suárez.
En el ámbito económico, la Fiscalía también solicitó medidas de protección para el Estado ecuatoriano. Entre estas constan la retención de cuentas bancarias y pólizas de inversión en el sistema financiero nacional por un monto de USD 27.600 para cada uno de los diez sospechosos, destinado a asegurar el pago de eventuales multas.
Adicionalmente, el fiscal solicitó la prohibición de enajenar bienes en todo el territorio nacional por un total de USD 4,9 millones.
Un perjuicio que supera los USD 100 millones
El caso Apagón investiga un presunto delito de peculado derivado de los contratos de emergencia suscritos en agosto de 2024 entre Celec y Progen Industries LLC para instalar centrales de generación térmica en Salitral y Quevedo.
A pesar de que el Estado desembolsó un anticipo del 70% (USD 104,37 millones), las plantas eléctricas nunca llegaron a operar debido a que los equipos no eran nuevos, presentaban incompatibilidades técnicas y estaban obsoletos o eran usados.
Con la vinculación de este último grupo de 10 personas efectuada el pasado lunes 24 de agosto de 2026, la lista de procesados en esta causa ascendió oficialmente a 31 personas. Por disposición legal, esta diligencia amplía la etapa de instrucción fiscal por 30 días adicionales, extendiendo el cierre definitivo de las investigaciones hasta el 24 de septiembre próximo, fecha tras la cual se fijará el día para la audiencia preparatoria de juicio.
Radio Pichincha
LV