En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal 5 impuso una condena contra Gonzalo Sánchez, más conocido como “Chispa”, por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los hechos juzgados abarcan el período comprendido entre el 1 de enero de 1976 y diciembre de 1978.
El acusado era exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval y formó parte del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada. Sánchez había permanecido prófugo durante años y fue extraditado desde Brasil en 2020, razón por la cual el alcance de los cargos y su calificación legal se ajustaron a lo dispuesto en la sentencia de extradición.
El veredicto determinó que Sánchez es coautor penalmente responsable en 178 casos de privación ilegal de la libertad triplemente agravada: por su calidad de funcionario público, por el uso de violencia o amenazas y por extender la detención por más de un mes. En la misma resolución, el tribunal lo absolvió por otros 19 hechos debido a la falta de acusación formal.
Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli coincidieron de manera unánime en que los delitos cometidos en este proceso constituyen crímenes de lesa humanidad. Asimismo, fijaron para el 22 de octubre a las 18:00 la audiencia en la que se leerán los fundamentos de la sentencia.
El fallo dejó pendiente una definición sobre el pedido de la querella liderada por Patricia Walsh y Carlos Gregorio Lordkipanidse, quienes solicitaron que Sánchez permanezca detenido hasta cumplir la totalidad de la condena, sin beneficios de liberación anticipada ni morigeración de las condiciones de detención. El tribunal respondió que ese asunto se resolverá “en el momento procesal oportuno”, evitando así pronunciarse sobre posibles beneficios futuros en la ejecución de la pena.
Durante la lectura del fallo, el juez Castelli mencionó a las 178 víctimas, entre ellas Norma Esther Arrostito, Dagmar Ingrid Hagelin, Cecilia Marina Viñas, Ana María Ponce, Patricia Julia Roisinblit, Carlos Simón Poblete, Gerardo Strejilevich y Rodolfo Jorge Walsh.
Sánchez, nacido el 30 de julio de 1951 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra alojado en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. En el proceso intervinieron el fiscal general Félix Pablo Crous y la auxiliar fiscal Marcela Obetko, además de múltiples querellas y la defensa pública oficial.
La querella y los pedidos de pena
A solicitud de la querella unificada representada por Patricia Walsh, Carlos Lordkipanidse y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el tribunal ordenó remitir copia digital de la sentencia al Archivo Nacional de la Memoria, al Museo Sitio de Memoria ESMA y al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
Tras conocerse el veredicto, los representantes de los familiares de las víctimas, a través del CELS y el abogado Pablo Llonto, habían solicitado 25 años de prisión para Sánchez. Expresaron sentir “un sabor agridulce con la pena dictada por el tribunal, más cuando se trata de un represor cuyo papel era muy claro en la ESMA y que además huyó dos veces de la justicia”. Además, anticiparon que una vez que se conozcan los fundamentos del fallo en octubre, apelarán el monto de la pena.
Fuente: Infobae