La crisis humanitaria en el departamento del Chocó se ha intensificado debido a los cruentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo en las localidades de Sipí y Nóvita. Esta situación ocurre mientras la región aún se recupera del terremoto de magnitud 7,4 cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar. La Defensoría del Pueblo alertó que estos hechos violentos han provocado desplazamientos forzados, confinamiento de comunidades y un creciente temor por la posible presencia de artefactos explosivos en los territorios afectados.
Según el balance entregado por el organismo defensor, se registraron inicialmente 384 familias y 1.339 personas afectadas. Posteriormente, en una verificación realizada el 19 de agosto, se confirmaron riesgos de desplazamiento y confinamiento que impactaban a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí, con aproximadamente 405 familias y 1.366 personas que se vieron forzadas a evacuar hacia Barranco y el municipio de Istmina.
La población enfrenta una doble amenaza: por un lado, los daños y necesidades derivados del sismo; por otro, la presencia de grupos armados que limitan la movilidad, interrumpen actividades esenciales y elevan el riesgo para las comunidades étnicas, especialmente las del Consejo Comunitario ACADESAN y el pueblo indígena Emberá.
Comunidades sin poder pescar, cultivar ni desplazarse
La Defensoría informó que integrantes del Clan del Golfo permanecieron durante tres días en la comunidad de San Agustín, en Sipí. Durante ese lapso, los habitantes no pudieron realizar actividades de pesca, cultivo ni sus prácticas ancestrales, labores que resultan vitales para su subsistencia, seguridad alimentaria e identidad colectiva.
El organismo recordó que estos riesgos ya habían sido advertidos desde 2022 mediante la Alerta Temprana 012 para el municipio de Sipí. Dicha alerta señalaba la posibilidad de afectaciones contra la población civil debido a la disputa territorial entre los grupos armados y las restricciones impuestas en zonas rurales y étnicas.
La violencia recrudeció el 23 de agosto, cuando un ataque con dron cargado de explosivos dejó heridas a tres personas: dos hombres y una mujer. Este hecho provocó el desplazamiento de 90 familias adicionales, equivalentes a unas 118 personas, hacia las zonas de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo.
Aunque estas comunidades recibieron a las familias desplazadas, actualmente también enfrentan restricciones de movilidad. La Defensoría advirtió que varias localidades permanecen confinadas, lo que dificulta el acceso a alimentos, atención médica, ayuda humanitaria y acompañamiento institucional.
Defensoría exige activación de rutas humanitarias
La defensora del Pueblo, Iris Marín, criticó duramente la actuación de los grupos armados en medio de una emergencia agravada por el terremoto. En sus declaraciones, calificó la situación como “inaudita indolencia frente a un pueblo afectado por el sismo”.
La entidad instó a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a no poner en riesgo a la población civil. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que activen de manera inmediata las rutas de atención humanitaria destinadas a las comunidades desplazadas y confinadas.
Entre las solicitudes formuladas se incluye garantizar condiciones seguras para quienes tuvieron que abandonar sus territorios, realizar la caracterización de las víctimas y brindar una respuesta integral que contemple alimentación, salud, protección, alojamiento y acompañamiento diferencial para las comunidades étnicas.
La Defensoría también pidió una misión interinstitucional de verificación para evaluar la situación en terreno, identificar riesgos activos y definir acciones urgentes. El organismo anunció que continuará monitoreando la evolución de los hechos en la región, donde la violencia armada amenaza con profundizar la crisis social generada por el terremoto.
El llamado central es evitar que las comunidades del San Juan queden atrapadas entre la emergencia natural y la confrontación armada. Para la población civil, la prioridad es recuperar la movilidad, la seguridad y el acceso a la ayuda, mientras las autoridades implementan medidas que impidan nuevos desplazamientos o confinamientos en esta zona del Chocó.
Fuente: Infobae