Un reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW), fechado el 24 de agosto, ha puesto en evidencia el alarmante incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia. El documento señala que estas estructuras criminales explotan condiciones como la pobreza, la exclusión social y las barreras educativas, y han encontrado en las redes sociales una herramienta eficaz para captar a menores.
El estudio, titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia, abarca 124 páginas de análisis. En él se examinan las modalidades de reclutamiento, los factores de riesgo y la respuesta estatal en prevención, protección y sanción a los responsables.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo procesadas por HRW, al menos 1.500 menores han sido reclutados desde 2021. La organización advierte que los registros oficiales no son exhaustivos, pero reflejan un fuerte repunte a partir de 2023. Los grupos armados disidentes de las antiguas FARC están vinculados a la mayoría de los casos, y más de la mitad se concentran en el departamento del Cauca.
Redes sociales como campo de captación
Un eje central del informe es el uso de plataformas digitales. Los investigadores revisaron más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok. Encontraron contenidos que presentaban de forma positiva la pertenencia a grupos armados o invitaban directamente a unirse. También se detectaron supuestas ofertas de trabajo que, según HRW, ocultan mecanismos de reclutamiento, a través de foros públicos y mensajería privada.
Human Rights Watch critica que las plataformas no han sido efectivas para detectar y eliminar estos contenidos. Incluso, los algoritmos parecían promover algunas publicaciones, amplificando su alcance. La organización reportó sus hallazgos a Meta (dueña de Facebook) y ByteDance (propietaria de TikTok). Ambas empresas afirmaron que sus políticas prohíben el apoyo a organizaciones violentas, y retiraron los perfiles señalados tras la notificación de HRW.
Pobreza, poder y pagos por reclutar
El informe identifica múltiples factores que hacen vulnerables a los menores. La pobreza, la exclusión social, la violencia doméstica y la falta de acceso a la educación son caldo de cultivo. Los grupos armados atraen a los jóvenes con promesas de dinero, poder y prestigio. Además, se documentó la participación de reclutadores civiles que pueden recibir hasta 1.000 dólares por cada niño o niña reclutado.
En algunos casos, el reclutamiento ocurrió en escuelas rurales, incluyendo residencias estudiantiles. Una vez captados, los menores son trasladados a otras regiones para aislarlos y romper sus lazos familiares. Las funciones que desempeñan varían: entrenamiento militar, recolección de información, mensajería, atención médica, vigilancia de rehenes, participación en narcotráfico o guardaespaldas de comandantes. El informe subraya que las niñas están particularmente expuestas a violencia sexual.
Indígenas y niños pequeños: los más afectados
Un dato estremecedor es que casi la mitad de los casos documentados corresponden a menores indígenas, a pesar de que los pueblos originarios representan apenas el 4% de la población colombiana. Asimismo, más del 30% de los reclutados tenían entre 10 y 14 años, un rango de edad que, según el derecho internacional, podría configurar un crimen de guerra.
Para elaborar el informe, HRW realizó 184 entrevistas con funcionarios, trabajadores humanitarios, líderes indígenas, defensores de familia y organizaciones de derechos humanos. También se reunieron con niños y niñas que fueron víctimas de reclutamiento o estuvieron en riesgo de serlo.
Críticas a la respuesta del Estado
Human Rights Watch cuestiona las políticas de prevención vigentes. Señala que la Política Pública de Prevención del Reclutamiento aprobada en 2018 está desactualizada, carece de un plan de acción claro y no tiene presupuesto específico. La CIPRUNNA, comisión encargada de implementar medidas, enfrenta limitaciones para actuar a nivel local, sumado a restricciones presupuestales de autoridades departamentales y municipales.
Judicialización: apenas el 1% de las denuncias llega a investigación penal
En el ámbito judicial, los números son igualmente desalentadores. Según el informe, en la última década aproximadamente el 1% de las denuncias por reclutamiento derivaron en investigación penal, y solo el 0,2% terminó en condena. Además, las condenas recaen sobre autores materiales, no sobre los máximos responsables.
HRW también critica la disparidad en la atención a menores desvinculados: quienes fueron reclutados por grupos considerados parte del conflicto armado acceden a un programa especializado y reparaciones, mientras que los que estuvieron en grupos delictivos organizados pueden ser procesados penalmente o remitidos a un programa general para víctimas de abuso.
Fuente: Infobae