A mediados de agosto de 2026 se divulgaron unos audios donde Jorge Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparece en una reunión con el conocido como “Narcochofer”, un interlocutor habitual de la mafia colombiana que mantuvo contactos con el Gobierno de Gustavo Petro. En esa conversación se mencionaron ofrecimientos de propiedades de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la posibilidad de frenar algunas capturas a cambio de información. Según el exfuncionario, dichas promesas nunca se cumplieron.
En la grabación, difundida por la revista Semana, el delincuente aseguró que el acuerdo se había cerrado con Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y que Lemus lo respaldó durante ese encuentro. El pacto incluía acceso a bienes de la SAE y gestiones para detener órdenes de captura contra ciertas personas.
Antes de que el audio se hiciera público, Lemus dio su versión a la misma revista y aceptó que esos ofrecimientos formaban parte de contactos orientados a obtener información. Explicó que el objetivo central de esas reuniones era conseguir datos relevantes para la seguridad nacional, aunque sostuvo que las promesas no se transformaban en acciones concretas.
Lemus reconoció las ofertas, pero negó que se hubieran ejecutado
“Uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar, pero esperando que ellos den la información, porque nos interesa es la información”, dijo Lemus. En esa misma declaración agregó que en este caso no habló con la SAE y que la posibilidad de gestionar algo ante esa entidad solo fue una mención dentro de la conversación.
El exdirector de la DNI también se refirió a la participación de Rodríguez y aseguró que no conversó con él sobre ese episodio. “No, nada. Yo no he hablado nada con él”, afirmó.
Cuando se le preguntó si le inquietaba que el entonces jefe de la UNP ofreciera bienes de la SAE y la posibilidad de detener capturas —pese a que esa función corresponde a la Fiscalía General de la Nación—, Lemus contestó que eso podía haber ocurrido. Aun así, dijo estar seguro de que Rodríguez tampoco habló con la SAE sobre ese asunto.
Lemus insistió en que dentro de sus funciones no estaba ofrecer bienes de la SAE a cambio de información. Según su versión, la práctica consistía en hacer promesas para acercar a las fuentes, pero sin que esas propuestas se convirtieran en actuaciones concretas de su despacho. “Nunca se materializó ninguna, ni siquiera la entrevista con la SAE”, sostuvo. Añadió que tuvo “otro caso con la Fiscalía” que tampoco avanzó porque decidió no hacerlo y porque, según sus explicaciones, no le correspondía intervenir de ese modo.
El exdirector dijo que la DNI sí pagó a fuentes, incluso guerrilleros
La respuesta más directa sobre el alcance de esos contactos fue que la DNI no entregó bienes ni recompensas al “Narcochofer”, pero sí realizó pagos a fuentes. Lemus marcó una diferencia entre recompensa e incentivo a informantes: “Recompensas paga el Ejército”.
Cuando la revista le preguntó si el ‘Narcochofer’ recibió algún pago, contestó que no hubo recompensas para él. Después precisó que sí existieron pagos a otras fuentes que suministraban información a la entidad. “Fuentes sí se pagaban, por lo general ni siquiera aquí en Bogotá, por fuera, especialmente con fuentes de los mismos guerrilleros, la misma delincuencia”, afirmó. Según esa versión, esos pagos se hicieron a informantes que mantenían al organismo al tanto de movimientos y datos de actores armados y criminales.
El contenido del audio y la explicación posterior de Lemus dejan fijados dos elementos: por un lado, la existencia de ofrecimientos relacionados con bienes de la SAE y con eventuales gestiones sobre capturas; por otro, la admisión del exdirector de que la inteligencia estatal sí pagó fuentes, incluidas algunas vinculadas a guerrilleros y a la delincuencia.
Fuente: Infobae