El presidente Abelardo De la Espriella en compañía del vicepresidente José Manuel Restrepo entregó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría un documento titulado ‘Libro de la verdad’, compuesto por 135 páginas que reúnen 82 denuncias de presunta corrupción durante el periodo de Gustavo Petro.
Entre los hallazgos, el informe, el presidente y el vicepresidente señalaron las alertas principales que ponen en evidencia riesgos en la gestión pública y en la administración de los recursos estatales.
1. Baja ejecución presupuestal en la Ungrd
El informe indica que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) solo ejecutó el 4,3% de los $15,3 billones asignados durante la administración anterior.
Además, advirtieron sobre la falta de reintegro de $240.766 millones de pesos vinculados al caso de los carrotanques en La Guajira.
2. Resultados limitados en contratos para La Guajira
Entre 2022 y julio de 2026, se suscribieron 1.085 contratos por un valor de 11,78 billones de pesos en el marco de la Sentencia T-302. El documento expresa que no se evidencian resultados verificables para la niñez wayúu y que el caso fue remitido a la Procuraduría para análisis.
3. Contratos por prestación de servicios
El gobierno saliente firmó cerca de 900.000 contratos bajo la modalidad de prestación de servicios, lo que representó un compromiso financiero cercano a los 15 billones de pesos. “Esta situación configura ‘nóminas paralelas’”, advirtió De la Espriella, y agregó que la cifra representa aproximadamente 15 billones de pesos que quedarían como pasivo para el nuevo gobierno.
4. Déficit y capacidad operativa de la Fuerza Pública
La expansión de grupos armados y la reducción de la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública constituyen otra alerta. El déficit presupuestal para este sector fue estimado en 14 billones de pesos, afectando el mantenimiento de equipos como los helicópteros MI-17, de los cuales solo ocho de 19 estaban operativos.
5. Desfinanciación del programa Colombia Mayor
Los recursos asignados al programa Colombia Mayor se agotaron entre enero y julio de 2026. El informe advierte sobre la incertidumbre para cubrir los pagos de bonos pensionales durante el resto del año, señalando que la ampliación del programa no fue acompañada de una planeación financiera clara.
6. Contratación en el Fondo de Igualdad
El análisis identifica pagos por 140.910 millones de pesos a una empresa de servicios temporales a través de Fonigualdad, sin que existan soportes suficientes que acrediten el cumplimiento de los objetivos del fondo. Se señala la ausencia de documentación sobre la labor realizada por el personal contratado.
7. Entrega de tierras en la reforma agraria
De las 351.463 hectáreas adjudicadas en el marco de la reforma agraria, solo 95.148 cuentan con registros completos. Para la adquisición de predios se destinaron recursos cercanos a un billón de pesos, aunque el informe plantea dudas sobre la legalidad y el seguimiento de estos procesos.
8. Crisis financiera de Air-e
La situación de la empresa de energía Air-e fue reportada como un riesgo. El documento muestra que la compañía pasó de tener un patrimonio de 2,22 billones de pesos en 2023 a registrar un déficit de 377.662 millones en 2025, acumulando pérdidas por 2,5 billones durante la administración de Petro.
9. Deterioro del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
El informe advierte sobre un presunto detrimento de 548.000 millones de pesos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Además, se registran dificultades en el sistema de salud de los docentes y demoras de hasta siete años en el pago de pensiones.
10. Déficit fiscal y endeudamiento
La última alerta destaca la preocupación por el crecimiento del endeudamiento público. El informe señala que la deuda adquirida presenta “las tasas más altas de la historia de Colombia”. Se indica que la Contraloría “destapó el manejo de la deuda tras elevar del 50% al 100% el límite de adjudicación por emisor de TES”.
En paralelo, el vicepresidente José Manuel Restrepo resumió nueve patrones de gestión detectados, entre ellos la “destrucción del rigor técnico”, la “opacidad y distorsión de la información pública” y la “fragmentación del Estado”. Restrepo afirmó que “este es el punto de partida de un propósito mayor: construir un Estado transparente y en vitrina, donde cada peso de los colombianos sea protegido y cada funcionario responda por sus decisiones”.
El propósito de la entrega del ‘Libro de la verdad’ es que las autoridades competentes analicen los hechos denunciados y definan si existen responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.
Fuente: Infobae