En las últimas horas se retomó la deportación de personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana que cumplían condenas en cárceles ecuatorianas, a través del puente internacional de Rumichaca.
La medida se ejecuta en un contexto de hermetismo y cuestionamientos por parte de autoridades de Nariño, como el alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, quienes afirman que el procedimiento no estaría debidamente coordinado entre ambos países y que, tras la primera entrega, debió involucrarse incluso a la Presidencia de Colombia para definir un plan de contingencia.
En la primera jornada, 817 reclusos fueron expulsados desde varios centros penitenciarios del país. Esta vez, un nuevo grupo —entre ellos quince mujeres de Tungurahua, trece hombres de Machala y una mujer de Zaruma— fue escoltado por el Ejército ecuatoriano hasta el viaducto binacional, donde autoridades colombianas revisaron sus antecedentes judiciales.
En este operativo, solo uno de los deportados fue recapturado por tener causas pendientes en Colombia. La mayoría quedó en libertad, y algunos fueron vistos caminando por la Panamericana sin recursos para regresar a sus lugares de origen.
Medios locales reportan que varios exreclusos permanecen en Nariño y estarían involucrados en robos y otros delitos en Pasto, donde se han refugiado en bares y puntos de venta de drogas. La Policía ha intensificado patrullajes y pide a la ciudadanía denunciar a personas sospechosas.
El alcalde de Ipiales también alertó sobre una posible deportación masiva de presos venezolanos desde Ecuador hacia la frontera, lo que genera preocupación.
Expertos en derecho internacional cuestionan el uso de la figura de “deportación” en lugar de “repatriación”, pues esta última habría permitido un proceso formal de entrega bajo los convenios vigentes. Además, advierten que algunos liberados podrían intentar regresar a Ecuador para integrarse a bandas criminales, pese a las restricciones y advertencias emitidas por el Gobierno ecuatoriano.
KG