El presidente Donald Trump ha dado un paso clave en su promesa de campaña de limitar la permanencia de refugiados extranjeros en Estados Unidos. La Corte Suprema falló a favor de la administración republicana, tras una larga batalla judicial en tribunales inferiores, y clausuró el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.
El TPS fue creado en 1990 por iniciativa del senador demócrata Edward Kennedy y promulgado bajo el gobierno del republicano George H. W. Bush. Este beneficio otorga permiso de trabajo y protección frente a la deportación a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o epidemias. Sin embargo, no concede residencia ni ciudadanía: al expirar, los beneficiarios caen en situación migratoria irregular y pueden ser deportados.
Casos históricos como El Salvador desde 1991 y Honduras a partir de 1998 muestran la aplicación del TPS en la región.
La situación en Haití
Haití es considerado un estado fallido, con un gobierno débil y controlado en un 80% por bandas de narcotraficantes. Informes oficiales indican que cerca de 300.000 haitianos residen en Estados Unidos bajo el TPS, y la mayoría no planea regresar a la isla caribeña.
Honduras prepara el retorno
El presidente hondureño Tito Asfura ha diseñado un sistema de emergencia para acompañar el regreso de los compatriotas que deberán abandonar Estados Unidos en el corto plazo. Asfura dialogó con el secretario de Estado Marco Rubio para coordinar un proceso migratorio que garantice una transición ordenada. Los consulados de Honduras en distintas ciudades estadounidenses brindarán asesoría a los futuros repatriados, calculados en 80.000 personas. La premisa es no separar a las familias y facilitar la mudanza con todos los bienes adquiridos durante la vigencia del TPS.
“Debemos ser respetuosos de las decisiones soberanas de los Estados Unidos. Nuestro compromiso como gobierno es trabajar de la mano con las autoridades estadounidenses por la vía diplomática para garantizar una transición ordenada, digna y humanitaria para nuestros compatriotas, asegurando que las familias no sean separadas y que puedan retornar con sus bienes”, sostuvo Asfura.
El complejo caso venezolano
Venezuela presenta un escenario particular. Los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro forzaron la salida de miles de ciudadanos. Las cifras que maneja la administración republicana señalan que 300.000 venezolanos residen en Estados Unidos. Muchos son refugiados políticos aún perseguidos por el régimen, y la situación se agrava por la precariedad tras los dos terremotos de junio. Hasta ahora no hay un proceso formal para su traslado a Caracas.
Nicaragua: dictadura e incertidumbre
Nicaragua también es calificada como una dictadura que provocó una migración forzosa por la represión ilegal y las dificultades económicas. Se estima que cerca de 5.000 nicaragüenses están bajo el TPS en Estados Unidos, y su futuro es incierto. La Casa Blanca no mantiene relación con el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega, y hay incertidumbre sobre los pasos que tomará el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para repatriarlos a Managua.
En total, la eliminación del TPS para estos cuatro países involucra a más de 500.000 expatriados que viven en Estados Unidos. Trump busca acelerar el proceso antes de las elecciones de medio término, programadas para el 3 de noviembre, con la convicción de que esta medida fortalecerá las posibilidades electorales del Partido Republicano.
Fuente: Infobae