“Es una falta de respeto, es obsceno, es escupirles en la cara”, expresó Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional venezolana, al referirse a la posibilidad de discutir cambios institucionales apenas semanas después de que dos sismos de gran magnitud sacudieran el territorio. Según él, primero se debía atender a los damnificados. En contraste, Francis Riascos, quien permanece entre los escombros con la esperanza de hallar a su hermano, sostiene: “Cualquier cambio que le quite poder al gobierno actual, de cualquier forma, es positivo”.
Las declaraciones de Rodríguez no convencieron a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, cuya influencia en el país ha sido determinante desde que fuerzas especiales capturaron al dictador Nicolás Maduro en enero. Apenas tres días después de su dura crítica, el líder chavista rectificó por completo y anunció diálogos con la oposición sobre esos mismos temas. Poco tiempo después, Rubio elogió abiertamente la iniciativa.
El diálogo cara a cara arrancó el 6 de agosto. Washington designó a Dinorah Figuera como jefa del equipo opositor. Figuera presidió la Asamblea Nacional elegida en 2015, considerado el último parlamento legítimo para Estados Unidos. Los otros cinco negociadores son también diputados exiliados de esa misma instancia. La delegación oficialista la encabeza Rodríguez, mientras que su hermana, Delcy Rodríguez, funge como presidenta encargada y había sido vicepresidenta durante el mandato de Maduro.
Después de seis días de intensas conversaciones, la primera ronda cerró el 12 de agosto con un comunicado conjunto que anunció mayor cooperación y un acuerdo preliminar sobre reforma judicial, incluyendo un sistema novedoso para designar a los magistrados del Tribunal Supremo. Paola Bautista de Alemán, figura relevante del partido de Figuera, celebró el avance como “un paso importante hacia la democracia”. Asimismo, se comprometieron a trabajar mancomunadamente para liberar las reservas de oro congeladas en el Banco de Inglaterra y usarlas en favor de los afectados por los terremotos.
Esta es la primera ofensiva de calibre mayor de la administración de Donald Trump para transformar la política venezolana desde la operación de enero. Hasta entonces, el foco había estado en potenciar la extracción de petróleo y minerales para empresas estadounidenses. El proceso es controversial, pues María Corina Machado, la líder opositora más relevante, quedó al margen. El chavismo, que ha gobernado por 27 años, conoce bien la estrategia de dilatar cualquier cambio real. No obstante, existen razones para el optimismo: la agenda pactada es razonable, la ausencia de Machado por ahora no es un obstáculo insalvable y, sobre todo, la Casa Blanca dispone de un poder de presión colosal. Mucho dependerá de cómo utilice ese poder.
El sello de Washington se percibe por doquier. La administración colabora con Figuera desde febrero y participó en reuniones preliminares en Madrid para delinear la hoja de ruta. En Caracas, la delegación opositora se alojó en el hotel Marriott, centro de operaciones diplomáticas de EE.UU. Los negociadores se movilizan en vehículos oficiales de la embajada y cuentan con protección estadounidense. Figuera tiene comunicación directa con Rubio para informar sobre los progresos. Fue, en definitiva, la Casa Blanca la que obligó al régimen a sentarse a negociar.
Hay motivos concretos por los cuales las negociaciones ocurren ahora. En Washington, con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte, ambos partidos presionan por resultados en Venezuela. Además, la industria petrolera, prioridad de Trump, no despega, lo que frena la estabilidad económica. La demora en definir el régimen tributario y la desconfianza inversora sobre el Estado de derecho han generado escasos acuerdos en el sector. La Casa Blanca parece haber entendido que el avance político es requisito previo para atraer capitales importantes.
La hoja de ruta oficial tiene tres ejes: ayuda a las víctimas de los sismos, fortalecimiento democrático y garantías políticas. Para cada uno se conformarán mesas de trabajo. En el segundo eje, el punto central es la modificación del consejo electoral y el Tribunal Supremo. Esas instancias, encargadas de organizar y validar los comicios, fueron clave para que Maduro se atribuyera el triunfo en las presidenciales de julio de 2024, cuando en realidad venció el candidato impulsado por Machado.
Reconstruyendo la democracia
Se anticipan discusiones complejas en torno a la integración del consejo electoral (compuesto por cinco miembros) y de las salas electoral y constitucional del máximo tribunal. Numerosos dirigentes opositores se hallan inhabilitados y sus organizaciones políticas han sido intervenidas por el oficialismo. La restitución de esos derechos será materia de debate. Los tiempos son ajustados: Figuera advierte que la reforma del consejo electoral debe estar lista antes de diciembre; para el Tribunal Supremo, el límite es noviembre; y para los derechos políticos, octubre. Resulta evidente que el calendario lo impone Rubio.
Para el oficialismo, la prioridad es el fin de las sanciones y la posibilidad de acceder a los activos estatales congelados. En ese contexto, la ayuda a los damnificados, un tema necesario y poco conflictivo, se ha incluido estratégicamente: abre la puerta a dialogar sobre los fondos en el exterior.
Según The Economist, existen al menos dos asuntos adicionales. La situación de los presos políticos, aunque no figura en la agenda formal, podría mencionarse tangencialmente. Unos 380 reclusos siguen tras las rejas, mientras que aproximadamente 900 han sido liberados desde enero. El otro punto son las garantías para quienes dejen el poder después de unos comicios, asunto espinoso y decisivo. Si Delcy Rodríguez y sus allegados consideran que una derrota electoral implicaría enfrentar la justicia por sus delitos, harán lo imposible por bloquear concesiones reales.
Una parte de la ciudadanía anhela que el diálogo derive en un calendario electoral integral. Pero eso parece poco factible. Más bien, será el nuevo consejo electoral el que fije las fechas. Como máximo, los negociadores podrían esbozar plazos generales, que luego el consejo tendría que precisar. Es casi seguro que el chavismo impulsará primero elecciones regionales para postergar las presidenciales.
El camino que viene será pedregoso. Ni siquiera las partes coinciden en el objetivo del diálogo. La oposición dice estar negociando el fin de la dictadura; el régimen lo ve como un mecanismo para administrar una confrontación política bilateral de largo aliento. Además, las tensiones internas en el oficialismo son crecientes. Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela bajo el fallecido Hugo Chávez, ha arremetido contra lo que considera un saqueo del país por parte de la plutocracia estadounidense. Califica a Delcy Rodríguez de “gobernadora colonial” y reclama una postura más firme de la clase política venezolana frente a Trump. Jaua rechaza estas conversaciones y pide un proceso con participación de todos los sectores.
El chavismo es un experto en ganar tiempo y en incumplir acuerdos. Se trata al menos del octavo diálogo formal y de la decimoctava iniciativa de concertación desde 1999, y el régimen continúa en el poder. Según Phil Gunson, analista del International Crisis Group en Caracas, la administración Trump carece de experiencia con Venezuela y parece actuar sobre la marcha. Para disgusto de la oposición, Estados Unidos no estará presente en todos los encuentros entre las partes.
Pese a todo, Rubio está decidido a lograr un éxito en Venezuela. Su poder sobre el régimen es enorme: más de USD 14.000 millones en ingresos petroleros venezolanos en lo que va del año van a parar a cuentas del Tesoro estadounidense. Los desembolsos al chavismo dependen en última instancia de la aprobación de Rubio. También pesa la amenaza militar: desafiar al país que ya derrocó a su presidente es algo muy distinto a ignorar a Noruega, que facilitó el diálogo anterior en 2022. Desde el 3 de enero, la cúpula gobernante ha hecho esfuerzos extremos por complacer a Trump: aprobó a la fuerza una nueva ley petrolera, extraditó a un exministro y colabora con Washington en seguridad.
Lo que no está claro es si la administración Trump empleará esa influencia para propiciar una transición democrática. Mientras Rubio parece apostar por los comicios, Trump no ha dado señales claras. En julio, llegó a decir: “Delcy ha hecho un trabajo fantástico”.
Otra gran inquietud es la exclusión de Machado, una decisión atribuible a Estados Unidos. Washington considera que, al ser posible candidata, no debería interferir en la redacción de reglas electorales. Además, el oficialismo siente animadversión hacia ella, por lo que su participación podría haber entorpecido el diálogo y elevado el riesgo de un fracaso.
Machado tenía una visión distinta del proceso. A fines de mayo reunió en Panamá a varios partidos opositores, que acordaron públicamente que ella sería la líder de las negociaciones. Washington ignoró ese pacto. Posteriormente, después de los terremotos, se le prohibió regresar a Venezuela en dos ocasiones, con participación de la administración Trump en esa decisión. Sigue en Panamá.
La situación ha fracturado al antichavismo. Justicia Primero, el partido de Figuera, asegura que informaron a Machado del plan estadounidense en cuanto se conoció, en abril. Machado, en cambio, dice que no fue consultada. Las dos formaciones opositoras presentes en la mesa de diálogo habían respaldado en Panamá, en mayo, que Machado dirigiera cualquier negociación. Círculos cercanos a ella hablan de “traición”.
Justicia Primero insiste en que se invitó a Machado a integrar un grupo consultivo de personalidades para orientar a los negociadores, pero ella no aceptó. “La confianza se ha roto”, declara Henry Alviárez, dirigente del partido de Machado en Venezuela. Aun así, Machado se comprometió a no entorpecer el diálogo y a evaluarlo por sus resultados.
La falta de Machado resta legitimidad al proceso. Si estuviera en el país y respaldara el diálogo, su enorme respaldo popular actuaría como presión sobre el régimen. Además, sin ella es más complejo discutir las garantías para quienes pierdan el poder. En unos comicios libres, Machado sería la candidata con más opciones. Para que esas garantías sean verosímiles, el chavismo debe estar convencido de que las respetará.
El oficialismo sostiene que Machado está legalmente inhabilitada para postularse. Sus seguidores temen que la administración Trump levante esa traba para acelerar la transición, una idea que la propia Machado descarta con firmeza.
Ese complot parece poco factible. Pero, como casi todo en Venezuela, termina dependiendo de Rubio y, en especial, de Trump.
Fuente: Infobae