La organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón (JEP) ha denunciado que los familiares de los presos políticos están siendo sometidos a una práctica que califican como “castigo extendido”. Según el informe, esta modalidad forma parte de una “asfixia sistemática” que el régimen chavista despliega contra los seres queridos de los detenidos.
La ONG advierte que no se trata solo de un acoso institucional activo, sino de una situación mucho más grave:
“No se trata únicamente del acoso institucional activo, sino de la amenaza latente de persecución, represalias y hostigamiento que pende sobre los familiares si hablan, denuncian o manifiestan algún tipo de queja”.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez afirma haber beneficiado a más de 8 mil personas en el marco de la Ley de Amnistía promulgada por el Ejecutivo, JEP sostiene que más de 500 personas continúan en prisión por razones políticas. La mandataria encargada y su hermano Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, aún no han cumplido su promesa de liberar a todos los presos políticos. Ante esto, los familiares realizan vigilias frente a diversos centros de reclusión, así como en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Caracas, exigiendo la excarcelación inmediata.
JEP destaca “el desgaste diario y la zozobra de quienes se ven obligados a mantener vigilias prolongadas bajo condiciones de extrema precariedad a las afueras de los centros penitenciarios”, subrayando que los manifestantes “pertenecen en su gran mayoría a los sectores socioeconómicos más vulnerables”.
Quiebre familiar y migración forzada
La organización también pone el foco en los casos de familias “en situación de migración forzada”, que tuvieron que huir del país para proteger su integridad. Tras el reciente terremoto, estas familias “carecen de los medios económicos o legales para acercarse al sitio” y verificar el estado real de sus allegados. JEP enfatiza:
“Al forzar el desarraigo, la asfixia económica y el quiebre psicosocial del núcleo familiar, el aparato estatal ejecuta una transgresión directa de este mandato convencional, convirtiendo a la familia en un sujeto co-penado de facto”.
La ONG recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”.
La situación se ha agravado tras el doblete sísmico del 24 de junio, que también afectó a las cárceles donde se encuentran los presos políticos. JEP señala que “la vigencia de este entramado de terror psicológico, silencio y exclusión económica se confirmó este último fin de semana”. Las graves denuncias de torturas ocurridas en la cárcel Rodeo I a partir del 5 de julio han sido recibidas con una “opacidad absoluta” por parte del aparato estatal, que al omitir cualquier explicación oficial prolonga deliberadamente la desesperación y la tortura psicológica sobre las familias.
El informe de JEP concluye que “mantener a las familias en un estado de incertidumbre legal prolongada y bajo la amenaza latente de recapturas” opera como un suplicio psicológico continuo que destruye la salud mental del entorno, lo que, según la organización, encuadra perfectamente en los estándares internacionales sobre tortura psicológica por extensión.
Fuente: Infobae