Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) ha puesto en evidencia la grave situación que enfrentan los defensores de la tierra y los territorios ancestrales, especialmente los pueblos indígenas y afrohondureños. Según el documento, entre 2015 y 2025 se registraron 48 asesinatos de defensores en hechos violentos, y entre 2016 y 2025 se acumularon 227 quejas por riesgo o desplazamiento forzado interno.
El organismo advierte que la falta de protección efectiva de los derechos territoriales y el contexto de impunidad agravaron los riesgos para quienes defienden los recursos, las tierras y los derechos colectivos de sus comunidades. La situación no se limita a los homicidios, sino que abarca una amplia gama de violaciones.
De las 227 quejas presentadas ante la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH, el 55% fueron interpuestas por hombres y el 45% por mujeres. Estos datos, divulgados en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reflejan problemas estructurales persistentes en torno a la tenencia de la tierra y la protección de los territorios ancestrales.
Los registros correspondientes a 2025 muestran que los conflictos vinculados con la tierra tienen un peso significativo en los casos de desplazamiento y riesgo. Durante ese año, el CONADEH recibió 19 quejas relacionadas con personas de pueblos indígenas y afrohondureños. De ese total, seis estuvieron vinculadas con despojo de tierras y otras cuatro con amenazas.
El organismo considera que esta tendencia confirma la relación entre el desplazamiento y los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, aunque advierte que no se trata de la única forma de violencia presente en los territorios. Entre las demás situaciones denunciadas aparecen casos de usurpación de propiedades, despojo de viviendas, violencia intrafamiliar y doméstica, violencia sexual, tentativas de homicidio, lesiones, rapto y discriminación.
Los datos de 2025 también permiten identificar a los pueblos que presentaron la mayor cantidad de quejas. De las 19 denuncias, siete fueron presentadas por personas miskitas, seis por lencas, tres por tolupanes, dos por garífunas y una por integrantes de la población negra de habla inglesa.
Las denuncias se distribuyeron en siete departamentos de Honduras. Gracias a Dios registró la mayor cantidad, con siete quejas. Le siguieron Yoro, con cinco, y Santa Bárbara, con tres. También se reportaron casos en Comayagua, Islas de la Bahía, Atlántida y Cortés, con una denuncia en cada uno.
Otro aspecto señalado es la relación entre las víctimas y los presuntos agresores. En siete de las denuncias de 2025, los responsables eran personas conocidas por las víctimas, mientras que en tres casos se trataba de familiares. La información también identifica la participación o el señalamiento de integrantes de fuerzas de seguridad del Estado, militares, maras, bandas criminales y delincuentes comunes.
Para el CONADEH, estos datos muestran que una parte de las situaciones que pueden derivar en desplazamiento ocurre dentro de entornos cercanos a las víctimas, aunque también existe la intervención de estructuras vinculadas con la violencia organizada.
El impacto del desplazamiento
Según el análisis de la institución, cuando una persona o una familia indígena o afrohondureña se ve obligada a abandonar su comunidad, también puede perder su vivienda, sus medios de subsistencia y parte de las redes sociales que sostienen la vida comunitaria.
El desplazamiento puede además provocar una ruptura con prácticas culturales y ancestrales estrechamente relacionadas con el territorio. La pérdida o restricción del acceso a las tierras también afecta el ejercicio de derechos colectivos, especialmente cuando esos espacios tienen un significado histórico, cultural y económico para las comunidades.
A estas dificultades se suman condiciones como la pobreza, el aislamiento geográfico y las limitaciones para acceder a servicios básicos, factores que pueden complicar aún más la situación de las personas obligadas a desplazarse.
La cifra de 48 defensores asesinados entre 2015 y 2025 representa uno de los principales indicadores utilizados por el CONADEH para advertir sobre los riesgos que enfrentan quienes defienden los territorios y los recursos naturales en Honduras.
El problema, además, tiene una dimensión colectiva. Cuando un defensor es atacado o una familia debe abandonar su comunidad, las consecuencias pueden alcanzar a otras personas del mismo territorio y afectar la continuidad de actividades económicas, culturales y comunitarias.
Fuente: Infobae