La Asamblea Nacional aprobó este martes 4 de agosto de 2026, con 82 votos a favor, el proyecto de reformas al Código Orgánico del Ambiente. La iniciativa recibió luz verde en segundo debate durante la sesión 113 del Pleno y pretende fortalecer el marco normativo para enfrentar los efectos del cambio climático en Ecuador.
La propuesta fue tramitada por la Comisión de Biodiversidad, presidida por la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León. Entre sus principales objetivos constan:
- El fortalecimiento de la coordinación entre instituciones públicas.
- La mejora de los mecanismos de seguimiento y actualización de la política climática.
- La incorporación de herramientas para atender las pérdidas y daños derivados de fenómenos asociados al cambio climático.
El texto, además, contempla disposiciones para reforzar los sistemas nacionales de información climática, promover la investigación científica y establecer lineamientos generales para la cooperación ambiental. Según el informe legislativo, estas reformas buscan subsanar vacíos normativos identificados en la aplicación del actual Código Orgánico del Ambiente.
Durante el debate, la asambleísta Katherine Pacheco (ADN), encargada de presentar el informe ante el Pleno, señaló que los efectos del cambio climático ya tienen impacto en distintas regiones del país a través de sequías, inundaciones e incendios, con consecuencias para la infraestructura, la producción agrícola y las comunidades. La legisladora sostuvo que la reforma dota al Estado de mayores capacidades para planificar y ejecutar acciones frente a los desafíos climáticos.
Las alertas a esta norma
La propuesta recibió el rechazo de legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), quienes plantearon observaciones sobre algunos aspectos del articulado antes de la votación final.
Por ejemplo, la asambleísta Verónica Íñiguez alertó que el proyecto “abre las puertas a las corporaciones que lavan emisiones de gases de efecto invernadero” y advirtió que comercializar el secuestro de carbono es una “privatización por la puerta de atrás”, vulnerando el artículo 74 de la Constitución que prohíbe la apropiación de servicios ambientales.
El legislador Manuel Casanova profundizó en las dudas sobre la soberanía territorial. Señaló que la ley no prohíbe expresamente que los mercados de carbono condicionen la planificación ambiental nacional.
Una de sus mayores críticas se centró en el artículo que permite delegar la operación del Registro Nacional de Carbono a terceros, lo que permitiría la entrega información estratégica y decisiones territoriales a intereses privados.
Casanova también advirtió sobre la ambigüedad en la consulta previa, libre e informada, señalando que el texto usa frases peligrosas como “el consentimiento cuando corresponda”, lo que deja en indefensión a los pueblos indígenas frente a los denominados “piratas del carbono”.
De su lado, el legislador Franklin Samaniego calificó la reforma como un “marco habilitante para mercantilizar la gestión climática”. Entre sus alertas técnicas destacan:
- Doble contabilidad: el riesgo de que una misma reducción de emisiones sea usada para metas nacionales y, simultáneamente, vendida en mercados privados, restando credibilidad al país.
- Vulnerabilidad de comunidades: la preocupación de que las salvaguardas sociales y el derecho a la consulta previa queden relegados a normas secundarias (reglamentos) y no a una ley orgánica, dejando a los pueblos indígenas a merced de los denominados “piratas del carbono”.
Pese a que el legislador Comps Córdova recordó que el Ejecutivo ya había vetado anteriormente una reforma que beneficiaba más a los dueños de los bosques, la mayoría legislativa optó por ratificar el texto actual.
Radio Pichincha
LV