El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sesiona este miércoles en Washington con un solo punto en agenda: votar si se convoca a una reunión de cancilleres del hemisferio para analizar «medidas colectivas» contra Nicaragua. Esto ocurre después de que Daniel Ortega declarara que en el país «no volverá a haber elecciones», según información de medios regionales.
La sesión extraordinaria fue solicitada por Estados Unidos, que presentó un proyecto de resolución de cinco puntos. Lo respaldan como patrocinadores Argentina, Paraguay, Panamá y Uruguay. Costa Rica también anunció su intención de sumarse al texto.
La maniobra de Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo tiene un componente constitucional específico: la reforma que avanza en la Asamblea Nacional propone ampliar el mandato presidencial de seis a siete años renovables, elevar a rango constitucional la exclusión de quienes el régimen catalogue como «golpistas» o «traidores a la patria», y extender ese mismo período de siete años al jefe del Ejército, los directores de la Policía Nacional y cerca de 7,000 cargos adicionales entre electivos y ratificados por el Parlamento.
La resolución y sus alcances
El proyecto de resolución estadounidense, titulado Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para Considerar la Situación en Nicaragua, señala que las declaraciones de Ortega y la reforma constitucional representan un «rechazo directo» al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes mediante elecciones libres.
La misión diplomática de Estados Unidos ante la OEA calificó la situación como una «amenaza para el interés común» del hemisferio, con consecuencias sobre el orden democrático, los derechos humanos, el desplazamiento forzado y la represión transnacional.
El texto también aclara explícitamente que la resolución «no constituye una autorización para el uso de la fuerza armada» y encarga a la presidencia del Consejo Permanente y a la Secretaría General preparar el temario de la eventual reunión de cancilleres. Esa reunión, según la Carta de la OEA, procede cuando hay asuntos de «carácter urgente y de interés común» y requiere mayoría absoluta de votos del Consejo para ser convocada.
Límites del debate diplomático
El politólogo nicaragüense Manuel Orozco, en un análisis publicado por medios locales, consideró «poco probable» que la sesión concluya con una decisión colectiva de presionar material y coercitivamente a Nicaragua. Su análisis apunta a que la propuesta más realista a corto plazo en el ámbito diplomático multilateral de Estados Unidos es que tanto el secretario Marco Rubio como el subsecretario Christopher Landau recomienden conformar un nuevo Grupo de Trabajo sobre Nicaragua.
El límite práctico del debate tiene una razón estructural: Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en retirarse voluntariamente del organismo, después de Venezuela. Managua no tiene representación ante el Consejo, aunque sigue vinculada al sistema interamericano a través de entes autónomos y especializados. Las resoluciones que emita el organismo, de concretarse la reunión de cancilleres, tampoco tendrán efectos vinculantes para el régimen.
Declaración conjunta de diez naciones
Horas antes de la sesión, 10 países del hemisferio suscribieron una declaración conjunta distribuida por la propia OEA. Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay afirmaron que «unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular».
El texto conjunto advierte que las medidas del régimen «menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos» y resultan incompatibles con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Los signatarios exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y a garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad.
El llamado del exilio nicaragüense
Antes de que el Consejo se reuniera, una decena de organizaciones nicaragüenses en el exilio enviaron una carta a la OEA para alertar sobre el agravamiento de la crisis y pedir una respuesta coordinada. Entre los firmantes figuran la Unidad Nacional, Unamos y Ciudadanos por la Libertad (CxL).
«No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo», sostiene el documento.
Las organizaciones describen a Nicaragua como «un desafío para la seguridad hemisférica» por sus impactos regionales: desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, persecución transnacional, alianzas con países autoritarios y una creciente presión sobre los países receptores de exiliados y migrantes.
Fuente: Infobae