La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, encargada de investigar los delitos más graves del conflicto armado hasta diciembre de 2016, imputó este martes a 27 excomandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La JEP los encontró como máximos responsables de hechos como desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual.
“Por décadas, estos crímenes permanecieron en la impunidad. En la justicia ordinaria, el 97% de estos hechos no llegaron a juicio, y cerca del 90% de las investigaciones penales no superaron la etapa preliminar”, señaló la JEP en un comunicado. El objetivo es esclarecer las responsabilidades de la antigua guerrilla en zonas históricamente marginadas del país.
La decisión cubre territorios de la cordillera Oriental, la Orinoquía y la Amazonía, abarcando los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo, así como partes de Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas.
Entre los 27 imputados figuran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las FARC-EP que tuvieron mando en los bloques Oriental o Sur: Rodrigo Londoño (alias ‘Timochenko’), actual presidente del partido Comunes; Julián Gallo (alias ‘Carlos Antonio Lozada’); Jaime Alberto Parra (alias ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’); y Milton de Jesús Toncel (alias ‘Joaquín Gómez’).
Crímenes no amnistiables y violencia basada en género
De los once macrocasos que investiga la JEP, las imputaciones de este martes corresponden a los macrocasos 10 y 11. El primero trata sobre crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP, mientras que el segundo aborda violencia basada en género, violencia sexual y reproductiva, y otros delitos relacionados con la orientación sexual.
Esta es la primera imputación del Caso 10, que investiga los crímenes más graves de la antigua guerrilla no cubiertos en otros macrocasos. También es la primera imputación conjunta con el Caso 11, que incluye delitos de violencia de género y sexual contra la población civil, como la toma de Puerto Rico (Meta) en 1999, cuando un grupo de guerrilleros agredió sexualmente a diez mujeres, entre ellas una niña de 13 años.
“Estos comparecientes fueron imputados después de una rigurosa investigación que tuvo en cuenta los relatos de 2.436 víctimas acreditadas que los señalan como responsables de lo que sufrieron”, subrayó el tribunal.
Entre las víctimas se incluyen campesinos, docentes, líderes comunales, comunidades de fe, mujeres y personal militar y policial.
La decisión también aborda hechos que marcaron la historia reciente del país, como el atentado al Club El Nogal en Bogotá (7 de febrero de 2003), que dejó 36 muertos y 198 heridos; la casa bomba en Neiva; y los asesinatos del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado y sus escoltas (2 de noviembre de 1995).
¿Cómo sigue el proceso?
Una vez notificados, los 27 imputados tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o rechazarlos. Si niegan su responsabilidad, el caso podría pasar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como fiscalía de la JEP, y terminar en un juicio similar al de la justicia ordinaria, con posibles penas de hasta 20 años de cárcel.
“Esta Jurisdicción espera que los comparecientes cumplan con sus obligaciones de aportar verdad y de reparar a las víctimas. Para eso, les ordena ampliar la información sobre hechos concretos imputados”, indicó la JEP. Si hay reconocimiento de responsabilidad y aportes de verdad, la JEP convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, donde los imputados “darán la cara” a la justicia, las víctimas y el país.
Posteriormente, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que trasladará el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. Allí se incluirán a quienes hayan aportado verdad y reconocido su responsabilidad, considerados para sanciones restaurativas, las cuales serán consultadas con las víctimas, tendrán un enfoque reparador e incluirán “restricciones efectivas de libertad y otros derechos sin cárcel”.
Fuente: Infobae