Alcaldes procesados, familiares vinculados a investigaciones, jueces denunciados y expedientes que, según el fiscal, permanecieron durante años sin avances. Frente a las acusaciones de que la Fiscalía General del Estado concentra sus actuaciones en figuras vinculadas al poder político, Leonardo Alarcón responde con una frase: “Todos tienen el mismo trato”.
El fiscal general encargado defendió las investigaciones que marcaron las últimas semanas y aseguró que fiscales, jueces, prefectos, alcaldes o ministros pueden enfrentar procesos si existen elementos que sustenten una investigación.
“Mientras yo me encuentre en calidad de fiscal encargado, procederé de manera objetiva y sin miramiento alguno, si son prefectos, fiscales, ministros, porque todos tienen el mismo trato”, afirmó Alarcón.
Alarcón: “De ninguna manera existe una persecución política”
Una de las principales preguntas de la entrevista giró alrededor de la concentración de procesos penales contra autoridades y personajes políticos.
Alarcón rechazó que exista una directriz para perseguir a determinados actores.
Como argumento, sostuvo que varios de esos procesos comenzaron antes de su gestión y superaron diferentes etapas judiciales. Según explicó, los jueces cumplen el papel de revisar los elementos presentados por Fiscalía y determinar si una causa puede avanzar hacia las siguientes fases procesales.
Para Alarcón, que un investigado ocupe un cargo público no puede impedir una actuación penal.
“Si una persona, un alcalde, un consejero, un prefecto, comete un delito, ¿no lo podemos procesar y vamos a llamarlo persecución política?”, cuestionó.
Triple A: la ausencia de la denunciante no detiene el proceso
El fiscal también respondió a los cuestionamientos por la ausencia de Nicole Bermúdez, denunciante dentro del caso Triple A.
Según lo expuesto durante la entrevista, Bermúdez no estuvo presente durante buena parte del proceso ni compareció a una audiencia reciente, mientras la Policía habría informado que no logró localizarla.
Alarcón aseguró que su ausencia no invalida ni paraliza la causa, debido a que la titularidad de la acción penal pública corresponde a Fiscalía.
Explicó que incluso si una persona que presentó inicialmente una denuncia se retira del proceso, Fiscalía puede continuar las investigaciones cuando se trata de un delito de acción pública.
También señaló que la comparecencia de Bermúdez había sido solicitada como prueba por uno de los sujetos procesales y sostuvo que cada parte tiene la responsabilidad de garantizar la presencia de los testigos y peritos que solicita.
Según Alarcón, Fiscalía sí presentó su prueba documental, testimonial y pericial dentro del proceso. La valoración de esos elementos corresponde al tribunal.
¿Por qué Alarcón no declaró como testigo?
Otro punto de controversia surgió después de que un tribunal negara la posibilidad de que Alarcón declarara como testigo dentro del caso Triple A.
El fiscal explicó que él intervino previamente como fiscal de la causa, por lo que rechazó que su testimonio pudiera incorporarse como una prueba independiente.
Alarcón calificó el intento de llevarlo al juicio como testigo como una estrategia para “mediatizar” el proceso y cuestionar a la institución.
Caso Goliat: Fiscalía explica por qué buscó vincular a familiares de Aquiles Álvarez
Alarcón también se refirió al caso denominado Goliat, relacionado —según su explicación— con una investigación por presunto lavado de activos.
El fiscal sostuvo que la investigación analiza el destino de recursos que presuntamente provendrían de la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Según su versión, Fiscalía identificó empresas relacionadas con la esposa y la madre de Aquiles Álvarez, razón por la cual solicitó actuaciones dentro de la investigación.
Alarcón insistió en que el parentesco con una autoridad política no constituye la razón de una investigación y que la actuación fiscal debe sustentarse en elementos de convicción.
Las afirmaciones corresponden a la tesis de Fiscalía dentro de un proceso penal y no constituyen una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal solo puede establecerla un tribunal mediante sentencia.
¿Por qué Fiscalía denunció a jueces?
La entrevista también abordó otro punto sensible: las actuaciones de Alarcón frente a jueces que participaron en una de estas causas.
El fiscal explicó que recibió un informe del agente encargado del caso sobre una presunta falta de imparcialidad de determinados magistrados.
Según su relato, como fiscal general tenía la obligación de trasladar esa información al Consejo de la Judicatura.
Alarcón negó que esta actuación convierta a Fiscalía en “juez y parte” porque, argumentó, la decisión administrativa sobre los jueces corresponde a la Judicatura y no a la institución que dirige.
Alcaldes bajo investigación: “Ningún fiscal se va a prestar para procesar a una persona sin elementos”
Alarcón también habló sobre los procesos que involucran a autoridades municipales.
Durante la entrevista mencionó investigaciones relacionadas con autoridades de Esmeraldas, Pujilí, Jipijapa, Guayaquil y Camilo Ponce Enríquez.
Frente a los cuestionamientos por la cantidad de autoridades locales involucradas, sostuvo que los procesos responden a investigaciones desarrolladas por fiscales provinciales.
También argumentó que una prisión preventiva requiere una decisión judicial y que, por tanto, Fiscalía no decide unilateralmente la aplicación de esa medida.
Alarcón asegura que encontró expedientes “dormidos”
Una de las declaraciones más relevantes de la entrevista apunta hacia el funcionamiento interno de Fiscalía.
Según explicó, ordenó avanzar en esas investigaciones con apoyo de la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
El fiscal no precisó durante la entrevista cuántos expedientes estaban paralizados, durante cuánto tiempo permanecieron en esa situación ni qué funcionarios tuvieron responsabilidad sobre esos retrasos.
Ese dato queda como uno de los asuntos pendientes de la declaración y abre una interrogante sobre la gestión interna de las investigaciones penales.
Caso Lisette Bouchy: Fiscalía mantiene la investigación previa
Alarcón también respondió sobre la desaparición de Lisette Bouchy, cuyo caso generó reclamos de familiares y movilizaciones frente a Fiscalía.
Los familiares solicitaron que se exploren diferentes hipótesis y que se reconstruyan los hechos alrededor de la desaparición.
El fiscal evitó anticipar una calificación penal.
Explicó que la causa se encuentra en investigación previa, etapa en la que existe reserva sobre las diligencias y elementos recopilados.
Alarcón aseguró que los fiscales responsables trabajan bajo el principio de celeridad y prometió respuestas “a corto tiempo”.
El Telégrafvo