El representante a la Cámara Daniel Briceño, miembro del partido Centro Democrático, encendió las alarmas este domingo 2 de agosto de 2026 al denunciar que el Ministerio de Igualdad —actualmente en proceso de liquidación— habría dejado ‘amarradas’ a 1.270 personas mediante un contrato de servicios temporales que compromete más de $30.000 millones de recursos públicos. La denuncia, difundida en sus redes sociales, apunta a una maniobra que se habría ejecutado en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.
Según la información revelada por Briceño, la dependencia —cuyo cierre fue ordenado por la Corte Constitucional a partir del 20 de junio— suscribió un contrato de prestación de servicios con la firma Laborando S.A.S. por un valor de hasta $30.275.999.986 para la ejecución y gestión operativa del programa Jóvenes en Paz. El legislador calificó el hecho como un presunto detrimento patrimonial en medio del proceso de liquidación que atraviesa la entidad.
El documento divulgado por Briceño detalla que la cantidad de 1.270 personas corresponde a una proyección de necesidades y puede ajustarse según los requerimientos del servicio y la disponibilidad presupuestal. Sin embargo, el congresista presentó el caso como una contratación cerrada que dejaría atados a cientos de trabajadores, mientras el ministerio aún adeuda salarios a otros contratistas. “El Ministerio de la Igualdad que ya está en liquidación esta semana dejó amarradas 1.270 personas a través de una empresa de servicios temporales. Se entregará un anticipo de $9.082.799.996. Se van a llevar hasta los inodoros”, afirmó Briceño en su cuenta de X, a cinco días del fin del mandato presidencial, en medio de fuertes denuncias de corrupción.
El contrato, tramitado bajo una invitación a contratación directa, involucra como partes al Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y a Laborando S.A.S., que recibiría los multimillonarios montos. Briceño mostró copia del acuerdo para respaldar sus señalamientos.
Distribución de las 1.270 plazas en el programa Jóvenes en Paz
El objeto del contrato, reproducido textualmente, señala que se requiere “contratar el servicio de una empresa de servicios temporales para la vinculación del Talento Humano necesario para la ejecución y gestión operativa del Programa Jóvenes en Paz”, hasta un total de 1.270 personas en misión. La distribución prevista divide ese personal en cuatro grupos:
- Unidad de Gestión: 75 personas, encargadas de dirección estratégica, planeación institucional, coordinación operativa, seguimiento, monitoreo, control, gestión administrativa, documental y contractual, comunicaciones y gestión de la información.
- Equipo Territorial: 1.016 personas, como principal componente operativo en los territorios priorizados.
- Equipo Gerencial de Apoyo: 15 personas, para reforzar tareas de dirección, coordinación, supervisión y toma de decisiones estratégicas.
- Equipo de Atención Integral a Jóvenes en Contextos Críticos y de Emergencia Social: 164 personas, enfocadas en situaciones de alta vulnerabilidad social y crisis territoriales.
El documento especifica que el anticipo corresponde al máximo del 30% del valor total del contrato, es decir, $9.082.799.996.
Plazo, ajustes y alcance del acuerdo
El contrato fija un plazo de cuatro meses, con operación comprendida entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de octubre de 2026. No obstante, el parágrafo sobre el plazo añade que el acuerdo operará con una bolsa de recursos de tope máximo y prevé la posibilidad de ampliarse sin cambiar la naturaleza del contrato ni el límite de su valor.
Asimismo, se aclara que la cifra de 1.270 personas no es definitiva, sino que responde a una proyección de necesidades operativas, técnicas, administrativas y territoriales para el período contractual, con soporte en el plan de acción del programa. Esto abriría la puerta a aumentos, reducciones, redistribuciones o ajustes entre equipos según los requerimientos del servicio. La denuncia de Briceño ha generado una fuerte ola de comentarios en plataformas digitales, mientras la opinión pública espera pronunciamientos oficiales sobre el uso de recursos públicos en una entidad en liquidación.
Fuente: Infobae