Las denuncias por desaparición de personas en Ecuador continúan en aumento. Entre enero y junio de 2026 se registraron 3.909 reportes, un 2,8 % más que en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 3.804 casos. Se trata de la cifra semestral más alta desde 2020, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior. Enero fue el mes con mayor número de denuncias (715), seguido de marzo (688) y abril (646).
Hasta el 30 de junio de 2026, 645 personas permanecían desaparecidas, mientras que 3.067 fueron localizadas con vida y 197 fueron encontradas sin vida. Las provincias con mayor número de reportes fueron Guayas (945), Pichincha (913) y Manabí (255), seguidas de El Oro (210), Azuay (189), Los Ríos (186), Chimborazo e Imbabura (134 cada una), Cotopaxi (122) y Tungurahua (118).
Las mujeres concentraron el 55,5 % de las denuncias, con 2.169 casos, frente a 1.740 hombres. Sin embargo, de las 197 personas halladas fallecidas, 178 eran hombres y 19 mujeres, por lo que el 90,4 % de los desenlaces mortales correspondió al sexo masculino.
Aumentan las desapariciones de menores
Uno de los datos más preocupantes corresponde a niñas, niños y adolescentes. Durante el primer semestre de 2026 se reportaron 2.143 desapariciones de menores de edad, de las cuales 1.960 correspondieron a adolescentes y 183 a niños y niñas. Al cierre de junio, 273 menores seguían desaparecidos, es decir, 158 más que en el mismo período de 2025, cuando permanecían sin ser localizados 115. Esto representa un incremento del 137 %.
Las adolescentes son el grupo más afectado. Del total de desapariciones de menores, 1.534 correspondieron a mujeres adolescentes, lo que representa cerca de ocho de cada diez casos de ese segmento poblacional. Las edades con mayor incidencia fueron 14, 15 y 16 años, aunque también se registraron 186 adultos mayores desaparecidos.
Quito concentra nueve de cada diez casos en Pichincha
En Pichincha se reportaron 913 desapariciones entre enero y junio de 2026. De ellas, 823 ocurrieron en Quito, equivalente al 90,1 % del total provincial. En la provincia, 818 personas fueron encontradas con vida, 50 permanecían desaparecidas y 45 fueron halladas sin vida.
En el Distrito Metropolitano de Quito, 470 desapariciones estuvieron relacionadas con causas personales, lo que representa el 57,1 % del total. Además, se registraron 121 casos asociados a conflictos familiares, 33 vinculados a un posible delito y 79 desapariciones involuntarias. De estas últimas, 43 personas fueron encontradas fallecidas y 36 con vida.
Organizaciones denuncian falta de respuesta estatal
El problema volvió a ocupar la atención pública tras varios casos recientes ocurridos en Quito, entre ellos los de Héctor Vinicio Rojas y Mónica Paulina Luzuriaga, funcionarios públicos que fueron reportados como desaparecidos y posteriormente hallados muertos. También continúa la búsqueda de Lizeth Esthela Bunshi Muñoz, desaparecida desde el 19 de julio, y de Pablo David Llanes Páramo, hijo del político Henry Llanes.
Lidia Rueda, representante de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), aseguró que existe un subregistro, ya que muchas desapariciones nunca son denunciadas. En declaraciones a Radio Pichincha, sostuvo que los recientes casos con desenlaces fatales reflejan la crisis de seguridad y la falta de una respuesta efectiva del Estado.
“Las autoridades se limitan a decir que las personas estaban deprimidas o que no saben qué ocurrió. Esa no es la respuesta. Se necesita prevención, personal especializado, técnicas de investigación y una verdadera política pública”, afirmó.
En la misma línea, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil considera que el Estado aún no dimensiona la gravedad del problema y cuestiona la falta de coordinación entre la Fiscalía, la Policía y las instituciones encargadas de brindar atención a las familias.
Una ley que aún no se cumple plenamente
Desde 2020, Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que creó el Sistema Nacional de Búsqueda y establece que toda denuncia debe activar una búsqueda especializada, inmediata, diligente y permanente.
La normativa también contempla atención psicológica, jurídica y social para los familiares, además de la coordinación entre instituciones y la actualización permanente del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
No obstante, organizaciones de derechos humanos sostienen que estas disposiciones aún no se aplican de manera oportuna ni coordinada, lo que continúa dificultando la localización de las personas desaparecidas y la atención integral a sus familias.
Radio Pichincha
LV