Después de permanecer 61 días sin aparecer en público, Daniel Ortega volvió a la escena política el pasado 19 de julio. Su regreso, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista en la Plaza de la Fe de Managua, estuvo marcado por una afirmación que generó una oleada de críticas internacionales.
Frente a miles de simpatizantes, el mandatario declaró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Con estas palabras, apuntó directamente a la oposición, a la que acusó de estar al servicio de Estados Unidos y de sectores somocistas.
En ese mismo discurso, Ortega anunció que coordinaría con la Asamblea Nacional la creación de un “muro” legal con el objetivo de impedir que esos sectores regresaran al poder mediante el voto.
Reacciones en cadena desde el exterior
Lo que comenzó con aplausos entre los asistentes al acto se transformó rápidamente en una tormenta diplomática. El video del discurso circuló sin demora y desató la condena de gobiernos, organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes interpretaron las palabras de Ortega como la confirmación del abandono de cualquier simulacro de democracia electoral.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio calificó la declaración como una muestra de “la cobardía y el miedo a la voluntad del pueblo” por parte de la cúpula gobernante, integrada por Ortega y Rosario Murillo. Rubio instó a la comunidad internacional a una respuesta conjunta.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) también se pronunció con celeridad. Su secretario general, Albert Ramdin, señaló que estas declaraciones simplemente formalizaban una realidad que el régimen ya había evidenciado en los últimos años: el abandono total de la democracia y de su fachada.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que las afirmaciones de Ortega eran incompatibles con los principios democráticos y confirmaban la consolidación de un sistema autoritario caracterizado por la represión de derechos y libertades.
Al día siguiente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó que estos hechos profundizaban las restricciones a las libertades y el desmantelamiento del espacio cívico en Nicaragua. Türk exigió el restablecimiento del Estado de derecho y la garantía del voto sin discriminación política.
En América Latina, las críticas no se hicieron esperar. Panamá y República Dominicana llamaron a consultas a sus embajadores en Managua, calificando la eliminación del derecho al voto como un ataque a la democracia. Costa Rica recordó que nunca reconoció los comicios de 2021 y su presidente, Rodrigo Chaves, fue contundente: “Gracias a Dios Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones”. El Congreso costarricense aprobó una moción unánime de condena.
Analistas y opositores nicaragüenses en el exilio interpretaron el discurso como un paso más en el proceso de concentración del poder, que ya había incluido la cancelación de partidos, el encarcelamiento de precandidatos y el cierre de organizaciones civiles.
El Parlamento se alinea con el “mandato”
Mientras las condenas se multiplicaban, el régimen respondió con celeridad. Dos días después del discurso, la Asamblea Nacional anunció el inicio de consultas para cumplir el “mandato” de Ortega mediante reformas constitucionales y legales.
El Legislativo informó que trabajaría en conjunto con el Consejo Supremo Electoral para diseñar el nuevo marco jurídico, y adelantó que las modificaciones serían sometidas a votación durante la primera semana de agosto.
La rapidez de la acción legislativa sugirió que las palabras de Ortega no fueron improvisadas, sino el anuncio de una decisión política ya tomada. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó que los diputados iniciarían consultas con magistrados electorales para evitar cualquier “resquicio” que permitiera la manipulación de los “imperios y sus lacayos”.
No obstante, la presión diplomática continuó en aumento. Chile y Guatemala expresaron su rechazo, mientras que en Europa, parlamentarios y funcionarios comunitarios se sumaron a las críticas. Hana Jalloul Muro, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, condenó que el gobernante hubiera arrebatado a los nicaragüenses su derecho a elegir y exigió la liberación de los presos políticos.
La estrategia de la reinterpretación
Ante el creciente aislamiento, el discurso oficial comenzó a virar. Sin desmentir a Ortega ni reconocer un error, los voceros del régimen empezaron a ofrecer una interpretación distinta de sus palabras.
La nueva narrativa sostuvo que el mandatario nunca quiso decir que desaparecerían las elecciones, sino que no volverían a celebrarse procesos supuestamente controlados por Estados Unidos.
Gustavo Porras afirmó que Ortega “no dijo que no iban a haber elecciones”, sino que nunca volverían elecciones “en manos de los imperialistas”. Según esta versión, el país continuaría celebrando comicios bajo un nuevo marco constitucional. No obstante, Porras evitó explicar quiénes podrían participar o cómo lo harían los opositores encarcelados o desterrados.
Rosario Murillo, en su primera comparecencia tras el discurso, aseguró que las reformas permitirían “procesos soberanos, libres y democráticos de elección nacional y local de autoridades”, sin injerencia extranjera. Sin embargo, nunca rectificó las palabras de Ortega ni admitió un error. Su estrategia consistió en redefinir el significado de las elecciones, manteniendo que el país tendría comicios, pero bajo reglas estatales y sin actores vinculados a intereses foráneos.
A medida que las críticas arreciaban, el tono se endureció. Tras las declaraciones de Marco Rubio, Murillo calificó de “perros” a quienes cuestionaban la decisión del Gobierno.
La maquinaria de propaganda del Frente Sandinista replicó el mensaje en redes sociales, argumentando que las palabras de Ortega habían sido “sacadas de contexto” o malinterpretadas.
Algunos propagandistas intentaron modificar el sentido literal de la frase, afirmando que Ortega dijo “no volverán a ver elecciones” en lugar de “no volverán a haber elecciones”. No obstante, la transcripción oficial del portal gubernamental El 19 Digital reprodujo la frase exacta: “no volverán a haber elecciones”. El video del discurso corroboró la versión original, debilitando el intento de reinterpretación.
Entre quienes impulsaron esta narrativa figuraron Amílcar Dubois y el estadounidense Ben Norton, quienes presentaron las críticas como parte de una campaña de desinformación externa.
Análisis de las contradicciones
Para el abogado y analista nicaragüense Yader Morazán, el cambio de discurso fue una reacción directa al costo diplomático. “El 19 de julio, cuando Ortega gritó ‘aquí no volverá a haber elecciones’, les tocaron el hombro para que aplaudieran como focas amaestradas. Esa misma noche salieron a defenderlo con uñas y dientes. Pero apenas les llovieron las reacciones internacionales, les cambiaron la versión”, afirmó.
Morazán añadió que el cambio evidenciaba la disciplina interna del aparato propagandístico: “Primero les mandan a aplaudir, después a defender, luego a mentir y al final les ordenan que digan que nosotros somos los que no escuchamos lo que todos oímos”.
Finalmente, el analista consideró que el intento de reinterpretación generó una contradicción insoluble: “El mismo que gritó ‘aquí no volverá a haber elecciones’ ahora sale con que sí van a haber, pero solo para quienes le caen bien”, en alusión a la exclusión de opositores encarcelados, desterrados o inhabilitados.
Fuente: Infobae