En Ecuador, una sentencia condenatoria no termina en los muros de concreto y alambres de púas de los centros penitenciarios. Existe una condena invisible, no escrita en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que recae con fuerza sistemática sobre los hombros de las familias, y con una crueldad particular sobre las mujeres.
El informe ‘Sostener la vida dentro y fuera de las cárceles’, elaborado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), revela cómo el sistema carcelario se sostiene gracias al sacrificio económico, físico y emocional de quienes están afuera.
El estudio, presentado este 17 de julio de 2026, identifica que el encarcelamiento de un familiar obliga a las mujeres a una reestructuración forzada de su vida cotidiana para cumplir con una “triple jornada”, que combina el trabajo remunerado (mayormente informal), las labores del hogar y la gestión logística de la cárcel.
Esta última dimensión es descrita como una práctica de “trabajo forzado por omisión estatal”, donde la mujer debe suplir la falta de alimentos, medicinas y trámites que el Estado debería garantizar.
Según los registros del CDH, el 97% de las personas que acuden a buscar ayuda por un familiar preso son mujeres (principalmente madres y parejas).
La supervivencia dentro de los pabellones tiene un costo semanal que las familias deben cubrir bajo amenaza. El informe documenta que el 61% de los familiares han sido víctimas de extorsión dentro del sistema carcelario.
Los gastos, que oscilan entre USD 124 y USD 300 mensuales, se destinan principalmente a alimentación (59.2%) y seguridad. En un contexto donde el 52.3% de estas familias gana menos de USD 100 semanales, el costo de la supervivencia es devastador.
“Yo vendo comida, a veces compro mercadería y vendo. También hago bingos. Hago cualquier cosa que pueda porque el dinero no alcanza y todas las semanas debo enviarle dinero a mi hijo para que pueda comer y saber que está bien”, indicó la madre de un preso.
Violencia sexual
La extensión del castigo alcanza su punto más oscuro en los controles de ingreso. El informe caracteriza los registros vaginales e intrusivos realizados a las mujeres como actos de tortura y violencia sexual, ya que el consentimiento está anulado por la necesidad de mantener el vínculo con el ser querido.
Los relatos describen prácticas degradantes por parte del personal encargado de la seguridad.
Otra mujer entrevistada en el informe detalla la humillación sistémica. “Yo fui a la visita y cuando entré me revisaron todo. Me hicieron bajar del interior todo para ver que no llevara nada en mis partes íntimas. Es horrible que te toqueteen, es denigrante, pero es lo que a muchas madres nos toca hacer por nuestro familiar”.
Además del costo económico y físico, las familias enfrentan una “muerte social”. El trato hostil por parte de funcionarios estatales y militares refuerza la idea de que los derechos humanos no aplican para los familiares de los detenidos.
El informe del CDH concluye que el Estado ecuatoriano ha desplazado sus obligaciones de garante hacia las familias, permitiendo que la cárcel se convierta en un mecanismo de extracción económica y desgaste vital para las mujeres más pobres del país.