La Corte Constitucional emitió la sentencia 1937-19-JP/25, mediante la cual ratificó la protección laboral reforzada para las personas con discapacidad, los padres o madres sustitutos, y extendió esa garantía a los cuidadores de personas con discapacidad.
Con este dictamen, para justificar la desvinculación de trabajadores pertenecientes a estos grupos ya no será suficiente alegar el vencimiento de un contrato o la terminación de la relación laboral, sino que deberán observarse las garantías constitucionales aplicables en cada caso.
La resolución también establece que, en adelante, los jueces no podrán rechazar acciones de protección presentadas por estos trabajadores bajo el argumento de que se trata de conflictos exclusivamente laborales. Por el contrario, deberán admitir las demandas, tramitarlas y pronunciarse sobre el fondo de las presuntas vulneraciones de derechos.
Entre los argumentos expuestos, la Corte señaló que proteger la estabilidad laboral también implica garantizar derechos como la salud, una vida digna, la igualdad y la posibilidad de brindar cuidados permanentes a las personas que dependen económica y personalmente del trabajador.
Dictamen se amplía para cuidadores y alcanza al sector privado
Respecto de quienes ejercen labores de cuidado de una persona con discapacidad, los jueces sostuvieron que esta actividad no constituye únicamente una responsabilidad familiar, sino una función que merece protección constitucional. En ese sentido, reconocieron que quienes destinan su tiempo y sus recursos al cuidado de otra persona requieren una protección especial.
El dictamen también alcanza al sector privado. Para sustentar este criterio, la Corte analizó seis casos relacionados con entidades públicas y uno correspondiente a una empresa privada dedicada a la importación y comercialización de productos agrícolas.
Empresarios cuestionan el alcance del fallo
La decisión generó reacciones en el sector empresarial. La presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, sostuvo que no debe confundirse el deber de protección que tiene el Estado en el empleo público con las relaciones laborales del sector privado, especialmente en lo relacionado con eventuales procesos de desvinculación de personas en condición de vulnerabilidad.
A criterio de Heller, el dictamen podría generar inseguridad jurídica, reducir la capacidad operativa de las empresas y, como consecuencia, disminuir las oportunidades de empleo.
Radio Pichincha
LV