El partido político Vox ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo para que se detenga de forma cautelar lo que denominan ‘la tramitación de nuevas altas automáticas’ en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Estas inscripciones estarían vinculadas a expedientes de adquisición de nacionalidad española bajo la conocida como ‘ley de nietos’, medida que, según la formación, generaría ‘daños irreversibles’.
Así consta en un documento judicial, donde se argumenta que ‘cada vez que se inscriba en el censo electoral un nuevo elector que no cumple con las exigencias acumulativas’ estipuladas en la normativa, ‘se estará produciendo una situación jurídica que vulnera el derecho de sufragio’.
Según la formación política, esta situación afecta a ‘todos y cada uno de los españoles, cuyo voto y sus efectos reales se va a diluir en un posible marasmo de votos formulados por quien carece de derecho a ser inscrito como elector’.
La ley de nietos, que surgió como una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno en 2022, habría superado con creces los límites previstos por el legislador, según la agrupación que encabeza Santiago Abascal. ‘Por su propia naturaleza, los daños que se produzcan son irreversibles’, señala el escrito.
De acuerdo con la denuncia, una instrucción emitida por la Dirección General ‘modifica y extiende el contenido’ de la ley. Dicha instrucción ‘crea un nuevo supuesto para la adquisición de la nacionalidad, modifica la naturaleza jurídica del modo de adquisición y establece una exención a la obligación de renunciar a la nacionalidad anterior’.
El abogado y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, calificó esa instrucción como ‘probablemente ilegal’, y añadió que ‘esa ilegalidad en modo alguno es inocua desde el punto de vista del derecho de sufragio’.
Exigen un control administrativo riguroso
‘La expansión del concepto de exiliado y la aplicación de la norma a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos sin prueba alguna de persecución política no se ha producido mediante reforma legislativa, sino a través de instrucciones administrativas internas que han disuelto hasta hacerla irreconocible, la voluntad del legislador’, abunda el partido.
Para Vox, la situación reviste ‘urgencia’ y exige ‘la adopción de una medida cautelar precautoria, que podría ser, igualmente, la suspensión, en tanto no se proceda a dictar sentencia, de ningún nuevo elector en el CERA, evitando así la tramitación de nuevas altas automáticas en el CERA derivados de expedientes de adquisición nacionalidad española’ amparados en la ley de nietos.
El partido advierte que ‘el CERA podría incorporar, para las próximas elecciones generales, un volumen de nuevos electores equivalente a la población censal de varias provincias españolas completas, con un impacto directo y potencialmente decisivo en la asignación de escaños’.
Además, señala que ‘teniendo en cuenta que queda al arbitrio del interesado la circunscripción donde podría ser incorporado, se produce sin duda alguna una gravísima alteración de la configuración del censo electoral’.
Finalmente, Vox pide ‘el mero control administrativo de las actualizaciones mensuales del censo’ y sostiene que ‘los riesgos y los daños al interés público en juego son nulos’, ya que al dictarse una resolución, la suspensión ‘se levantará permitiendo la inscripción en el censo electoral de los solicitantes de conformidad con el fallo’.
Fuente: Infobae