Durante los últimos cinco años, las cárceles se convirtieron en uno de los principales escenarios de la crisis de seguridad en Ecuador.
Masacres, motines, fugas, disputas entre organizaciones criminales y el control de pabellones por parte de bandas evidenciaron el deterioro del sistema penitenciario y llevaron al Estado a militarizar los centros de privación de libertad.
Militares realizan constantes intervenciones y requisas para mantener el control de los centros penitenciarios.
Frente a ese escenario, el Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029 coloca al sistema penitenciario como uno de los ejes prioritarios de la estrategia de seguridad.
El documento propone una reforma institucional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la modernización tecnológica de las cárceles y una transición gradual para que el organismo retome el control operativo de los centros penitenciarios.
El objetivo, según el plan, consiste en recuperar la gobernanza del sistema carcelario y evitar que las prisiones continúen funcionando como centros de operación de las organizaciones criminales.
Las cárceles pasan a ser zonas estratégicas de seguridad
Uno de los cambios más relevantes del PNSI consiste en declarar a todos los Centros de Privación de Libertad (CPL) como zonas de seguridad.
Con esta clasificación, el Gobierno reconoce que las cárceles forman parte de la infraestructura estratégica del Estado y, por tanto, requieren un régimen especial de seguridad articulado directamente con la política nacional.
El diagnóstico incluido en el documento sostiene que el sistema penitenciario enfrenta una “crisis estructural”, caracterizada por el hacinamiento, la violencia y las limitaciones institucionales para ejercer un control efectivo.
Hasta julio de 2025, las cárceles registraban una población de 34.612 personas privadas de libertad, con un 29,06 % de hacinamiento, según el documento.
Aunque las muertes violentas disminuyeron entre 2021 y 2024, el plan advierte que durante 2025 se produjo un nuevo incremento de homicidios dentro de los centros penitenciarios.
La apuesta del Gobierno en el sistema penitenciario
El documento fija como Objetivo Estratégico 3 la reconstrucción del sistema penitenciario como un componente esencial de la seguridad nacional.
Para cumplir esa meta, plantea una reforma integral del SNAI, la actualización del marco legal, la creación de un plan de carrera para el cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria (CVSP) y el fortalecimiento institucional del organismo.
La estrategia también contempla inversiones en infraestructura, incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia y una mayor integración de los sistemas de inteligencia penitenciaria con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras entidades estatales.
El plan establece que la administración penitenciaria deberá alcanzar la autosuficiencia institucional para que, a partir de 2027, las Fuerzas Armadas dejen de ejercer las funciones extraordinarias que actualmente cumplen dentro de los centros carcelarios.
La tecnología se convierte en una herramienta de control
La modernización tecnológica constituye otro de los pilares del nuevo plan.
El Gobierno plantea incorporar sistemas avanzados de vigilancia, fortalecer la interoperabilidad del subsistema de inteligencia penitenciaria e integrar información en tiempo real con organismos militares, policiales y financieros para detectar estructuras criminales que operan desde las cárceles.
La propuesta también contempla el uso de inteligencia artificial, drones, sistemas de comunicación satelital y herramientas de ciberseguridad para proteger la infraestructura penitenciaria frente a posibles ataques o interferencias tecnológicas.
El plan busca sacar gradualmente a los militares de las cárceles
Uno de los objetivos más ambiciosos del PNSI consiste en que el SNAI recupere plenamente la administración de la seguridad penitenciaria.
Actualmente, las Fuerzas Armadas mantienen una participación en el control de los centros como consecuencia de la crisis penitenciaria y del conflicto armado interno declarado por el Gobierno.
El plan busca que esa presencia sea temporal y que desaparezca una vez que el sistema penitenciario cuente con personal capacitado, mejores condiciones operativas y una estructura institucional fortalecida.
Para el experto en seguridad Renato Rivera, la existencia de un plan constituye un avance respecto a años anteriores. Sin embargo, cree que el documento mantiene una fuerte influencia de la visión militar sobre la seguridad nacional.
“Es un plan elaborado principalmente por el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso hace que buena parte de la seguridad integral se analice desde una perspectiva militar”, agrega.
Recuperar el control de las cárceles será el principal reto
Aunque el plan fija como meta que el SNAI asuma nuevamente el control total de las cárceles en 2027, especialistas consideran que el objetivo dependerá menos del cronograma y más de la capacidad del Estado para recuperar la gobernabilidad dentro de los centros penitenciarios.
Para Rivera, retirar a las Fuerzas Armadas de las prisiones representa uno de los mayores desafíos de la estrategia.
La tecnología
El PNSI incorpora herramientas de inteligencia artificial, drones, interoperabilidad de datos y sistemas avanzados de vigilancia para fortalecer el control penitenciario.
Rivera considera que estas inversiones pueden mejorar las capacidades operativas del Estado, pero dice que no reemplazan las reformas institucionales necesarias para estabilizar el sistema.
Según explica, el problema de las cárceles responde a múltiples factores que trascienden la infraestructura tecnológica.
“La tecnología ayuda, pero si no se fortalecen las instituciones y no se recupera la gobernabilidad, difícilmente se resolverán los problemas estructurales del sistema penitenciario”, sostiene. (I)
Fuente: El Universo