La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) solicitó el viernes una investigación independiente sobre las denuncias de torturas contra presos políticos en la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, luego de una reunión con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García. De acuerdo con la ONG, el funcionario minimizó los hechos reportados y el encuentro estuvo marcado por la negación de las denuncias y la descalificación de las víctimas y organizaciones acompañantes.
El comité calificó como grave que, en lugar de ofrecer garantías y protección a las víctimas, se transmitieran mensajes que desalientan las denuncias y desacreditan la documentación independiente.
En un comunicado difundido en la red social X, la organización sostuvo que la respuesta institucional confirma un patrón en el que la prioridad de las autoridades no es investigar ni proteger a las víctimas, sino cuestionar la credibilidad de quienes denuncian y trasladar la responsabilidad a familiares y defensores de derechos humanos.
CLIPPVE exigió que la investigación cuente con la participación de mecanismos internacionales competentes y pidió la destitución del ministro y de todos los funcionarios responsables por incumplir su deber de protección y revictimizar a los familiares. Además, solicitó el ingreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional a los centros de reclusión para realizar una evaluación independiente de las condiciones de detención.
La semana pasada, la organización denunció que los detenidos en Rodeo I fueron golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno para obligarlos a regresar a sus celdas, tras permanecer días en el patio después de los terremotos del 24 de junio.
Familiares de los presos políticos señalaron a EFE que las autoridades los abandonaron tras los terremotos, lo que se refleja en el deterioro de la alimentación y la falta de atención a las estructuras dañadas. Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha presentado un balance oficial sobre la situación de los detenidos y las cárceles tras los sismos, que ya dejan más de 5.000 muertos.
El jueves pasado, un grupo de familiares de presos políticos reclamó que la liberación de los detenidos sea el primer punto en la agenda del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, previsto para comenzar el 1 de agosto.
“Es fundamental que en esa mesa de diálogo se presente el punto número uno como la libertad de todos los presos políticos, porque no podemos tener un país libre con presos políticos tras las rejas”, manifestó Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, en nombre de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos durante una rueda de prensa.
El grupo acampa desde el 7 de junio frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, a la espera de una intervención diplomática que facilite la excarcelación de sus allegados. Ahora, solicitan que la cuestión figure como prioridad en las negociaciones entre el actual Parlamento, dominado por el chavismo, y representantes de la oposición encabezados por la ex diputada Dinorah Figuera, defensora de la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, pidió a Figuera que “escuche directamente a todos los familiares que nos encontramos acá y en cada uno de los centros de reclusión, que reabra los casos y que sean escuchados”.
Según lo anunciado el martes por las partes involucradas y con el respaldo de Estados Unidos, el diálogo previsto para el 1 de agosto abordará temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia en el país, que atraviesa una emergencia por los terremotos del 24 de junio.
Fuente: Infobae