El juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, entra en su etapa final en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El proceso, marcado por tensión y enfrentamientos verbales entre legisladores, enfrenta dos posturas:
- Los interpelantes denuncian una omisión deliberada ante irregularidades contractuales
- La defensa técnica sostiene que la exfuncionaria no tiene responsabilidad legal sobre los actos cuestionados.
La tesis de la acusación: responsabilidad por omisión
Los asambleístas de la Revolución Ciudadana —Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenín Barreto— argumentan y demuestran que Manzano incumplió sus funciones al no frenar un perjuicio millonario (contrato con la empresa Austral Technical Management) al Estado una vez que asumió el cargo. Los principales argumentos de la interpelación son:
- Irregularidades en el contrato con ATM: basándose en un informe de la Contraloría, denuncian que la empresa Austral Technical Management (ATM) entregó generadores obsoletos de 2017 (pese a que se exigían nuevos), sin garantías técnicas ni permisos ambientales, y con supervisiones que se realizaban por videollamada desde el Líbano.
- Inacción ante alertas: sostienen que, bajo la gestión de Manzano, se terminaron de desembolsar cerca de USD 71,4 millones a pesar de los retrasos y las fallas técnicas, como el hecho de que 32 generadores llegaron calibrados a 50 Hz, una frecuencia incompatible con la red eléctrica nacional (60 Hz).
- Evasión de fiscalización: la asambleísta Palacios presentó un audio filtrado donde supuestamente se escucha a Manzano coordinar respuestas “escuetas” de funcionarios de Celec EP para evitar dar detalles ante la Comisión de Transparencia, lo que a su juicio prueba que la exministra conocía las fallas y orquestó una estrategia para ocultarlas.
De su lado, la defensa técnica de Manzano, liderada por los abogados Rafael Oyarte e Ismael Quintana, calificó la acusación de “inverosímil” y estructuró su descargo en la ausencia de nexo causal entre la ministra y los pagos. Sus argumentos clave incluyen:
- La “cronología de las 14 horas”: Oyarte y Quintana demostró que la orden de pago de USD 54 millones a ATM se emitió a las 04:39 del 9 de octubre de 2024, mientras que Manzano fue designada mediante decreto recién a las 18:42 de ese mismo día. Alegan que es un “imposible jurídico” imputarle responsabilidad por un acto ocurrido 14 horas antes de su nombramiento.
- Autonomía de Celec EP: argumentan que Celec es una empresa con autonomía administrativa y financiera, donde la máxima autoridad es el Gerente General y no la Ministra, por lo que las firmas de contratos y adendas son responsabilidad de los gerentes operativos.
- Impugnación de pruebas: la defensa calificó textualmente como “prueba ilícita” los chats y audios presentados por los interpelantes, argumentando que violan la inviolabilidad de las comunicaciones al carecer de autorización judicial. Además, señalan que el informe de Contraloría es una “prueba de descargo”, ya que no formula cargos ni glosas contra la exministra.
Finalmente, la defensa advirtió que si Manzano hubiera suspendido los pagos de forma abrupta, como exigen los interpelantes, habría expuesto al Estado a demandas internacionales millonarias, dado que existían medidas cautelares arbitrales que protegían la ejecución del contrato.
Ahora, tras concluir la fase de pruebas documentales, está planificado que la Comisión de Fiscalización reciba este 17 de julio las declaraciones de exfuncionarios, dentro de la fase testimonial:
- Roberto Luque
- Antonio Goncalves
- Fabián Calero.
Radio Pichincha
LV