Ecuador enfrenta una guerra contra el crimen organizado desde 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa planteó una declaratoria de estado de excepción. Dos años después, dicha medida se volvió habitual para luchar contra los elevados niveles de violencia que enfrenta el país.
Desde el 8 de enero de 2024 hasta este 2026 se han oficializado 18 estados de excepción. Eso quiere decir que Ecuador ha vivido 840 días bajo ese régimen. De los cuales, 150 se cumplen en lo que va de 2026. La medida se volvió a declarar el 16 de junio de 2026 y tiene vigencia de 60 días.
El 22 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que las fuerzas extranjeras apoyarán al trabajo del Bloque de Seguridad con experiencia y tecnología en el combate al crimen organizado.
Reimberg enfatizó que el estado de excepción ayuda para la celeridad de las operaciones, pues al solicitar órdenes de allanamiento toma entre dos, tres o cinco días. “No podemos anunciar a los delincuentes que estamos en camino”, agregó.
El funcionario destacó que para el combate al delito transnacional es importante la ayuda de las fuerzas extranjeras que comparten la misma línea de ataque.
Con estados de excepción la violencia ha continuado en Ecuador
El año 2023 fue el más violento en la historia del país, pero 2025 lo superó cuando llegó a los 9.282 homicidios intencionales registrados, según las cifras del Ministerio del Interior.
Entre enero y mayo de 2026 se han registrado 3.485 muertes violentas. Y, aunque en comparación al mismo periodo de 2025 hay una leve reducción de los homicidios, también se evidencia que en otras zonas la violencia se ha disparado.
“Estamos en una fase de gobernanza criminal en determinados territorios, es decir, los mercados criminales están con mucho más poder que los gobiernos locales e incluso diría que sobre muchas instituciones del Estado”, advirtió Carrillo.
Agregó que se “ha perdido el monopolio de la fuerza, el monopolio de la justicia y el monopolio de la recaudación pública” a través de la extorsión. Además, según el exministro, la economía ilegal está presente en las cadenas ilícitas de esos lugares, por lo que se condiciona la conducta de la gente.
“El trabajo que debe hacerse es diferente, donde la cohesión y las restricciones ya no sean lo de mayor peso, sino que tiene que hacerse un trabajo en donde la cohesión social, la suma de esfuerzos, el fortalecimiento y la multiplicación de capacidades de las instituciones tiene que presentarse de manera planificada y coordinada. No a corto plazo, sino mirando con un horizonte de mediano y largo plazo para cambiar al menos dos realidades en estos lugares”, manifestó Carrillo.
Inteligencia y logística son claves para combatir el crimen organizado
Para Carrillo, el despliegue táctico de uniformados no va a modificar la conducta criminal, pero sí con otros mecanismos como el fortalecimiento de instituciones, identificación de la ruta de mercado ilegal para el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, trata de personas, contrabando.
“Hay mucha deuda en la tarea de los servicios de inteligencia y hay mucha tarea en la administración de Justicia. Sin instituciones fuertes y sin recuperar el monopolio de la Justicia, es muy complejo que Ecuador vuelva a tener una normalidad”, detalló.
Carrillo destacó que hay un gran riesgo que “es pensar que la guerra es la única solución. Y esa guerra realmente necesita ganarse con logística”, porque no se ha hablado de cuánto presupuesto se va a invertir.
“Si sabemos que la mayor cantidad de problemas están asociados al comercio ilegal de drogas, si sabemos que el espacio marítimo es por donde circula la mayor cantidad (de droga), deberíamos tener una mejor dotación en la Fuerza Naval para el control de superficie y el control de profundidad en rutas que van hacia Norteamérica y en rutas que van hacia Europa. Esto no se ha fortalecido o necesita muchísimos recursos”, dijo.
Jean Paúl Pinto, especialista en seguridad, destacó que con el Plan de Seguridad Nacional se espera que haya medidas más integrales. Recalcó que ya han pasado alrededor de tres años con “mano dura”, pero no “se han visto resultados significativos”.
“Tenemos que implementar y utilizar mecanismos nuevos y alternativos, porque lo que se está haciendo no está funcionando”, puntualizó.
El estado de excepción no es una política de seguridad
El general (sp) José Luis Castillo, docente universitario, explicó que el estado de excepción no es una política de seguridad, sino un instrumento constitucional extraordinario que permite al Estado recuperar temporalmente capacidades operativas frente igual a una amenaza que es de tipo excepcional.
“El éxito depende de que esté acompañado de una estrategia integral de seguridad”, indicó.
Castillo puntualizó que el Estado está bajo ataque y que se evidencia con las muertes violentas registradas y con ello persiste el conflicto armado con las organizaciones criminales. Sin embargo, destaca que los grupos de delincuencia organizada tienen una alta capacidad de adaptación a las estrategias de las fuerzas de seguridad.
Para el especialista lo más importante es obtener inteligencia territorial, “porque cuando las fuerzas de seguridad están en territorio van conociendo de a poco cuál es la manera de operar de estas fuerzas”. Con el Plan Nacional de Seguridad, según Castillo se puede permitir al Estado a reaccionar de manera coordinada, estructural y, sobre todo, de forma integral.
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