La elección de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está sometido a los cálculos y presión de las fuerzas políticas, que cierran filas alrededor de sus candidatos.
Después de meses de mantener autoridades en funciones prorrogadas, el CPCCS tomó impulso para designar a los diez vocales, cinco principales y cinco suplentes, del Consejo de la Judicatura, en medio del anuncio de declarar la emergencia en la Función Judicial, que permitirá designar jueces y fiscales sin concurso público.
Los candidatos a ocupar estas vocalías son propuestos en ternas remitidas por el presidente de la República, Daniel Noboa; de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, con la bancada Acción Democrática Nacional (ADN); de la Fiscalía General del Estado; de la Defensoría Pública, presidida por Ricardo Morales; y, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing Nagua, cuyo delegado presidirá automáticamente la Judicatura.
En total, son quince candidatos que competirán por llegar a una vocalía principal y suplente para un periodo de seis años.
Pero su elección tensa las posiciones en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
Así por ejemplo, en menos de diez días, en la Asamblea Nacional se calificó el juicio político en contra del consejero Gonzalo Albán Molestina y pasará a la Comisión de Fiscalización para su sustanciación.
Lo impulsa el legislador de la bancada de gobierno Keevin Gallardo Ruiz, con el apoyo de su coideario Henry Bósquez Villena, hermano de Javier Bósquez, fiscal de Pichincha y que en el 2019 participó en el concurso público de selección del fiscal general, aunque no alcanzó el puntaje.
De avanzar, y Albán es destituido y censurado, lo reemplazará el político Óscar Ayerve, electo en los comicios del 2023.
La presencia de Albán ha incomodado a la mayoría del CPCCS que maneja el presidente Andrés Fantoni, junto con Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto (investigada por un delito de acción pública), David Rosero y Piedad Cuarán.
Albán se principalizó en febrero pasado, en lugar de Augusto Verduga, cuando este último fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Se volvió molesto cuando, recién llegado, pidió a Andrés Fantoni, que se agiliten los procesos administrativos para elegir a las autoridades que están en funciones prorrogadas.
En junio pasado pidió que se explique por qué se sacaba a Édison Toro de la terna enviada por José Suing, titular de la CNJ, para integrar la Judicatura, ya que el proceso no iniciaba y tampoco estaban completas las ternas, pues faltaba la del presidente Noboa.
La iniciativa de sacarlo fue de Johanna Verdezoto, que argumentó que un abogado, Fernando Illescas Vela, que era parte de una empresa de venta de insumos para la explotación petrolera, les advirtió que Toro es conjuez del TCE y eso lo inhabilitaba a participar.
Desde este lunes, un grupo de siete asesores y funcionarios del CPCCS empezarán a revisar los documentos de los quince candidatos a la Judicatura y elaborarán un informe no vinculante para resolución del pleno.
Una de las atribuciones de estos funcionarios es poder revisar la veracidad de los expedientes de los postulantes; es decir, son como un consejero eligiendo a los próximos vocales del CJ.