La jornada de este miércoles 15 de julio de 2026 en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional estuvo marcada por la alta tensión y los enfrentamientos verbales entre legisladores. Durante el segundo día de presentación de pruebas en el juicio político contra la exministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, los reclamos y gritos obligaron a suspender —por primera vez en este proceso— momentáneamente la sesión.
Pasadas las 18:00, el presidente de la mesa legislativa, Ferdinan Álvarez, se vio obligado a suspender la sesión debido a las fuertes discusiones entre los asambleístas Blasco Luna, José Nango, Mónica Palacios e Inés Alarcón. En el salón se escucharon gritos y reclamos cruzados mientras la exministra comparecía de forma telemática desde el exterior.
Uno de los puntos más álgidos ocurrió cuando la asambleísta Mónica Palacios exigió que Manzano permaneciera en pantalla durante toda la comparecencia, argumentando que la exfuncionaria “debe dar la cara a los ecuatorianos”. Tras superar los altercados, la sesión se retomó cerca de las 18:55 para continuar con la actuación de pruebas. Un hecho similar ocurrió el 14 de julio, pero sin las suspensión de la diligencia.
A pesar de que la defensa intenta desvincular a Manzano señalando que la certificación presupuestaria y el contrato con Austral Technical Management (ATM) se gestionaron antes de que ella asumiera el cargo, los asambleístas impulsores recalcaron que la acusación se fundamenta en sus omisiones durante el ejercicio de su cargo.
Es decir, los proponentes sostienen que la responsabilidad de Manzano radica en no haber actuado frente a las irregularidades ya detectadas por la Contraloría. Según la acusación, otras omisiones graves incluyen:
- Inacción ante alertas técnicas: la exministra habría conocido las observaciones sobre generadores obsoletos (de 2017) y falta de garantías, pero no activó mecanismos para frenar los pagos.
- Falta de ejecución de garantías: se le cuestiona no haber ejecutado el cobro de garantías que ascendían a unos USD 23 millones pese a los evidentes incumplimientos contractuales.
- Supervisión deficiente: los asambleístas presentaron pruebas de que el proyecto avanzó sin permisos ambientales y con supervisiones técnicas realizadas mediante videollamadas en lugar de inspecciones físicas.
No ordenó al suspensión inmediata de pagos pendientes ATM, pese que el informe de Contraloría revelaba irregularidades (…) Ella tenía que ordenar la suspensión inmediata de pagos PENDIENTES A ATM. No solicitó una auditoría adicional sobre las fases de ejecución del contrato posteriormente al corte del examen diciembre 2024 en adelante. No intervino ni reestructuró la gestión de Celep EP, para corregir las deficiencias contractuales identificadas.
Radio Pichincha
LV