Amawtay Wasi al borde del cierre mientras otras universidades destinan cientos de miles de dólares en pasajes aéreos

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi enfrenta la mayor crisis financiera desde su creación.

La institución denunció que apenas cuenta con recursos para cubrir salarios hasta el 31 de julio de 2026 y advirtió que, de no recibir una asignación extraordinaria, su continuidad está comprometida.

Estudiantes y autoridades de Amawtay Wasi alertaron que el recorte del 69% de su presupuesto amenaza con dejar sin clases a cerca de 2.500 estudiantes, de los cuales alrededor del 70% son mujeres, muchas provenientes de comunidades indígenas, rurales y de escasos recursos.

El escenario contrasta con los millonarios procesos de contratación para la adquisición de pasajes aéreos impulsados por otras universidades públicas y por el propio Ministerio de Educación.

Un contraste que genera cuestionamientos

Mientras Amawtay Wasi busca recursos para sobrevivir, otras instituciones públicas continúan destinando importantes montos a la contratación de agencias de viaje para la compra de boletos aéreos nacionales e internacionales.

La Universidad de Cuenca inició un proceso de licitación por USD 640.000, sin IVA, para contratar una agencia que administre la emisión de pasajes durante un período de 976 días.

La propia institución justifica el proceso señalando que el contrato vigente ya ejecutó más del 93% de los recursos asignados y que suspender el servicio afectaría actividades académicas, de investigación y cooperación internacional.

Universidad de Cuenca

No se trata de un gasto aislado. En 2023, esa misma universidad adjudicó otro contrato similar por USD 471.420, también para la adquisición de pasajes nacionales e internacionales.

La Universidad Central del Ecuador registró igualmente este tipo de contrataciones, aunque con montos considerablemente menores y en otros años.

En 2022 adjudicó un contrato por USD 53.307 para cubrir los desplazamientos de docentes hacia eventos académicos y científicos.

A estos procesos se suma ahora el Ministerio de Educación, entidad que asumió las competencias de educación superior tras la fusión con la Senescyt.

La cartera abrió este mes una contratación por USD 560.010.60, más IVA, para la emisión de pasajes durante un año. De acuerdo con los términos de referencia, el contrato contempla la compra de 2.371 boletos nacionales y 53 internacionales hasta abril de 2027.

¿Son gastos necesarios o un problema de prioridades?

La contratación de pasajes aéreos no es, por sí misma, una irregularidad. Las universidades públicas mantienen convenios internacionales, programas de investigación, movilidad docente y participación en congresos científicos que requieren desplazamientos permanentes.

Sin embargo, el contexto presupuestario actual ha llevado a especialistas a preguntarse si el sistema de educación superior está priorizando correctamente sus recursos.

El doctor en Ciencias Sociales Jaime Chuchuca sostiene que el acceso a estos beneficios no alcanza a la mayoría de la comunidad universitaria.

Para el académico, la discusión no pasa únicamente por el monto de los contratos, sino por la transparencia sobre quiénes acceden a estos recursos.

La importancia de la movilidad académica

Especialistas en gestión universitaria consultados sobre este tipo de procesos coinciden en que la movilidad académica forma parte del funcionamiento normal de una universidad.

La participación en congresos internacionales, proyectos científicos, redes de investigación, intercambios y cooperación técnica exige desplazamientos frecuentes, especialmente en instituciones con alta producción científica.

No obstante, Carmelo Márquez, docente universitario advierten que, no sería técnicamente correcto comparar de forma directa los presupuestos de Amawtay Wasi con los de universidades de mayor tamaño, ya que cada institución tiene una misión, una oferta académica y requerimientos diferentes.

Pero, considera legítimo preguntarse si, en medio de una crisis presupuestaria que pone en riesgo la continuidad de una universidad pública, el Estado debería revisar la asignación de recursos y establecer prioridades que garanticen primero el funcionamiento de todas las instituciones.

Radio Pichincha

LV

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