La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto siete líneas de investigación en torno al caso de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa que fue detenido en Estados Unidos el pasado 25 de julio de 2024. Este entramado judicial, que abarca homicidio, secuestro, desapariciones, presuntas faltas ministeriales y reclamos diplomáticos, evidencia la complejidad de un operativo que sigue generando tensiones entre México y su vecino del norte.
El 8 de julio, la fiscal Ernestina Godoy ofreció una conferencia de prensa en la que detalló cómo estas carpetas se fueron integrando a partir de hechos ocurridos antes, durante y después del operativo denominado Kings Air, que culminó con Zambada bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Homicidio, secuestro y desaparición: el centro de las pesquisas
Uno de los ejes centrales de las indagatorias es el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, político sinaloense que, según la declaración de Ismael Zambada García, habría sido asesinado durante la misma operación en la que el capo fue privado de su libertad en Huertos del Pedregal. Godoy explicó que entre las siete carpetas figura también la desaparición de dos escoltas de “El Mayo”, identificados como José Rosario Heras López y Rodolfo Chaídez, quienes hasta la fecha no han sido localizados.
El secuestro de Ismael Zambada es la carpeta de mayor relevancia. La FGR sostiene que la privación ilegal de la libertad ocurrió en Sinaloa y concluyó en Nuevo México, como resultado de una estrategia coordinada por varios actores, entre ellos Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. La investigación incluye los testimonios recabados por la fiscalía y la declaración jurada de Zambada, tomada ante notario en Texas.
Godoy informó que, hasta el momento, se han realizado 153 entrevistas, 1.288 informes y 124 dictámenes en diversas especialidades como parte de estas pesquisas, lo que demuestra la magnitud del caso en términos judiciales y técnicos.
Delitos contra la procuración de justicia y negligencias ministeriales
El expediente de la FGR no se limita a delitos de alto impacto. Dos de las carpetas abiertas investigan alteraciones en la escena del crimen y negligencias ministeriales del fuero común cometidas durante y después del operativo. La FGR sostiene que estas líneas buscan deslindar responsabilidades de quienes debieron resguardar la legalidad del proceso y no lo hicieron, ya sea por falta de pericia o por complicidad. Los detalles sobre los funcionarios investigados permanecen reservados; sin embargo, la Fiscalía aseguró que hay elementos para avanzar hacia la judicialización en algunos casos.
Godoy también dejó claro en la conferencia que no hay protección ni trato especial para ningún implicado:
“Tenemos investigaciones integradas con pruebas suficientes que permitieron la obtención de varias órdenes de aprehensión. Nadie está protegiendo a esta persona. Está investigada, tiene órdenes de aprehensión”.
Las carpetas detalladas por la FGR son:
- Homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda
- Secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada
- Desaparición de dos escoltas de Zambada
- Delitos contra la procuración de justicia por alteración de la escena del crimen
- Negligencias ministeriales del fuero común
Las otras dos carpetas no fueron detalladas en la conferencia, pero la fiscal aseguró que hay siete abiertas y todas están relacionadas con hechos derivados del operativo y sus consecuencias inmediatas.
Extradiciones, órdenes de aprehensión y presión internacional
El panorama judicial se complica aún más por la dimensión internacional del caso. La FGR confirmó que existen 32 investigaciones y órdenes de aprehensión vigentes contra “El Mayo” Zambada por delitos cometidos en México, lo que permitió solicitar su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense argumentó que no puede extraditarlo actualmente porque está siendo procesado allá por delitos federales.
La cooperación bilateral enfrenta obstáculos adicionales. La FGR ha enviado 16 oficios recordatorios al gobierno estadounidense para obtener información clave sobre el operativo, especialmente sobre la participación del FBI y la identidad de quienes intervinieron en la captura y traslado del capo. Godoy acusó que el FBI ha proporcionado información “falsa o imprecisa” y que, durante las diligencias en Texas y Nuevo México, se bloqueó el acceso de los peritos mexicanos a la aeronave involucrada y se impidió la toma de fotografías.
En cuanto a las solicitudes de extradición y la investigación de funcionarios mexicanos señalados por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la FGR precisó que solo se investiga a los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por los delitos expresamente indicados en la petición estadounidense, sin ampliar las pesquisas a otros delitos o redes familiares.
“No hemos ampliado la investigación a otros delitos. Están señalados los delitos por los que ellos dicen que nosotros podemos pedir la orden de aprehensión y esos son los delitos”, puntualizó Godoy.
La FGR mantiene bajo reserva los nombres de los investigados y el número exacto de órdenes de aprehensión dictadas, aunque ha asegurado que las líneas de investigación continúan y que cada carpeta avanza conforme a los hallazgos periciales y testimoniales.
Fuente: Infobae