En el expediente del proceso penal No. 17721-2025-00200G, por el presunto delito de peculado en los fallidos contratos eléctricos con la empresa Progen en 2024, la lista de procesados es extensa: exministros, gerentes de empresas públicas y lobistas internacionales.
Sin embargo, en el centro de esta trama de contratos eléctricos fallidos que costó al Estado cerca de USD 200 millones, dos nombres brillan por su ausencia en la imputación formal: José Manuel de Oliveira Allú y Peter Christian Dreher Pozo, exasesores del ministro Roberto Luque.
Pese a haber sido el “filtro” jurídico y técnico de la emergencia energética, ambos permanecen fuera de la instrucción fiscal mientras observan el proceso desde el extranjero.
Hay muchas pruebas en contra de ambos exfuncionarios.
Por un lado, la Contraloría determinó que existen “indicios de responsabilidad penal” contra José Manuel de Oliveira por su rol en los contratos adjudicados a la empresa Progen para los proyectos de El Salitral y Quevedo. Por otro lado, durante la audiencia de formulación de cargos que concluyó el 22 de mayo de 2026, el fiscal Carlos Alarcón Argudo decidió no incluir su nombre en la instrucción fiscal.
De Oliveira no es un actor secundario. Bajo la gestión del exministro Roberto Luque, estuvo a cargo de gestionar el ámbito legal de la emergencia eléctrica en 2024.
Mediante la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR, Luque ordenó que “todos los procesos de contratación pública” realizados por las empresas eléctricas debían ser “previamente comunicados y coordinados” con la Coordinación Jurídica de De Oliveira para su “análisis y aprobación“.
El propio Ministerio advirtió en ese documento que el incumplimiento de estas reglas generaría “responsabilidades administrativas, civiles y penales“.
A pesar de tener este mandato de supervisión total, De Oliveira intentó deslindarse de su responsabilidad ante la Fiscalía con una frase que hoy marca su defensa: “no compró ni un tornillo”.
Alegó que su control fue meramente para garantizar que los fondos no se desviaran, ignorando que su firma habría validado la cuestionada fórmula de pago del 70% de anticipo sin garantías suficientes para el Estado.
El rol de Peter Dreher
La situación de Peter Christian Dreher Pozo es igualmente cuestionable. Como asesor técnico de confianza, Dreher no solo reportaba periódicamente sobre el “avance de los contratos suscritos con Progen“, sino que habría gozado de un acceso privilegiado a información sensible.
Investigaciones revelan que Dreher, junto a otros funcionarios, “tuvo acceso a los términos de referencia de las contrataciones semanas antes de que los procesos fueran publicados oficialmente”.
Su cercanía con Karla Saud, la lobista de Progen hoy procesada, está documentada en invitaciones personales para visitar las instalaciones de la empresa en Estados Unidos en mayo de 2024. Dreher habría sido el enlace operativo que permitió que la red de influencias entre el Ministerio de Energía y los contratistas fluyera sin obstáculos técnicos. Pese a estos nexos, Dreher también quedó fuera de la lista de los acusados en el proceso de peculado.
En el extranjero
Ambos asesores se aseguraban de estar lejos del alcance de los tribunales. José Manuel de Oliveira Allú salió del país el 10 de mayo de 2026 con destino a Los Ángeles, Estados Unidos, apenas cuatro días antes de la audiencia de formulación de cargos donde el fiscal Alarcón no lo imputó, al menos así se señala en los documentos judiciales. Hasta la fecha, el excoordinador jurídico no registra retorno al Ecuador.
Por su parte, Peter Dreher inició su salida mucho antes. El 13 de enero de 2025 tomó un vuelo hacia Panamá y, según reportes recientes, fue localizado en Madrid, España, vinculado a una empresa de equipos eléctricos.
Otros frentes abiertos
Aunque De Oliveira logró eludir inicialmente el caso de peculado, mantiene un frente legal abierto en Cuenca. En el proceso No. 01283-2025-06423G, se lo investiga por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, relacionado con un conflicto de derechos mineros.
Aunque un fiscal solicitó archivar esta causa alegando que el hecho “no constituye delito“, el Fiscal Provincial de Azuay revocó esa solicitud el 8 de abril de 2026, ordenando que la investigación continúe.
Radio Pichincha
LV