El rastro del dinero se desvaneció justo en la ventanilla bancaria. Esa fue la conclusión a la que llegaron contadores y abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora ARCA, al declarar ante el Tribunal Oral Federal 7 en las recientes audiencias del juicio por los cuadernos de la corrupción. Detallaron cómo millones de dólares fueron extraídos en efectivo por empresas bajo la lupa, sin que se pudiera determinar su destino final, y en fechas que coincidían con presuntos pagos de sobornos.
Citados como testigos, algunos con cargos políticos y otros funcionarios con más de treinta años de trayectoria, explicaron paso a paso los procedimientos empleados para cumplir con los requerimientos de información que el fallecido juez federal Claudio Bonadio les envió cuando estalló el escándalo de los escritos del remisero Oscar Centeno.
El financiamiento espurio
Varios testigos recordaron la orden judicial más inusual de su carrera: el oficio del magistrado donde pedía detectar “financiamientos espurios” en un grupo de empresas y personas físicas vinculadas a la causa. “Recuerdo esa expresión porque no es habitual”, declaró el contador Pedro Puyo, ex funcionario del organismo en Córdoba, quien supervisó la fiscalización del grupo Electroingeniería, de los empresarios Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra.
Un método de investigación fue la circularización bancaria. Según explicó la contadora María Eugenia Lanza, quien en 2018 integraba la División Comprobaciones Externas de la AFIP, el juzgado enviaba un listado con empresas, entidades bancarias y períodos a analizar. A partir de ese listado, el organismo requería a los bancos el detalle de todos los movimientos de las firmas en esos lapsos, con especial atención a las extracciones de efectivo por caja. El procedimiento se realizó sin contactar a las empresas investigadas, porque se trataba de una manda judicial y no de una fiscalización ordinaria.
La contadora Diana Guterman, directora de Investigación Financiera de la AFIP en 2018, precisó ante el tribunal que “se definió que circularizáramos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas en determinados períodos” y que luego “se informaba al juzgado quiénes habían respondido y quiénes no”. El punto de partida era siempre la planilla que el arrepentido financista Ernesto Clarens había entregado a la Justicia al convertirse en imputado colaborador, con fechas, firmas y montos de los supuestos pagos de coimas.
La tarea de Lanza consistió en aparear esas fechas con las extracciones detectadas en los bancos. En el caso de Decavial S.A., la empresa del empresario Marcelino Aznar, se registraron retiros en dólares por aproximadamente 11,8 millones a lo largo de cuatro años. En Panedile, la firma del arrepentido Hugo Alberto Dragonetti, se identificó un retiro por ventanilla de 315.000 dólares realizado por el hijo del empresario que “coincidía temporalmente” con una entrega de dinero documentada en el expediente —Clarens había declarado un pago de 313.300 dólares vinculado a esa empresa—.
El límite de la trazabilidad
El punto en que la investigación topaba con una pared era siempre el mismo. “La trazabilidad se termina cuando se saca por ventanilla”, afirmó Lanza ante el tribunal. El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, intentó relativizar ese límite al preguntar si un contribuyente podía justificar un pago en efectivo en una jurisdicción sin banco. Lanza insistió: “Todo tiene que estar bancarizado. Cuando la plata sale de una ventanilla y se pierde la trazabilidad, ahí se terminó.”
El abogado de la AFIP José Luis Giordano precisó: “Nosotros no podemos saber dónde terminó el dinero. Nos concentramos en ver hasta dónde llegaba y si se perdía el rastro”. La fiscal Fabiana León, que sostiene la acusación, apunta a que esos fondos irrastreables corresponden a las sumas que se usaron para pagar sobornos a ex funcionarios del kirchnerismo, obtenidos tras el cobro de anticipos financieros para obra pública.
Facturas apócrifas y proveedores inexistentes
Junto con los retiros en efectivo, los testigos de la ex AFIP describieron otro mecanismo detectado: el uso de facturas apócrifas. El ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) Horacio Castagnola explicó ante el tribunal que las facturas de proveedores que no prestaron servicios “implícitamente generan salidas de dinero donde uno pierde la trazabilidad, porque si se pagó algo y el que lo recibió no existe, ese dinero se evaporiza para el seguimiento”. En la causa, afirmó, “sí hubo facturas apócrifas o salidas no documentadas”.
La contadora Lanza ratificó la existencia de facturación apócrifa en Isolux Corsán, firma cuyo ex CEO Juan Carlos de Goycoechea está sentado en el banquillo. En el análisis de otra empresa del grupo Electroingeniería, Scrap Service, se detectaron facturas apócrifas por alrededor de 40 millones de dólares.
Castagnola recordó otro expediente que quedó grabado en su memoria: la detección de una transferencia de 4,2 millones de dólares a la banca privada de Andorra en el marco de la UTE Odebrecht–IECSA, empresa que en ese momento pertenecía al empresario Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. “Uno sabía que se estaba afectando indirectamente a la familia y uno sabía que se exponía a que después podía haber algún tipo de comentarios. Pero se hizo igual”, declaró el ex funcionario. Añadió que la misma sociedad “había sido utilizada por Odebrecht en otros casos en América Latina para generar salidas espurias sin contraprestación efectiva”.
El sistema Memento
La ex jefa de Gabinete de la AFIP Jimena de la Torre, actual consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, aportó al juicio detalles sobre los mecanismos de control interno del organismo. Describió el sistema “Memento”, una base de datos con un listado de personas de relevancia pública —políticos, jueces, figuras mediáticas— que generaba una alerta automática cada vez que un funcionario consultaba la información fiscal de alguno de esos perfiles. “Cada vez que un funcionario consultaba la base de alguna persona de relevancia, nos llegaba una alerta inmediata. No era gratis entrar a cualquier lado”, explicó en alusión a posibles filtraciones de información.
De la Torre también relató que, tras el cambio de gobierno en diciembre de 2019, se abrieron auditorías y sumarios contra quienes habían trabajado en el caso Cuadernos. “Lo que ocurrió en 2020 fue llamativo”, dijo, y agregó que personalmente acumuló seis denuncias penales vinculadas a su paso por la AFIP, todas archivadas.
La fiscal León desistió de convocar a dos testigos que estaban previstos para la última jornada y que habían despertado expectativa, pero no serán escuchados en el juicio: el ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior Jaime Mecikovsky y el ex jefe de Asuntos Jurídicos Eliseo Devoto — al considerar que la prueba que podían aportar ya había quedado incorporada al debate con testimonios anteriores. El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, aceptó el desistimiento.
Fuente: Infobae