La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha puesto bajo la lupa internacional a El Salvador tras la difusión de un informe explosivo. De acuerdo con el documento elaborado por el Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo (RDC), desde julio de 2025, al menos 300 ciudadanos salvadoreños han sido contratados para integrarse como mercenarios en el conflicto armado que azota el este del país africano.
El reporte detalla que estos efectivos estarían apoyando directamente al Ejército regular congoleño en misiones de combate de alto riesgo. Lo que comenzó como labores de apoyo logístico en Kisangani, rápidamente evolucionó a tareas de primera línea. Según la investigación, los salvadoreños se encuentran desplegados en zonas de intensa actividad bélica como Walikale, Baraka y Kalemie, ubicadas en las provincias orientales de Kivu del Norte, Kivu del Sur y Tanganica.
La ONU identificó a la empresa Importaciones de Productos Americanos (IMPROA S.A. de C.V.) como la responsable del reclutamiento. Esta compañía está registrada a nombre de dos militares retirados: el coronel Juan Emilio Velasco Alfaro y el teniente Rodrigo Antonio Tejada Alvarenga. Aunque la razón social de IMPROA no incluye servicios de seguridad, el informe la señala como el puente logístico para enganchar a los exmilitares y expolicías.
A los reclutas se les ofreció un sueldo mensual de $4,225 dólares. Sin embargo, la realidad en el terreno ha sido muy diferente. Varios mercenarios ya han regresado a El Salvador debido a retrasos e impagos de sus salarios, además de haber sufrido graves problemas de salud, como malaria, que requirieron hospitalización al volver al país.
El informe de la ONU incluye imágenes de campamentos improvisados y refugios rudimentarios fortificados con sacos de arena como prueba de las condiciones precarias. Por su parte, el Gobierno de El Salvador ha negado cualquier vínculo con estas actividades. La administración informó al Grupo de Expertos que el Estado jamás autorizó dicho reclutamiento ni despliegue.
¿Qué es el Grupo M23?
La llegada de contratistas militares privados a la RDC agrava una crisis humanitaria y política. La privatización de la guerra introduce actores que operan al margen de los marcos legales internacionales, dificultando la rendición de cuentas en casos de crímenes de guerra. Esto ocurre en un momento en que la misión de paz MONUSCO es cuestionada y el Ejército congoleño recurre a empresas privadas para defender su territorio.
El principal enemigo que enfrentan los salvadoreños en el este es el Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde predominantemente tutsi, formado en 2012 tras un motín de soldados que acusaron al gobierno de violar un acuerdo de paz firmado el 23 de marzo de 2009.
En 2025, el conflicto escaló cuando el M23, con apoyo logístico y militar de Ruanda, lanzó una ofensiva y capturó Goma y Bukavu. La población local percibe al M23 como una fuerza brutal, acusada de masacres y reclutamiento forzado.
Raíces del conflicto
La tragedia se remonta a mediados de la década de 1990, tras el genocidio en Ruanda, que desató las guerras del Congo. El este del país nunca halló paz debido a motivos económicos: la región posee coltán, cobalto y oro, minerales codiciados globalmente que financian a los grupos armados a través de la minería ilegal.
Fuente: Infobae