Desde este 1 de julio de 2026, la Contraloría General del Estado cuenta con la facultad legal para eliminar y destruir documentos físicos y digitales que contengan información confidencial o clasificada.
Esta nueva competencia entró en vigor tras la publicación en el Registro Oficial (Suplemento N.º 316) de la Ley para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, la cual incluyó una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría. Esa norma, en su totalidad, se aprobó el pasado 9 de junio de 2026 en la Asamblea Nacional con votos de legisladores de ADN y sus aliados.
La normativa establece que el organismo de control podrá, mediante una resolución debidamente motivada, disponer la eliminación, destrucción o borrado seguro de archivos calificados como reservados, secretos o “secretísimos”. Esta medida aplica a documentos relacionados con:
- Procesos y actuaciones institucionales.
- Exámenes especiales y auditorías.
- Expedientes que hayan concluido y se encuentren ejecutados conforme a la ley.
El plazo máximo para proceder con la destrucción de estos archivos es de 30 días calendario una vez finalizado el proceso correspondiente. Para su ejecución, la Contraloría deberá emitir una normativa secundaria que regule los protocolos técnicos y garantice la integridad y trazabilidad de las actuaciones.
Límites y excepciones legales
A pesar de la nueva facultad, la ley establece candados específicos para evitar la pérdida de información sensible en casos judiciales. No se podrá destruir información relacionada con:
- Procesos judiciales pendientes
- Investigaciones penales vigentes
- Aquellos documentos que contengan indicios de responsabilidad penal que no hayan prescrito.
También se exceptúan los expedientes vinculados a responsabilidades civiles o administrativas en curso.
Radio Pichincha
LV