Lo que comenzó como una ofensiva legal de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para recuperar casi USD 110 millones malversados en el “Caso Progen” por los fallidos contratos eléctricos en Quevedo y El Salitral, ha derivado en un laberinto de errores procesales que hoy amenazan con echar abajo toda la demanda en los Estados Unidos.
La defensa de Progen Industries LLC ha pasado del banquillo de los acusados a la ofensiva: tras la filtración de información confidencial realizada por José Julio Neira Hanze, secretario General de la Administración Pública, la contratista exige ahora que la estatal eléctrica entregue su estrategia confidencial de rastreo de fondos y solicita sanciones por mala fe procesal.
La situación legal dio un giro surrealista el 17 de junio de 2026. José Julio Neira, quien integra el Directorio de Celec por Decreto Ejecutivo 409, publicó en su cuenta personal de la red social X un video informativo sobre la “ruta del dinero” del caso Progen.
Lo que parecía una pieza de propaganda gubernamental contenía, en realidad, un Memorando de Estrategia de Rastreo Financiero elaborado por la firma Greenberg Traurig, que representa a Celec en EE.UU..
Los propios abogados de la estatal eléctrica tuvieron que notificar el incidente al juez William Jung, admitiendo que Neira, “sin la autorización, aprobación o conocimiento de los abogados firmantes—publicó un video en su cuenta de X que informaba sobre asuntos contenidos en el Memorando y representaba el Memorando”.
Cada página de ese documento estaba “claramente marcada como ‘Privilegiado y Confidencial – Producto de Trabajo Abogado-Cliente’”.
La filtración no fue menor.
Neira expuso el número de cuenta del Regions Bank, el monto exacto de 14 transferencias desde la cuenta de Progen y la identidad de dos receptores de fondos que no habían sido revelados previamente.
La estrategia de Progen
Progen no ha tardado en capitalizar este error. El 1 de julio de 2026, la defensa de la empresa estadounidense presentó una moción exigiendo que Celec entregue el memorando completo y todas las comunicaciones relacionadas con su estrategia de rastreo de fondos.
El argumento jurídico de Progen es la filtración de Neira: el privilegio abogado-cliente protege la confidencialidad, pero esa protección desaparece cuando el propio cliente divulga voluntariamente el contenido. Según el escrito de Progen, “la divulgación no correspondió a una filtración accidental, sino a una comunicación institucional preparada para respaldar la narrativa del Gobierno ecuatoriano sobre el caso”.
La defensa cita jurisprudencia federal (como el caso United States v. Suarez) para sostener que, una vez que se renuncia al privilegio mediante la difusión pública, este no puede recuperarse. Por ello, solicitan formalmente que la Corte declare que Celec ha renunciado a su derecho de reserva y que “entregue todos los informes y comunicaciones relacionados con la estrategia de rastreo financiero”.
La acusación de “mala Fe procesal“
Progen ha escalado la confrontación acusando a Celec y al Gobierno de Daniel Noboa de utilizar el sistema judicial estadounidense para fines políticos internos.
En su moción, critican duramente las afirmaciones de Neira sobre una supuesta “cooperación internacional” con Estados Unidos bajo la Ley RICO.
Los abogados de la contratista argumentan que Celec está “instrumentalizando” los mecanismos de descubrimiento (discovery) de Florida para alimentar una campaña de desprestigio y persecución penal en Ecuador.
Bajo esta premisa, Progen solicita a la Corte la “imposición de sanciones si la Corte concluye que existió mala fe procesal” por parte de la estatal ecuatoriana.
Alegan que las actuaciones de Neira, como miembro del Directorio, son directamente atribuibles a Celec y constituyen una violación a las órdenes de protección emitidas por el juez.
Riesgo de nulidad
Mientras Progen ataca a Celec, su subcontratista ecuatoriana, Astrobryxa S.A., también ha cercado a la holding estatal.
Astrobryxa exige una compensación de 19,4 millones de euros por un contrato de remodelación de propiedades que perdió en España debido a lo que califica como la “mala prensa” y correos intimidatorios enviados por los abogados de la estatal.
Semanas atrás, la abogada Mónica Luzárraga ha lanzado una advertencia sobre el impacto de las acciones de Neira: “Su irresponsabilidad podría perjudicar la demanda contra Progen. El caso se vicia y Ecuador pierde“.
Luzárraga explica que el Estado llevó el litigio a EE.UU. bajo acuerdos de confidencialidad que ahora han sido trasgredidos por un alto funcionario, lo cual podría llevar a que pruebas vitales sobre el destino de los USD 110 millones sean desestimadas.
Defensa contra las cuerdas
La estrategia de Progen busca ahora frenar lo que denominan el “programa de citaciones” (subpoena program) de Celec. La estatal ha emitido 41 citaciones a terceros, incluyendo bancos, proveedores e incluso empleados de Progen, para rastrear los fondos drenados.
Progen califica esto como una “expedición de pesca sin precedentes” diseñada para paralizar sus operaciones comerciales y alimentar la agenda política en Ecuador.
El Secretario Neira, lejos de retractarse, ha intensificado sus ataques contra los medios de comunicación que reportan estos reveses judiciales, vinculándolos con supuestas conspiraciones criminales.
No obstante, en los tribunales de Florida, la narrativa política carece de peso frente a las reglas procesales federales.
El origen del conflicto
Para comprender la magnitud del litigio legal en la Corte Federal del Distrito Medio de Florida, es imperativo recordar por qué Ecuador litiga en Tampa.
En agosto de 2024, en medio de una crisis energética con apagones de 14 horas, Celec adjudicó a Progen dos contratos de emergencia por 150 MW para las centrales Quevedo I y El Salitral.
El Estado transfirió anticipos por casi USD 110 millones.
Sin embargo, los peritajes técnicos de la firma Taxia confirmaron una estafa mecánica: Progen no entregó equipos nuevos de 2023, sino maquinaria usada de 2008 y 2010, con “aplicación superficial de pintura sobre capa original y óxido” para simular un estado nuevo.
El resultado fue que el avance real en El Salitral sea de apenas el 16,45% y en Quevedo del 13,23%, lo que ha ocasionado que Ecuador no reciba “ni un solo vatio” de energía, mientras que la cuenta bancaria de Progen que recibió los fondos públicos registra hoy un saldo de 0 dólares.
Asi, el panorama para Ecuador es crítico.
Tras pagar USD 110 millones por motores de “chatarra” repintada y enfrentarse a cuentas bancarias vacías en el extranjero, la última esperanza de recuperación de activos depende de la integridad de un proceso judicial que hoy tambalea por el video publicado por José Julio Neira.
Radio Pichincha
LV