La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes continuó el análisis del Proyecto de Ley Reformatoria de los Títulos III y IV del Libro IV, Responsabilidad del Adolescente Infractor, del Código de la Niñez y de la Adolescencia, con la comparecencia de delegados de la Defensoría Pública, del Consejo de la Judicatura y del experto en justicia juvenil Pablo Coloma, quienes presentaron observaciones y propuestas para fortalecer la iniciativa legislativa.
Santiago Valarezo, delegado del Defensor Público, respaldó la necesidad de enfrentar el reclutamiento de adolescentes por estructuras criminales, aunque enfatizó que la reforma debe preservar la naturaleza especializada de la justicia juvenil. En ese contexto, planteó mantener las garantías procesales vigentes, como el límite de 90 días para el internamiento preventivo, evitar la ampliación de los plazos de prescripción e investigación previa e incorporar un mecanismo que permita identificar a adolescentes reclutados, amenazados o instrumentalizados por organizaciones delictivas, con el propósito de activar medidas de protección integral y una respuesta diferenciada. Añadió que el proyecto debe armonizarse con la Constitución y los estándares internacionales, priorizando la protección de derechos y la finalidad socioeducativa del sistema.
Por su parte, Carlos Alomoto, delegado del Consejo de la Judicatura, informó que la institución aprobó el Plan Estratégico de la Función Judicial 2026-2031, orientado a consolidar una justicia abierta, transparente, digital y centrada en la ciudadanía. Destacó que, en materia de justicia juvenil, se impulsa un modelo especializado, imparcial y restaurativo, y recordó que la Resolución 152-2019 fortaleció la especialización de los operadores de justicia, garantizó la imparcialidad de los jueces mediante la separación de fases procesales y estableció la capacitación obligatoria para jueces, fiscales y defensores públicos.
En la misma línea, Pablo León explicó que el Consejo de la Judicatura fortaleció las unidades judiciales especializadas para adolescentes infractores en Quito y Guayaquil mediante un protocolo de atención que prioriza la rehabilitación, la reparación a las víctimas y el respeto de los derechos de los adolescentes. Añadió que el modelo incorpora custodia especializada, filtros de seguridad, reserva de los procesos y el acompañamiento permanente de equipos multidisciplinarios. Asimismo, señaló que el país cuenta con cuatro unidades judiciales especializadas y 44 unidades de familia, mujer, niñez y adolescencia que conocen estos casos, información que constituye un insumo técnico para el tratamiento de la reforma.
Finalmente, el docente y experto en justicia juvenil, Pablo Coloma, advirtió que los centros para adolescentes infractores atraviesan una situación crítica debido al hacinamiento, la infraestructura deficiente, la falta de servicios básicos, la alimentación inadecuada y las limitadas condiciones para garantizar procesos efectivos de rehabilitación. Sostuvo que la reforma debe considerar esta realidad y analizarse conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y del sistema especializado de justicia juvenil. Además, recordó que la especialización de jueces y operadores constituye una garantía derivada del principio de protección integral reconocido por la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, y no un privilegio.
MEV