Un voluntario joven encara a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los sismos del miércoles 24 de junio que sacudieron Venezuela. Con tono firme, les reclama: “Con el respeto que se merecen, pero aquí yo he visto más fusiles que palas”. Hasta el momento, el saldo oficial supera los 1.400 fallecidos.
En otro punto de la misma región, rodeado de escombros de una edificación colapsada, un muchacho increpa a los soldados: “Pa’ echarnos plomo y coñazo, sí. Demuéstrenme su maldad con un pico y una pala”. La escena refleja la creciente molestia popular ante la respuesta castrense a la emergencia.
Un hombre desesperado clama por sus hijos perdidos entre los restos y grita: “¿Dónde están los uniformes?”. Esa interrogante se traslada a las redes sociales, donde abundan las quejas por la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante la crisis.
Las cuentas oficiales intentan contrarrestar las críticas difundiendo imágenes de militares en labores de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró en un mensaje del Ejército: “Nuestra FANB, sus distintos componentes, están en el territorio del estado La Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo. No han dormido ni un minuto desde que hemos tenido el objetivo vital de rescatar a estas personas”.
Fractura histórica
La revolución chavista nació en los cuarteles, cuando Hugo Chávez lideró dos intentos de golpe de Estado en 1992. Desde que asumieron el poder en 1999, los uniformados han ocupado cargos clave en las instituciones, acumulando poder y manejando presupuestos abultados. El primer gran caso de corrupción del chavismo, en 2001, involucró a un oficial del Ejército, y desde entonces los expedientes no han dejado de crecer.
Ningún ámbito burocrático les ha sido ajeno: han controlado desde la industria petrolera hasta el Seguro Social, así como ministerios y oficinas que manejaban dólares e importaciones. Por ello, son señalados como principales responsables de la ineficiencia gubernamental. Sin embargo, la mayor condena surge por su papel en la represión. El régimen enfrenta un proceso ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, mientras organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncian terrorismo de Estado.
La encuesta más reciente de la firma Delphos, presentada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, midió la confianza en las instituciones. Las mejor valoradas (más del 50%) son las universidades y la Iglesia católica; las peor calificadas (menos del 30%) son la FANB, los medios estatales, los partidos políticos y el gobierno nacional. Ante esta reprobación, los ciudadanos en las zonas afectadas y en redes fustigan duramente el desempeño de los militares y del Ejecutivo frente a la peor crisis humanitaria vivida en el país.
Fuente: Infobae