El máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo que permite al gobierno eliminar las protecciones humanitarias temporales que amparaban a inmigrantes haitianos y sirios con residencia legal en el país. Esta determinación allana el camino para posibles deportaciones a partir de este mismo año, según reportaron Reuters y CBS News.
El alcance de la resolución no se limita a estas dos nacionalidades. De acuerdo con The Washington Post, el veredicto podría afectar a cerca de 1,3 millones de inmigrantes provenientes de 17 países que gozaban del Estatus de Protección Temporal (TPS) cuando Donald Trump retomó la presidencia.
La administración ya había iniciado gestiones para revocar las protecciones de 13 de esas naciones, entre las que figuran Haití y Siria, además de otros territorios considerados de alto riesgo por el Departamento de Estado.
Cierre de la vía judicial contra la cancelación del TPS
Tras la llegada de Trump al poder, Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, implementó medidas para derogar las designaciones de TPS para Siria y Haití. La funcionaria argumentó que mantener este estatus iba en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos, indicó Reuters.
Anteriormente, jueces federales en Nueva York y Washington habían bloqueado la cancelación del programa para más de 350.000 haitianos y aproximadamente 6.100 sirios. Sin embargo, el nuevo fallo invierte esas decisiones al sostener que los magistrados carecen de autoridad para revisar las determinaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en materia de terminación del TPS.
Según The Washington Post, el gobierno de Trump defendió que la ley impide cualquier escrutinio judicial sobre las decisiones del secretario de Seguridad Nacional respecto a la designación, extensión o cancelación de dicho estatus. El juez Samuel Alito redactó que el texto legal es “claro” y su alcance es “muy amplio”.
En disidencia, la jueza Elena Kagan, respaldada por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, argumentó que la decisión implica que el gobierno no está obligado a cumplir con los procedimientos establecidos en otras disposiciones legales.
Kagan, citada por The Washington Post, alertó sobre las consecuencias prácticas: “Después de hoy, una secretaria puede anunciar al mundo que no consultó con nadie, más aún, que no evaluó en absoluto las condiciones del país antes de decidir, extender o terminar una designación de TPS. Los tribunales no tendrán poder para intervenir, a pesar de que el Congreso dotó a la ley del TPS de requisitos sobre la forma (completamente diferente) en que la Secretaria debe tomar su decisión”.
El dictamen también restringe futuras impugnaciones sobre otras revocaciones del mismo estatus. La resolución limita la capacidad de los inmigrantes y de las organizaciones que los representan para demandar al gobierno por supuestas violaciones de la ley federal al cancelar el programa, precisó CBS News.
Contradicciones entre el fallo y las advertencias oficiales
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger de la deportación a personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias. Este estatus permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por períodos de hasta 18 meses. Para acceder a él, se exige no tener antecedentes penales graves, pagar tasas y superar controles de seguridad, detalló The Washington Post.
Más de 353.000 haitianos recibieron esta protección. Haití fue incorporado al programa en 2010, tras el terremoto de magnitud 7.0, y su designación se extendió posteriormente a quienes llegaron más tarde, en un contexto agravado por el asesinato de su presidente en 2021 y la escalada de violencia de las pandillas.
Siria ingresó al programa en 2012, en medio de la represión del régimen de Bashar al-Assad. En septiembre, la entonces secretaria Noem puso fin al TPS para algo más de 6.000 sirios, argumentando que, tras la caída del régimen de Assad en 2024 y con una guerra civil reducida a episodios “esporádicos” e “aislados”, podían retornar a su país.
Los demandantes replicaron que el gobierno no siguió los pasos exigidos por la ley y señalaron que el Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses no viajar ni a Haití ni a Siria debido a riesgos de terrorismo, secuestro y conflicto armado. Esas alertas, recogidas por The Washington Post, incluso recomendaban establecer protocolos de “prueba de vida” en caso de toma de rehenes.
Mayoría descartó evidencia suficiente de sesgo racial
Según CBS News y The Washington Post, el tribunal rechazó el argumento de los demandantes haitianos de que la cancelación de su TPS estuvo motivada por prejuicios raciales. Como prueba, los demandantes citaron las declaraciones de Trump sobre residentes haitianos en Springfield, Ohio, a quienes acusó de matar y comerse las mascotas de sus vecinos, además de su frase sobre inmigrantes que estarían “envenenando la sangre” del país.
Alito escribió que esos comentarios no demostraban que la decisión del gobierno hubiera estado impulsada por la raza. La mayoría concluyó que las justificaciones de la administración eran neutrales en ese punto y reflejaban una “evidente antipatía” hacia cómo gobiernos anteriores habían aplicado el TPS.
El magistrado reconoció el tono de esas expresiones públicas, pero sostuvo: “Independientemente de lo que se piense de las declaraciones citadas, son insuficientes para demostrar que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití se basó en la raza del pueblo haitiano”.
Por su parte, Kagan, citada por Reuters, arremetió con dureza: “Las referencias a la suciedad, la enfermedad y el primitivismo están plagadas de estereotipos y clichés raciales. Es difícil imaginar que se hagan declaraciones similares sobre cualquier comunidad blanca hoy en día”.
A su vez, agregó: “Las declaraciones, tanto por sus connotaciones raciales implícitas como explícitas, dejan claro que la raza influyó en la decisión del Presidente de expulsar a los haitianos de este país”.
El fallo representa un triunfo para la agenda de Trump de restringir tanto la inmigración irregular como las vías legales de permanencia. Ese mismo jueves, la Corte también determinó que los migrantes del lado mexicano de la frontera sur no tienen derecho a solicitar asilo.
La Casa Blanca celebró la decisión del Tribunal Supremo a través de su portavoz, Abigail Jackson, citada por CBS News: “Nunca se concibió como una vía para obtener la residencia permanente o legal y su decisión queda a discreción del Secretario de Seguridad Nacional. La administración Trump continúa poniendo fin, dentro del marco legal, a los graves abusos contra nuestro sistema de inmigración que han perjudicado a los estadounidenses durante años”.
Fuente: Infobae