Una magistrada federal en Boston emitió una prohibición permanente contra el presidente Donald Trump para que no implemente la exigencia de prueba de ciudadanía documental al momento de votar, un requisito que formaba parte de su primera orden ejecutiva en materia electoral. Este dictamen consolida el criterio de que la Constitución de Estados Unidos reserva a los estados y al Congreso la facultad de regular los procesos electorales, sin otorgar poderes específicos al mandatario en ese ámbito.
De acuerdo con información de Associated Press, la resolución convierte en definitiva una medida cautelar que ya había suspendido temporalmente la mayoría de esos cambios desde hace un año. La jueza federal Denise Casper, del tribunal de distrito de Estados Unidos en Massachusetts, desestimó el argumento del gobierno de que la demanda presentada por fiscales generales demócratas de varios estados era prematura, al sostener que las normas aún no habían entrado en vigor.
Casper coincidió plenamente con los demandantes al señalar que los requisitos promovidos por Trump vulneraban el principio de separación de poderes. En su fallo, la magistrada subrayó que la Constitución “no concede al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”.
¿Qué proponía exactamente la administración Trump?
Según Reuters, la Casa Blanca buscaba que todas las personas que desearan inscribirse para votar en comicios federales presentaran pruebas de ciudadanía estadounidense, como un pasaporte vigente o un acta de nacimiento, y que este trámite se realizara de forma presencial.
El presidente argumentaba que la participación de votantes no ciudadanos podría perjudicar a los candidatos republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, donde está en juego el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.
Sin embargo, múltiples estudios independientes y revisiones estatales coinciden en que el sufragio de personas no ciudadanas es extremadamente inusual en Estados Unidos. Especialistas advierten que esta medida podría afectar desproporcionadamente a sectores que suelen apoyar al Partido Republicano, como mujeres casadas y habitantes de zonas rurales, según reportó Reuters.
Además, la orden ejecutiva firmada por Trump pretendía impedir el conteo de votos por correo que lleguen después del día de la elección, incluso si llevaban matasellos de esa fecha, y retener fondos federales a aquellos estados que no acataran las nuevas reglas, de acuerdo con Associated Press.
El fallo se suma a una ola de reveses judiciales
La decisión de Casper representa el más reciente tropiezo legal para la iniciativa de Trump. El año pasado, un juez federal en Washington que analizaba una impugnación separada, presentada por grupos de derechos civiles y organizaciones afines al Partido Demócrata, bloqueó al gobierno para que no avanzara con la inclusión del requisito de prueba de ciudadanía en el formulario federal de inscripción de votantes.
Posteriormente, ese mismo magistrado también prohibió al secretario de Defensa exigir prueba documental de ciudadanía a los miembros de las fuerzas armadas que desearan registrarse para votar o solicitar boletas electorales.
Mientras tanto, Trump firmó una segunda orden ejecutiva sobre elecciones, con la que pretende crear una lista nacional de votantes y limitar el voto por correo. Esta medida ya enfrenta múltiples impugnaciones en los tribunales.
En paralelo, el presidente impulsa la aprobación legislativa del requisito de ciudadanía. El proyecto SAVE America Act fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero permanece estancado en el Senado. Ese freno llevó a Trump a defender la eliminación del filibusterismo legislativo, una maniobra que permitiría el avance de la iniciativa, según informó Associated Press.
Este miércoles, además, canceló de forma abrupta la firma prevista de un proyecto bipartidista sobre vivienda y advirtió que no rubricará ninguna legislación hasta que el Congreso apruebe su exigencia de prueba de ciudadanía para votar.
Fuente: Infobae